El Poder Judicial ordenó la inscripción de embargo en ocho bienes pertenecientes al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en razón de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Obrainsa’.
A cargo del caso se encuentra el juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró fundada la solicitud de la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, para que se ordenara la ejecución de esta medida cautelar sobre un departamento y un estacionamiento ubicados en el distrito limeño de San Borja, un inmueble en el Cercado de Lima, un departamento y dos estacionamientos ubicados en el distrito limeño de San Isidro, un vehículo y una parcela en la provincia de Cañete, departamento de Lima.
La suma de embargo es hasta por S/ 4’624,405.49 sobre los derechos y acciones que correspondan al investigado en los ocho bienes, por lo que dispuso que se cursen los partes correspondientes a la SUNARP, Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral IX de la sede Lima, Oficina Registral de Lima y la Oficina Registral de Cañete para las anotaciones en la partida registral correspondiente.
La orden judicial se dicta con dos resoluciones emitidas el 23 de junio. Las resoluciones indican que la medida cautelar de embargo en forma de inscripción es idónea, necesaria y proporcional, por ser un mecanismo eficaz para garantizar los fines de la investigación, pues evita que dichos bienes sean transferidos o gravados.
Las inscripciones de embargo, ante una posible sentencia permitirían resarcir el daño causado mediante el pago de una reparación civil y además evita que los bienes puedan ser donados, vendidos o gravados a personas distintas, ya sea natural o jurídica, que bajo el argumento de ser adquiriente de buena fe puedan eludir la responsabilidad civil, así como garantizar el futuro pago de la reparación civil.
La Fiscalía investiga al entonces presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por su intervención en el proceso de licitación pública “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto – Vilcashuamán, Tramo Condorcocha–Vilcashuamán.
Para la Fiscalía, Oscorima habría concertado entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello, Gerente General de la empresa ALTESA Contratistas Generales con Manuel Tejeda, funcionario de OBRAINSA, para favorecer a esta última empresa a cambio de un presunto beneficio económico.
Oscorima, habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al estado, según la Fiscalía.
