Pleno del Congreso debate proyecto de ley referido a las ONG

Este proyecto legislativo es una nueva iniciativa del grupo parlamentario fujimorista, aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores que preside, precisamente, Santiago Fujimori Fujimori, hermano del ex presidente Alberto Fujimori.

Sin embargo, esto no es nada nuevo. Ya en octubre del 2006, el mismo grupo, liderado entonces por el congresista Rolando Souza, promovió y logró la aprobación de una Ley APCI, que posteriormente, en el 2007, fue declarada inconstitucional, en parte, por el Tribunal Constitucional (TC). Y como se sabe, las sentencias de del TC “… vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales…” (Artículo 82º del Código Procesal Constitucional).

Se trata de un segundo intento fujimorista por maniatar a ONG como el IDL, que ha luchado contra la impunidad en materia de derechos humanos y contra la corrupción. Lamentablemente, una vez más, el fujimorismo cuenta con la complicidad del Partido Aprista para aprobar esta iniciativa a la hora nona, cuando ya presente legislatura está a punto de finalizar. La bancada fujimorista ha logrado incorporar de manera sorpresiva este tema en la agenda del pleno del jueves 2 de julio.

Nuevamente, el IDL ratifica que la transparencia de la información de la cooperación internacional se cumple con creces con el actual marco legal no sólo de APCI, sino de los Registros Públicos, de la Sunat y de otras entidades del Estado. Pues, lo que pretende esta nueva iniciativa legislativa, es restablecer vedadas potestades a la APCI, que en su momento ya fueron declaradas inconstitucionales porque iban en contra de lo expresamente resuelto por el TC en esta materia, al vulnerar derechos fundamentales como la libertad de asociación y la propiedad privada.

Incluso, la propia Oficina de Asesoría Jurídica de APCI, mediante el Informe Legal Nº 339-2008/APCI-OAJ, ha señalado que “…el proyecto de ley versa sobre materias que ya se pronunció el Tribunal Constitucional, declarando su inconstitucionalidad.”

Por ello, exhortamos a los grupos políticos de oposición representados en el Parlamento, a que eviten la aprobación sorpresiva de este proyecto de Ley inconstitucional y permitan un mayor diálogo con las ONG involucradas. También exhortamos a la bancada oficialista a que pondere el daño que le generaría a la imagen internacional de nuestro país si se llegara a aprobar este proyecto de ley, pues sería un claro mensaje de autoritarismo y de irrespeto a las sentencias judiciales y al Estado de Derecho en nuestro país.

Así como el Presidente de la República es un gran promotor de la inversión extranjera lucrativa, no debería ser un declarado enemigo de la inversión extranjera no lucrativa.

Exhortamos a la opinión pública internacional a seguir muy de cerca y con gran preocupación este nuevo intento por maniatar a las organizaciones privadas que trabajamos con la cooperación internacional. (Con información de La República)