Mañana: Masiva marcha contra decretos saqueadores del Perú

Los peruanos le dirán alto al presidente García y a sus entreguistas  decretos de urgencia 001 y 002. La concretación será en la Plaza dos de Mayo. Miles de azucareros se unen a la lucha.

Las principales organizaciones de trabajadores del Perú se movilizarán mañana en demanda de la derogación total, completa y sin ambages, de los decretos de urgencia 001 y 002 que entregan en concesión y rematan más de 30 importantes proyectos de infraestructura, confirmó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán.

En conferencia en la sede de la CGTP, el dirigente sindical agregó también que los controvertidos decretos dejan de lado el derecho de consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el estado peruano y que tiene efectos vinculantes.

“Prácticamente lo que buscan es privatizar todo lo que resta de los activos nacionales del Perú. Y eso, en manos de Alan García, es favorecer, en la práctica, los intereses de las transnacionales y continuar, de hecho, con los consabidos faenones de las megacoimas y la corrupción generalizada del régimen alanista”, puntualizó.

En cuanto a los detalles de la movilización gremial, el dirigente sindical especificó que se iniciará el 9 de febrero, con una concentración popular en la emblemática Plaza Dos de Mayo, a las 10:30 a.m. y una marcha “en defensa de la soberanía nacional, contra la subasta de los últimos activos del país y la corrupción”, remarcó.

Demandas
El secretario general de la CGTP detalló que la marcha exigirá en primer término la derogación de los decretos de urgencia 001 y 002, que incluyen la entrega en concesión de una serie de activos del país como, por ejemplo, el Muelle Norte del puerto del Callao.

Del mismo modo, la cancelación del Decreto Legislativo 1031 que pretende privatizar Sedapal ofreciendo el 100% de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, y la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Gestión de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), de similares objetivos privatizadores.

Argumentó que para todo ello se exige, del Parlamento en funciones, una resolución efectiva de control político, frente a la subasta del resto del patrimonio nacional que se pretende perpetrar.

Demandas azucareras
A su turno, el secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros del Perú, Edwin Salazar, exigió al Parlamento la insistencia de la autógrafa del proyecto de Ley 4363, que amplía el plazo de la norma de Protección Patrimonial, el cual fue observado LA PRIMERA semana de enero por el presidente, Alan García, e informó que miles de azucareros participarán en la manifestación.

“Detrás de este retroceso, en el Ejecutivo, está la ´mano negra´ del ministro de Economía, Ismael Benavides, quien es el más interesado en cobrarse las deudas que tienen las azucareras con su banco Interbank”, alertó.

Tras ratificar la participación de su sindicato en la gran marcha del 9 de febrero, Salazar informó que más de 20 mil agremiados confluirán en la capital, desde diversos puntos de la costa peruana.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Sergio Solórzano, informó que los trabajadores de esa empresa paralizarán sus labores mañana para marchar al Congreso contra la pretensión gubernamental de privatizar a Sedapal y otros entes estatales.

Por qué deben derogarse
Los cuestionados decretos de urgencia 001 y 002, que pretenden entregar “en concesión” 33 proyectos de infraestructura, contienen quince defectos que derivan en su nulidad de hecho y de derecho y su derogación inmediata, advirtió el excongresista y representante del Foro Soberanía Energética, Manuel Dammert. En declaraciones a LA PRIMERA, Dammert refirió que algunas de estas nulidades tienen que ver con asuntos de forma, en relación con aspectos constitucionales. Pero también –anotó- existen temas de fondo, en los que –por ejemplo- el gobierno pretende subvaluar activos públicos, al cambiar las atribuciones de los organismos del Estado, a través de normas que no corresponden.

“Así, hay implicadas varias cofinanciaciones del Estado, por un valor superior a los 15 mil millones de dólares, sin ninguna atribución (legal) para poder emitirlas”, especificó.

En ese sentido, el exparlamentario calificó de “maniobra” la intención del jefe de Estado de revisar y, eventualmente derogar, los dispositivos que atenten o colisionen con los estudios de impacto ambiental.

“Por ello, los dos decretos de urgencia, en su conjunto, deben ser derogados en su totalidad. Los 33 proyectos que hay allí prestos a ser ´concesionados´ son para hacer un gran ´faenón´ corrupto, en contra de los intereses nacionales”, enfatizó.

Javier Soto
Redacción, La Primera, 08.02.2011