Por Hernán de la Cruz Enciso (*)
Algunos hechos delictuosos ocurridos en los últimos tiempos en Apurímac no pueden perderse de vista. El primer caso es el problema de Chacña (Aymaraes), donde incendiaron un bosque, quemaron una camioneta de unos compradores de minerales, intentaron volar con explosivos el municipio y cortaron el cable de metal que servía para que los comuneros de Chacña trasladen sus minerales desde la mina hasta la carretera (Chacña tiene alrededor de 300 comuneros; de ellos 140 son mineros).
En el caso del municipio se encuentra denunciado el ciudadano Melitón Contreras Prada. Según Manuel Fajardo, abogado de Abimael Guzmán y fundador del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), Melitón Contreras es militante de esta organización (http://culturales1demayo.blogspot.pe/2011/07/entrevista-dr-manuel-fajardo-secretario.html).
La versión de Fajardo se completa con la carta y firmas en apoyo al MOVADEF (https://movamnsitiayderfundamentales.blogspot.pe/2012/01/carta-y-firmas-en-apoyo-la-inscripcion.html?m=1). Podemos encontrar más datos en la tesis de Esteban Valle Riestra Padró, de la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Movadef, el pensamiento Gonzalo y la reaparición de Sendero Luminoso: 1992-2012”. El segundo caso ocurrió el 14 de mayo en el distrito de Micaela Bastidas (Grau), donde incendiaron una planta de beneficio que trabaja formalmente.
Ayuda memoria de los hechos de Chacña
11 de abril 2017: Detonaron explosivos en la municipalidad de San Juan de Chacña. Según documentos que obran en manos de la fiscalía, el presunto autor de la detonación sería el ciudadano Melitón Contreras Prada (adjuntamos Denuncia Contreras). El tenor literal de la denuncia por la comisión del delito de terrorismo es la siguiente: “9no. Que, resulta que para la madrugada del día sábado 11 de marzo del 2017, (1.45 am), el denunciado Melitón Contreras Prada, acompañado de 03 persona extraña, se escapaban por el sector yura yurac, hacia el puente de Chacña, donde le esperaba una camioneta de color azul oscuro con luces apagadas, de propiedad del hijo de Santos Cruz Alzamora, Comunero de sector de Pampatama del Distrito de Tintay, quienes se escapaban raudamente hacia el sector del distrito de Tintay–Pampatama, ya que minutos antes los pobladores de Lucre escucharon 02 explosiones de dinamita o similar, provocando un estado de terror en la población”.
14 de marzo 2017: Después del atentado al municipio de Chacña, en vez de pedir una rápida investigación y proteger a los mineros artesanales, el vicegobernador de Apurímac, Alejandro Huaraca, ordenó a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) que paralice inmediatamente las actividades de los mineros artesanales. La Asociación de Mineros Artesanales y Productores Agropecuarios de Chacña interpuso recurso administrativo de apelación contra la resolución directoral de la DREM (adjuntamos Apelación), con lo que el caso pasó a segunda instancia; es decir al Consejo de Minería, con sede en Lima. Mientras se pronuncie el Consejo de Minería, la sanción no tiene efecto, por lo que los mineros artesanales pueden producir, transportar y comercializar su mineral sin entorpecimiento de ningún tipo.
11 de abril: Los seguidores de Melitón Contreras queman la camioneta de unos compradores de minerales en la entrada de la mina de Chacña. (Adjunto Camioneta Quemada).
19 de mayo 2017: Ese día los mineros artesanales trasladaban su mineral de Chacña a Nasca, pero fueron atacados por presuntos seguidores de Melitón Contreras (adjunto Ataque Volquete). El fiscal José Vera Farfán, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes, en vez de dejar pasar el mineral (cuya procedencia es legal y cuenta con todos los documentos de transporte) ordenó la incautación de la carga. El problema no termina allí. En vez de trasladarla a la DREM, la dejó en la plaza de Chacña. El fiscal sería denunciado por abuso de autoridad.
Un segundo caso
11 de abril 2017: El Frente de Defensa de Grau se reúne en Vilcabamba donde acuerda emprender un paro contra la planta de Usayma. Una de las partes del acta dice lo siguiente: “…enseguida el señor Alejandrino Chipana se dirigió a la población, que miedo no hay, si hay personas coludidos con la planta hay que matarlos…”. (Adjuntamos Acta 2). Los comuneros fueron coaccionados para que participen en el paro (los documentos se encuentran en manos de las autoridades).
Dos paros en uno: Para los días 24 y 25 de abril el SUTEP CONARE de Apurímac convoca un paro regional. Coincidentemente, para esos mismos días, el Frente de Defensa de Grau convoca un paro provincial en Vilcabamba. Dentro de la plataforma de lucha ponen como objetivo central el cierre de la planta de beneficio de Usayma (Ayrihuanca) de propiedad de la empresa Santa María Elena Perú SAC. Esta pequeña planta opera dentro del marco del Decreto Legislativo 1105. El argumento: supuesta contaminación e ilegalidad.
24 de abril: En la tarde los manifestantes de Vilcabamba (entre ellos varios profesores pertenecientes a SUTEP CONARE, según denuncia registrada en la fiscalía) incendian la planta de Usayma en presencia de la policía. Quedan en cenizas los ambientes de administración y tres vehículos y la estructura de la planta. Como en el caso de Chacña, un grupo de manifestantes incendia los bosques circundantes de la planta, también en presencia de la policía. (Adjuntamos Incendio Usayma). En el acto también participaron algunos precandidatos a las alcaldías de Grau.
28 de abril: La planta de Usayma presenta ante la prensa regional sus documentos.
1) La planta “Usayma” no tiene mina propia. Solo da servicio de procesamiento de minerales de cobre a mineros artesanales de Grau y Cotabambas. Esta planta ha iniciado un proceso de formalización de sus actividades al amparo de lo dispuesto en los Decretos Legislativos 1105, 1293 y 1336, así como normas conexas y complementarias, referidos a las disposiciones para el Proceso de Formalización de las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.
2) Conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo 1105, la Empresa Minera Santa María SAC presentó con fecha 25 de noviembre del 2012 su Declaración de Compromisos (adjunto Declaración de Compromiso) ante la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Apurímac, signada con número de Registro 4358830, contando con inscripción vigente en el Registro de Saneamiento del Ministerio de Energía y Minas bajo el código 110001046, relacionados a las actividades de su planta de beneficio de minerales denominada “Usayma”.
3) El Régimen Excepcional instaurado por el Decreto Legislativo 1105 permite a quienes se hayan acogido al mismo, regularizar sus actividades en curso, comprendiéndose dentro de los aspectos a ser regularizados, tanto los propiamente mineros, como los vinculados a los aspectos ambientales, de seguridad, salud ocupacional, arqueológicos, entre otros.
4) A la fecha, la Empresa Minera Santa María SAC aún se encuentra siguiendo los pasos del proceso de formalización establecidos en el Decreto Legislativo 1105 y los recientes Decretos Legislativos 1293 y 1336, vale decir que aún no se ha culminado dicho proceso, pero sí registrado significativos avances, siendo que ya se han obtenido las siguientes autorizaciones: a). Autorización del propietario del terreno superficial: lo cual consta mediante Escritura Pública de fecha 05/02/2013, extendida ante Notario de Abancay, Cirilo Segundo Aparicio Galindo. b) Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC), aprobado por la DREM Apurímac mediante Resolución Directoral N° 049-2015-DREM-GR.APURIMAC, de fecha 26 de mayo del año 2015. Conforme al Art. 2° de la referida Resolución Directoral, se ha otorgado un plazo de tres años a la Empresa Minera Santa María SAC para la culminación de todas las medidas correctivas establecidas en el IGAC, plazo que se computa desde la fecha de emisión de la indicada Resolución Directoral, siendo que en consecuencia dicho plazo vence el 26 de mayo del año 2018. (Se adjunta IGAC). c) En conclusión, después de varios monitoreos ambientales, la planta ha demostrado que no contamina. Hubo una denuncia sobre el goteo de algunos kilos de concentrado de cobre (no fue como consecuencia de un despiste, como se dijo) entre la planta “Usayma” y el pueblo de Vilcabamba. Al respecto, la Empresa Minera Santa María SAC no tuvo responsabilidad alguna, puesto que ni el concentrado de cobre ni el volquete en el cual este era trasladado son de su propiedad, como ha quedado plenamente acreditado en la Disposición Fiscal N° 04 del 13 de enero del 2017, emitida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Apurímac, en el marco de las investigaciones por la denuncia por la presunta comisión del delito de Contaminación Ambiental.
19 de mayo de 2017: Se produce la mesa técnica de diálogo en el gobierno regional entre el vicepresidente Alejandro Huaraca y el Frente de Defensa de Grau. A esta reunión no solo acuden los dirigentes de Grau (entre ellos el profesor Waldo Valenzuela, en algún momento investigado por su supuesta pertenencia a Sendero Luminoso) sino también Melitón Contreras (del MOVADEF), tal y como quedó registrado en las cámaras del gobierno regional, aunque al final este último no ingresó porque no estaba en la lista de participantes… Como en el caso de Chacña, en este caso se pretende forzar la ilegal paralización de la planta de beneficio con la ayuda del vicegobernador Alejandro Huaraca, que ya habría ordenado a la DREM emitir una resolución (Adjuntamos Acta Huaraca). O sea, generan desorden con la población, para luego con la ayuda del vicegobernador pretender paralizar la actividad minera.
Conclusión
¿Qué vínculos existen entre los incendios de Chacña y Grau? ¿Qué relación existe entre los dirigentes de ambos lugares? Es un asunto que compete investigar a las autoridades porque las modalidades coinciden y los dirigentes también (son de MOVADEF y CONARE): en ambos casos atacan las actividades económicas de los comuneros mineros; se mimetizan con el nombre de organizaciones ambientalistas; queman las herramientas de los mineros y los bosques y atacan con injurias a los dirigentes de los gremios en radios y asambleas. En todos los casos, las autoridades no actúan de acuerdo a ley (ni la policía ni la fiscalía), o simplemente se sienten arrinconadas, o actúan como aliadas, como en el caso del vicegobernador Alejandro Huaraca.
(*) Escritor y periodista.
