Hace unos días, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento aprobó con 12 votos a favor y 1 en contra el dictamen que propone modificar la APCI para contribuir con la “transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos”.
La propuesta introduce la figura del “activismo político” y si se evidencia que las ONG realizan influencia política en el Perú, se activaría una fiscalización. Si gestiona cooperación técnica internacional, deberán inscribir obligatoriamente sus actividades ante la APCI.
El congresista Alejandro Aguinaga defendió el dictamen señalando que si las ONG no tienen nada que ocultar, “¿por qué tanto espanto a ser fiscalizadas? ¿Acaso exigir transparencia a las ONG es sinónimo de estigmatizarlas? ¿Qué ocultan realmente?”, preguntó.
Si bien es cierto que hay algunas ONG que cumplen con estándares de honestidad, en el Perú tenemos ONG financiadas por países extranjeros, que se ocultan tras opinólogos que nunca dicen que reciben un sueldo para realizar sus proclamas que buscan introducir en nuestro país agendas políticas perniciosas como la defensa del aborto, el travestismo y otras. Ellos se presentan en los medios como personas independientes, pero de independientes no tienen nada.
Por ejemplo, la USAID maniobra en todo el mundo con el pretexto de ayuda social, pero busca inmiscuirse hasta en la educación, torciendo los valores de los escolares.
Ciertas ONG también cumplen un trabajo pernicioso al alentar la inmigración. Ellos son unos de los responsables de la invasión venezolana que ha traído muerte, violencia y pobreza a familias víctimas de la lacra venezolana. Ellos ayudan a los venezolanos, pero cuando hay víctimas peruanas de los venezolanos no les entregan ninguna clase de ayuda.
Aprobado el dictamen, 16 embajadas en Perú se expresaron en contra. “Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que restringirán la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio”, aducen.
A través de un comunicado conjunto se pronunciaron Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, EE.UU., Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la UE.
“Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, dicen.
Si tienen buenas intenciones, entonces los países extranjeros no deberían oponerse a que los ciudadanos peruanos se enteren sobre la cantidad de dinero que envían, para qué fines son y a quiénes pagan para que sirvan a sus intereses.
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