Mientras la ola de criminalidad, agravada por la presencia del hampa venezolana flagela a la ciudadanía con asesinatos, asaltos y otros delitos, el gobierno de Dina Boluarte ha dispuesto que un grupo de policías brinde protección a la exfiscal Patricia Benavides Vargas, investigada por delitos graves, destituida y después suspendida por dichas investigaciones.
La medida de resguardo fue confirmada por el ministro del Interior, Carlos Malaver, después de que el Poder Judicial impusiera a Benavides la medida de suspensión de la función de fiscal suprema hasta junio del 2027. El PJ ordenó dicha suspensión al evaluar los graves antecedentes de Benavides y el peligro que significaría para el curso de las investigaciones que Benavides puede ejercer funciones dentro del Ministerio Público, esto debido a la maloliente resolución de la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), que pese al terrible prontuario de Benavides.
Durante la conferencia de la Presidencia Consejo de Ministros (PCM) realizada este miércoles 25 de junio, Malaver adujo que protegen a Benavides (conocida en el hampa congresal como “Vane”) con agentes policiales debido a su condición de “personalidad”.
Es preciso resaltar que Benavides Vargas fue suspendida luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial la medida en su contra, tras la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para reponerla en el cargo.
“La doctora Patricia Benavides tiene una resolución emitida por la Comandancia General número 048-2025, la misma que ha sido emitida en el mes febrero y es hasta el mes de agosto y se le emite como personalidad al haberse realizado previamente la evaluación de riesgos por la Policía Nacional. Esto dentro de un marco de los reglamentos y directivas correspondientes a la prestación de seguridad a personalidades”, informó con todo desparpajo citando un documento de febrero y simulando ignorar que en junio Benavides está suspendida por orden judicial.
Sobre el apoyo que solicitó la JNJ para recurrur a la fuerza pública contra la fiscal de la Nación Delia Espinoza, no aclaró si apoyaría o no dicha solicitud respondiendo con ambigüedad: “La Policía, perteneciente al sector Interior, apoya con el uso de la fuerza pública a las diversas instituciones que la solicitaran dentro del marco normativo de la Constitución y las leyes. Eso está plenamente garantizado. Por otro lado, la seguridad de las instalaciones de los diversos locales del Ministerio Público, de la misma manera, con la finalidad de prevenir y garantizar y mantener el orden público”.
Las acusaciones contra Benavides cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado. Son casos muy graves, por ejemplo, una de las primeras acciones que ejecutó tras asumir el cargo de fiscal de la Nación en 2023, fue retirar al fiscal que investigaba a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de vender la libertad a narcotraficantes a cambio de dinero, por lo cual, si la justicia fuese célere Patricia Benavides ya podría estar tras las rejas.
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