Exigen que se garantice acceso a salud y justicia. Asociaciones de víctimas deben participar en el proceso de reglamentación de sus derechos.
DEMUS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF), saludan como un primer paso para la justicia, verdad y una política de reparaciones, el Decreto Supremo (nº 006-2015-JUS) oficializado hoy por el presidente de la República, Ollanta Humala, que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea en Registro de Víctimas.
Tras 18 años de impunidad, reconocemos la importancia de que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas y se garantice el acceso a la justicia, aunque se espera que el Estado admita también su propia responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de una política nacional que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.
“Saludamos la voluntad política expresada en el Decreto Supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada. Pero es necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso”, sostuvo María Ysabel Cedano, directora de Demus.
Las organizaciones saludan que el Estado peruano haya tomado en consideración la serie de recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.
Sin embargo, precisan que existen vacíos en el Decreto Supremo que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.
Uno de estos aspectos, es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a quienes se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a sus deficiencias logísticas.
Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.
“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana María Vidal del GREF.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.
“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
En exhortación final, las organizaciones manifiestan que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unas disculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.
