La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que un proyecto de ley en Perú que aumentará las penas para los delitos de difamación y calumnia es un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información.
El Congreso podría aprobar la próxima semana el proyecto de ley 2862, conocido como «ley mordaza». Este incrementa las sanciones de cárcel por delitos de difamación y calumnia a cinco años y las multas a entre 90 y 120 días cuando se trate de la utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios públicos. También impone indemnización económica a favor de la víctima. La semana pasada el Congreso aprobó la iniciativa legal en primera votación.
El proyecto de ley fue criticado por la SIP en su informe sobre el Perú, durante la reunión semestral de abril. La organización también pidió archivar el proyecto en cartas enviadas a las autoridades del Congreso sobre iniciativas legales que limitan la expresión libre y el trabajo de la prensa.
Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, dijo que la iniciativa «contradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal».
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, expresó preocupación por «el efecto negativo que tendría el aumento de la pena de cárcel en contra del ejercicio del periodismo y la investigación periodística y por sus consecuencias en el derecho del público a la información».
En 2014, ante un pedido de la SIP que envió una delegación internacional a Lima, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces a ser más cuidadosos al admitir demandas contra periodistas cuando tuvieran la intención de generar autocensura. Por entonces, la SIP había advertido sobre la «industrialización de las demandas» por parte de funcionarios para evitar que el periodismo siguiera destapando casos de corrupción pública.
Desde hace décadas y a través de su Proyecto Chapultepec, la SIP viene impulsado medidas para descriminalizar los delitos de difamación en contra de periodistas, promovidos por funcionarios públicos en casos de interés público. Entre los países de las Américas que han despenalizado la difamación figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay.
En consonancia con la jurisprudencia interamericana, la Declaración de Salta establece en su artículo 3: «Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad».
