La Ley 27360, Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario, y el Decreto de Urgencia 043-2019, que promueve y mejora las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria, fueron derogadas por el Pleno del Congreso de la República por amplia mayoría.
Finalizada la votación, la presidenta a. i. del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez Chuquilín, dijo que, “ante problemas profundos, soluciones valientes y radicales. Por la construcción de un país más justo”.
La votación fue como sigue: 114 votos a favor, dos votos en contra y siete abstenciones. El dictamen fue exonerado de segunda votación con 110 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones.
A esta decisión, llegaron, conjuntamente, los miembros de la Comisión Agraria y de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, los mismos que se han declarado en sesión permanente, y han asumido el compromiso de emitir un dictamen que la sustituya, en las próximas 48 horas.
El titular de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado (AP), declaró que esta derogatoria reivindica los derechos del trabajador agrario y evita el trato abusivo de sus empleadores. Mencionó que el dictamen aprobado acumula los proyectos de ley (PL) 5314, 5759, 6128, 6713 y 6716.
Novoa Cruzado dijo que es consciente que esta ley fue concebida en otro tiempo, y ya no da para más, la Ley 27350 data del 2000, y el DU 043-2019, amplía hasta el 2031 todos los beneficios, y se dio sin tomar en cuenta al trabajador.
Sin embargo, estos hechos nos llevan a la reflexión, las normas deben recoger la problemática social. Por ellos, sus equipos técnicos continúan con la labor de emitir un dictamen que evite trato abusivo y explotador del empleador al trabajador.
El titular de la Comisión Agraria, Raúl Machaca Mamani (Frepap), invocó a trabajar por los derechos fundamentales de la persona y reflexionar que con actitudes violentas no se va a obtener nada.
En veinte años hemos visto como han crecido las exportaciones de la agroindustria y al mismo tiempo no hemos visto una mejor solución para los trabajadores, dijo. “Y ese es un problema histórico de nuestro país. Debemos tener claro que, si la economía crece, debe crecer para todos”.
“Debemos sentarnos en la mesa para dialogar con los empresarios, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, juntos vamos a solucionar el problema, con el diálogo vamos a llegar a una solución pacífica”, aseguró.
Lenin Bazán Villanueva (FA) expuso que la mejor forma de hacer justicia a los trabajadores es que todos los congresistas aprobemos esta ley, que “va a derogar un régimen especial abusivo y explotador, que ha legalizado la esclavitud laboral en pleno siglo XXI”.
“Construir un nuevo régimen que les garantice derechos laborales es lo que (debemos hacer ahora), y esperamos que el Ejecutivo fiscalice y garantice estos derechos”, argumentó.
Jim Mamani Barriga (NC) pidió acumular el PL 6723, por tratar la misma materia, e hizo alusión a las demandas de los trabajadores, que son diversas, y entre ellas está la eliminación de los services, puesto que “estos abusos no solo están en el sector agrario, sino también en el sector minero, en donde las autoridades de Trabajo brillan por su ausencia”.
Carlos Almerí Veramendi (PP) también solicitó la acumulación del PL 6722, sobre la materia que se discute, saludó la presencia del ministro de Economía y el viceministro de Trabajo en la Junta de Portavoces, quienes han traído una propuesta que lleve a una solución integral.
“Este es un tema sensible, y estamos de acuerdo en que los derechos laborales venían siendo pisoteados. Pero separemos las cosas. Hay empresas grandes que formalizan a sus trabajadores, y hay muchas que no lo hacen, y es a esas que deben intervenir a través de la Sunafil, a través de la Sunat”, expresó.
En la última década, manifestó, la agroexportación pasó de exportar 2200 a 6400 millones. Son mayores divisas para el país, dijo. Por eso es necesario fortalecer este tipo de actividad económica. Tenemos que ser responsables para mejorar la ley, pero también sostener esta actividad, “no la podemos romper”.
Martha Chávez Cossío (FP) señaló que no se ha mostrado ningún estudio que sustente “esta derogación plana de las normas del sector”. Se preguntó si con esta derogación van a subir inmediatamente las remuneraciones de los trabajadores. “No podemos hacer medidas facilistas”, enfatizó.
“La legislación laboral tiene amparo constitucional. Ese carácter protector del derecho laboral lo tiene que cumplir el Estado, a través de la fiscalización, que significa verificar si se cumplen las normas, y orientar a los empleadores de todos los tamaños. ¿Qué seriedad hay en esto?”, indicó.
Daniel Olivares Cortes (PM) expresó que la salida más rápida es el consenso. Hubo dos opciones, dijo. Y ganó la primera: derogar y construir una nueva ley. “Queda el compromiso de trabajar de la mano con los entes técnicos del Ejecutivo. Y en 15 días emitir una norma”.
“Le debemos muchos a la ciudadanía, y a los trabajadores que han fallecido. Lo único que hay, es mucho trabajo por delante”, señaló.
César Combina Salvatierra (APP), solicitó que se acumule el PL 6734, que propone mejorar las condiciones laboralesde los trabajadores de la agroexportación. Existe, afirmó, la necesidad de mejorar, pero el diálogo es más amplio.“Es necesario dejar las leyes con nombre propio, por las que leyes para el pueblo en su conjunto”.
Guillermo Aliaga Pajares (SP) aseguró que su bancada está de acuerdo que se tiene que modificar o derogar la parte laboral de las normas que se aluden, pero “en un ánimo razonable, para no quitar competitividad al sector agrícola, es que tenemos que llevar a cabo esta comisión entre Legislativo y Ejecutivo.
Renán Espinoza Rosales (NoA) expresó que “no se puede hacer una derogatoria de un solo plumazo, porque no vaya a ser que estemos actuando por impulso”. Indicó que le parece bien el proyecto enviado por el Ejecutivo que plantea una salida inmediata a estos temas laborales.
Sugirió que, si están en sesión permanente las comisiones, “analicemos este problema, mejor, para corregir este problema laboral”.
