Tras el primer día del paro de 72 horas realizado por los transportistas exigiendo seguridad ante la ola de extorsión y otros delitos, además de la derogación de la reciente ley 32108 sobre organizaciones criminales, se suma una nueva demanda, que es la renuncia del presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, por haber sostenido que la movilización es agitada por el Movadef.
Pese a que se calificó de sector minoritario a los transportistas que acataron el paro, lo cierto es que éste fue contundente, pues se observó escasas unidades de transporte público.
Los conductores dejaron sus vehículos para marchar hacia el Congreso y en el camino se les unieron bodegueros, comerciantes de Gamarra, ambulantes, comerciantes de mercados, ambulantes e incluso algunos ciudadanos que solamente estaban respaldando la medida debido a la gravedad de la arremetida del hampa en Lima y Callao.
El panorama fue el mismo que en otras oportunidades, con muchedumbres pugnando por conseguir movilidad y gente preocupada por no poder llegar a sus centros de trabajo a tiempo, sin embargo todos respaldaron la paralización por las medidas del gobierno contra la delincuencia, hasta ahora sin efecto.
Los manifestantes llevaban diversos carteles rechazando la extorsión, exigiendo el cierre del Congreso, el más criticado. Incluso llevaban una rata representando a los congresistas.
También cuestionan que no hay policías ni militares donde se necesitan, pero cuando hay marcha o paro sí se ordena que estén en las calles.
Los manifestantes rechazan que la falta de seguridad les impida trabajar y los esté asfixiando, no sólo con extorsión, sino con asaltos y hasta asesinatos, algunos daban su opinión llorando por haber experimentado este azote.
Algunos de los manifestantes exigieron la expulsión de los venezolanos, pues aseguran que las extorsiones y asaltos son perpetrados por estos extranjeros.
Entre los ciudadanos es consenso que el ministro del Interior Juan José Santiváñez es incapaz y debe irse.
