La contradicción, falta de lógica y torpeza de argumentos que empleó el primer gobierno de García para minimizar los síntomas de corrupción de 1985 a 1990 tal vez no han abandonado al APRA en este gobierno, pues todo parece indicar que habría muchos apetitos ansiosos por gastar los millones de dólares —en buena parte provenientes de la cooperación internacional— que serán destinados a la reconstrucción del sur.
Los momentos más críticos de emergencia, necesidad de velocidad y acción ya pasaron, sin embargo, si algo caracteriza a la acción del gobierno en esa delicada primera parte fue la lentitud, la torpeza, la incapacidad —y como si eso fuera poco— y el figuretismo.
¿Cuántos heridos podrían haber sido salvados con un rescate inmediato? La movilización para el rescate fue tardía, los muertos piden justicia.
¿Cuántos heridos podrían haber sido salvados con una oportuna atención médica? Sabiendo que el hospital de Ica no sólo no podía darse abasto en condiciones normales, sino que tuvo ambientes derrumbados que redujeron su capacidad de atención, en lugar de convocarse médicos de inmediato, recién se les convocaba para la mañana siguiente.
En seguridad, aún sabiendo que más de 650 presos estaban sueltos por el derrumbe de la cárcel, hemos visto la lentitud del gobierno en enviar a las fuerzas armadas, lo que ocasionó que numerosos damnificados sean además víctimas del hampa. Recién reaccionaron el tercer día, cuando anunciaron oficialmente que reforzarían la seguridad.
Alimentos y abrigo: no se proporcionó carpas, abrigo ni alimento oportuno a los afectados, lo cobró por lo menos la vida de una menor, que murió de neumonía a causa del intenso frío.
Como música de fondo del espectáculo de la lentitud mortal, fuimos testigos de las constantes intervenciones de García, contradiciendo las versiones de violencia y falta de ayuda oportuna. La prensa nacional internacional y los testigos no pueden estar mintiendo todos juntos, ya sabemos quién es el que falta a la verdad.
Relativa normalización
Ante la incapacidad del gobierno, la ciudadanía, la empresa privada, las agrupaciones religiosas y la cooperación internacional han hecho su parte. A estas alturas, si bien es cierto que se puede hablar de deficiencias en la distribución, el peligro y gravedad mayores ya pasaron en todos sus aspectos: rescate, atención médica, alimentación y abrigo.
Es en estas circunstancias que la Contraloría General de la República anuncia controles, pero para sorpresa de todos, el gobierno desautoriza a la Contraloría a realizar acciones de control, pese a que el contralor había anunciado que no interferirían con una oportuna atención.
¿Hasta dónde se impedirá el accionar de la Contraloría? Por ejemplo, se ha abierto un programa de trabajo para pagar un jornal diario, teniendo en cuenta los cuestionables resultados del APRA con el PAIT (sistema similar en su primer gobierno), ¿por qué no realizar una fiscalización preventiva? Es sabido que en cierto tipo de acciones el control tardío no tiene la misma efectividad.
¿Qué hay con los fondos para reconstrucción? ¿Por qué la Contraloría no puede fiscalizar, puesto que la construcción ni la planificación será posible realizarla en pocos días? La acción de control de la Contraloría no significa paralizar las actividades, éstas pueden desenvolverse sin interrupción entregando paralelamente la información que se requiera, por lo tanto, resulta sospechoso que se quiera impedir la acción del primer organismo de control del país.
Esperemos que la tragedia no sea motivo para que en nombre de las víctimas surjan nuevos ricos en medio del aprovechamiento de la desgracia humana.
