Niña Romina y la incapacidad de Castañeda Lossio y el Gobierno

El caso de la niña Romina Cornejo, que a sus tres años queda cuadrapléjica; así como el del taxista violador no habido, son sólo unos de los casos que preocupan a Lima y a todo el país, pues la capital no es el único punto donde el hampa actúa impunemente, sino todas las regiones.

El alcalde Luis Castañeda Lossio aseguró que el registro obligatorio de taxistas contribuiría a la de la ciudadanía, porque sólo los taxistas inscritos podrán brindar el servicio, pero sólo le ha servido para esquilmar a los taxistas cobrándoles por un registro inútil, que además les hace perder el tiempo en trámites y los hace pasar por exámenes médicos cuestionados.

El registro omite el punto más importante, que es otorgar la credencial sólo a taxistas sin antecedentes penales, por lo que asaltantes, violadores o secuestradores no tienen ningún problema en trabajar como taxistas.

Ese registro debe ser mejorado y debería estipular que los taxistas presenten su certificado de no tener antecedentes penales. Si bien es cierto que se debe apoyar la reinserción de los delincuentes peligrosos, hay actividades que les deberían ser impedidas, como el realizar servicios de taxi, por la seguridad de la población. ¿Qué padre de familia permitiría que su hija suba a un taxi conducido por un violador o un secuestrador, por más que haya cumplido su condena?

Octavio Salazar

Además, la policía y la municipalidad fallan permitiendo que taxistas no registrados realicen el servicio, lo cual evidencia una grave falta de coordinación entre la municipalidad y el ministerio del Interior, cuyo titular, Octavio Salazar, declaró estos días, recién en el quinto año de gobierno de García, que va a coordinar acciones con las municipalidades. ¿Recién se da cuenta de que es necesario coordinar? Esto también demuestra una grave pasividad de Castañeda, quien tranquilamente espera sentado a ser visitado por las autoridades del ministerio del Interior mientras la delincuencia flagela a Lima.

Además de un registro para choferes sin antecedentes de peligrosidad, siendo Lima una ciudad de nueve millones de personas, y dado el escaso número de policías, debería establecerse incentivos pecuniarios a las personas que denuncien a estos taxistas informales para detectarlos más rápidamente. Para mayor seguridad de los pasajeros, los taxistas formales deberían colocar de forma obligatoria, en un lugar visible del interior del vehículo, su fotografía junto con el número de su DNI.

Control del interior de los vehículos

El número de asaltos, violaciones y hasta crímenes, no sólo contra peruanos, sino contra turistas, se ha incrementado; sin embargo, no se actúa para controlar a los taxistas, control que convendría a los taxistas informales honestos, que deberían comprender que es necesaria su formalización.

Estos controles esporádicos deberían comprender la revisión completa de los taxis, incluyendo la maletera. De seguro se incautarán armas blancas y de fuego, así como somníferos en spray y otros productos para dormir a los pasajeros y asaltarlos o violarlos, acción que tendría el beneficio de ser disuasiva, pues los delincuentes se cuidarían de portar estas herramientas del delito. Por ahora los delincuentes circulan felices sabiendo que no se realizan estas operaciones de manera inopinada.

Las revisiones sorpresivas podrían encontrarse con la complicidad del pasajero, que puede querer colaborar con el taxista no autorizado para no perder tiempo. Por ejemplo, si un policía hace señales para parar a un taxista para revisar su documentación, si éste no cuenta con su credencial, podría pedirle al pasajero (con el DNI del taxista en la mano) que diga que es su familiar o su amigo, para lo cual la autoridad debería interrogar por separado al pasajero pidiéndole nombre, domicilio y desde cuándo conoce al taxista, para saber si miente, y si es así, el pasajero debería también ser sancionado. El falso taxista también le podría pedir que se agache para simular que hay un conductor solo, ante lo cual la policía también debería intervenir para sancionar tanto al taxista como al pasajero.

Esas acciones deberían también ser apoyadas con la participación de policías encubiertos que simulen ser pasajeros, para que detecten a taxistas no autorizados.

Alan García

Recién en el cuarto año de gobierno el Presidente de la República admite su fracaso en seguridad ciudadana y anunció en su mensaje de Fiestas Patrias acciones orientadas a combatir ese mal.

Esperemos que no sean otras promesas más que nunca cumplió. Pero nunca es tarde. ¿A quién beneficia mantener altos índices de delincuencia? Si el presidente García dice que quiere atraer las inversiones, ¿por qué no nos entrega ciudades seguras, siendo la seguridad uno de los factores que los inversionistas toman en cuenta? Además, si buscamos el desarrollo, económico, esta inacción favorece a la industria del crimen, no al desarrollo de empresas decentes, las cuales, al igual que las personas, afectan sus ingresos pagando por servicios de serenazgo y vigilantes particulares sin que esas medidas sean una garantía.

La Fiscalía

En el caso de la pequeña Romina, se supo que uno de los delincuentes purgó prisión por matar a un cambista el año pasado. No obstante, se desconoce si la fiscalía investiga los presuntos delitos de funcionarios detrás de la puesta en libertad del homicida.

¿Castañeda busca eliminar a los taxistas para dar paso sólo a empresas de taxi?

A raíz de la norma promovida por Castañeda, que busca castigar a las empresas de transporte por las infracciones individuales de los conductores, surgieron rumores y dudas que indicarían el intento de asfixiar a los choferes a favor de empresas privadas de transporte, lo cual podría suceder también con los taxis.

Así, la inacción de Castañeda, que no colaborar en la lucha contra el delito por parte de falsos taxistas, lo cual mantiene en temor de la ciudadanía, bien podría ser una macabra maniobra para pretender promulgar una disposición que autorice el servicio de taxi sólo a empresas privadas. Viendo tanta incapacidad, que ya resulta sospechosa, no podría descartarse que hubiera algo de cierto en estas versiones, después de tantos escándalos nada sorprendería.

Sin duda, Castañeda Lossio se despide de dos periodos seguidos ostentando el título de alcalde, pero lo que nos deja es caos en el transporte, desorden y una grave insegurida ciudadana, campos en los que su antecesor Alberto Andrade había hecho grandes progresos.

Mejora de sueldos

La mayoría de los policías, ante la falta de un sueldo adecuado, realizar turnos fuera de su trabajo custodiando empresas privadas. Con ello sólo tenemos personal cansado que puede cometer muchos errores. El policía debe ser bien remunerado y debería tener un solo trabajo. Las empresas privadas deberían contratar personal privado, no policías.

Militares

Se han lanzado propuestas para que los militares colaboren con la seguridad ciudadana. Si estamos en tiempo de paz, no de guerra, los soldados deberían ser capacitados para brindar seguridad ciudadana donde la policía no llega o es escasa. Principalmente, en zonas rurales y en carreteras, donde el crimen se ha incrementado.

Cárceles

Por último, se debe agilizar la construcción de más establecimientos penales. Por cierto, es responsabilidad del ministerio de Justicia. ¿Por qué no se construyen cárceles en zonas de frontera, en lugar de insistir en las saturadas ciudades, desde donde los avezados delincuentes dirigen a sus bandas? Los delincuentes peligrosos deberían ser recluidos en el lugar más lejano de su centro de operaciones.