Por APARENTE negligencia y renuncia de sus funciones por parte de sus directivos, una de los cuáles, María Farah Wong Abad, asesora de la presidenta Patricia Benavente Donayre, estaría incursa en conflicto de intereses.
VÍCTOR ALVARADO
Las arcas del Estado están a punto de ser objeto de un cobro injusto, léase de un verdadero “asalto legal”, por un monto ascendente a los US$ 17´250.003.91 millones, en todos los casos por negligencia y renuncia de sus deberes por parte de los directivos de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), al que pertenece el primero en calidad de organismo descentralizado y. por tanto, objeto de fiscalización, que en este caso no se habría producido.
Los casos se refieren: 1) al contrato de supervisión de la concesión de construcción de la autopista Trujillo-Sullana a cargo del consorcio constructor Vías del Sol, donde el Consorcio Supervisor de la Autopista del Sol pretende un cobro de más de 3´650,000 millones de dólares; 2) supervisión de la obras de la Concesión del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Tramo 3: Puente Inambari ? Iñapari”, donde la supervisora CESEL presiona por un cobro de U.S.$ 7’956,597.15 millones por supuestos rubros no considerados u omitidos por OSITRAN.
Y, 3) la supervisión de la concesión de las obras del Tren Eléctrico de Lima (Tramo Estación Miguel Grau-Estación San Juan de Lurigancho), donde la misma supervisora CESEL, asociada con la firma Pyry, obtuvo autorización de pago por US$ 5´650,436.76 millones, por parte del expresidente Oswaldo Plasencia, que la firmó el mismo día de su renuncia, a pesar de que el asesor legal en un informe contundente determinó la improcedencia del pago.
VÍAS DEL SOL
El primero de ellos está referido a la concesión de la buena pro a la empresa Consorcio Vías del Sol, hecha en el 2009, para la construcción, mantenimiento y operación por 25 años de la construcción del tramo de la Panamericana Norte de 475 kilómetros de la carretera Trujillo (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque) y Sullana (Piura), mediante una inversión de 365 millones de dólares, cuyo contrato de supervisión de la construcción fue otorgada a Consorcio Supervisor de la Autopista del Sol- CSAS, por el valor del 3.6 del monto del contrato.
Las obras desde la fecha de la entrega de la concesión en el 2009, así como el trabajo de supervisión a cargo del CSAS, han transcurrido normalmente, hasta fines del 2012 en que se paralizaron las obras de construcción de la vía, porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no cumplió con culminar los trámites de expropiación de los terrenos porque debía discurrir el tramo de la carretera, permaneciendo en esa condición hasta la fecha.
Esta interrupción de las obras debió dar lugar, por parte de OSITRAN, a la suspensión de la supervisión que desarrollaba el CSAS, para lo cual -según especialistas consultados que prefirieron mantener en reserva su identidad-, debieron aplicar la cláusula 10.4 del contrato de concesión entre OSITRAN Y CSAS, que permite la suspensión del contrato por causa válida, así como el artículo 1315 del Código Civil, que autoriza la suspensión por razones de fuerza mayor.
Pero, los gerentes legal, Jean Paul Calle Casusol; administración y finanzas, Mariela Álvarez Muñoz; gerente de supervisión (e) Francisco Jaramillo Tarazona, con los vistos buenos de la presidenta de OSITRAN, Patricia Benavente Donayre y su asesora de la presidencia, María Farah Wong Abad, optaron en enero del 2013 por una alternativa diferente, elaborar un proyecto de addenda, que no está considerado en el contrato de concesión, para acordar una suspensión del trabajo de la supervisora CSAS.
Pero, el proyecto de addenda durmió el sueño de justos y al cabo de ocho meses, en setiembre, resuelven reactivarlo a raíz del reclamo de CSAS para que se le pague por el trabajo de supervisión de enero a setiembre por un monto de US$ 3´650,000 millones, a pesar de que en este lapso no efectuó supervisión alguna, porque como queda dicho se produjo la suspensión de la construcción de la carretera.
Al no haber hecho uso de los instrumentos legales para suspender la supervisión por irresponsabilidad de los funcionarios, OSITRAN será ejecutada legalmente para que cumpla con pagar la citada abultada cifra. No tendría otra salida.
INTEROCEÁNICA DEL SUR
El segundo caso guarda relación con el reclamo de la supervisora CESEL, a cargo de la “Supervisión de los Estudios y Obras del Corredor Vial Interoceánico del Sur Perú ? Brasil” (Tramo 3: Puente Inambari ? Iñapari”), cuyas obras están a cargo de la Concesionaria Interoceánica Sur ? Tramo 3 S.A.; para que OSITRAN le pague a la supervisora la suma de US$ 7´956,597.15 millones por concepto de pagos por rubros no considerados o considerados indebidamente por OSITRAN.
Aquí todo parece normal, pero sucede que habría de por medio un grave conflicto de intereses, porque la supervisora CESEL tiene como firmante de la demanda contra OSITRAN y el MTC al abogado Juan Carlos Morón Urbina, nada menos que esposo de la asesora de la presidencia de OSITRAN, identificada como María Farah Wong Abad, que es la que normalmente da el visto bueno para que la presidente, Patricia Benavente Donayre tome cartas en el asunto. ¿Esto es o no un tráfico de influencias?
TREN ELÉCTRICO
El tercer caso, el más escandaloso, y en el que OSITRAN no hizo nada por impedir su consumación. Se refiere a la autorización hecha el 26 de julio pasado por el expresidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AUTE), Oswaldo Plasencia, para que se le pague a la supervisora CESEL S.A. (la misma del caso de conflicto de intereses) asociada a Poyry, la suma de US$ 5’650,650.436 millones, por la supervisión de las obras de construcción del viaducto del Tren Eléctrico, de 12 kilómetros de extensión que unirá la Estación Miguel Grau (Cercado de Lima) y la Estación Bayóvar (San Juan de Lurigancho).
Pero, resulta que el expresidente de la AATE firmó la autorización en el último día de sus funciones en el cargo y a horas de ser reemplazado por el nuevo titular, el ingeniero Waldo Carreño y en contra de la opinión de la asesora legal, María Martínez Oviedo y sin la autorización de la Contraloría General de la República, como lo ordena la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado para este tipo de casos. La supervisora pedía ese pago porque el presupuesto de construcción de la obra había aumentado en un 15% y reclamaba el derecho de que también le correspondía un aumento por el monto que ahora reclama.
Plasencia, para liberarse de la opinión legal de la asesora Martínez Oviedo, aprovechó que ella se encontraba de licencia para designar en su reemplazo al abogado Erick Miranda Carnero, quien elaboró la resolución que aprobó el pago. Un “asalto” perfecto a las arcas del Estado ¿Qué ha hecho OSITRAN para resolver estos entuertos al parecer de corte delictivo? ¿Qué ha hecho el contralor Fuad Khoury para zanjar los citados casos de conflictos de intereses que afectan al organismo regulador?
Pedimos un descargo de estos hechos a la presidenta de Ositrán, Patriocia Benavente, a través de su asistente, María Pía Alarcón, realizadas a las 5.30 y 5.45 de este lunes, y la respuesta fue que la harían de todos modos más adelante.
La Razón, Lima 01-10-13
