Por Reyna Cárdenas A.
El aumento de la planilla en más de 60% no sería lo más escandaloso en la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. Hoy no solo hay más empleados en la Municipalidad de Lima sino que, gracias a un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), algunos de ellos estarían cobrando más de lo que deberían, incluso sin tener la calificación requerida.
Se trata de asesores que han sido contratados al amparo del Convenio Marco de Cooperación Institucional suscrito en el año 2011 entre ambas entidades. Los sueldos de estos funcionarios son pagados por la MML a través del organismo internacional, que cobra una comisión por administrar estos recursos.
Pero el Estado no cuenta con las herramientas para fiscalizar a estos organismos, por lo que cabe preguntarse hasta qué punto la entidad garantiza la transparencia en las contrataciones.
La respuesta a esto último la proporciona la propia coordinadora del programa en el Perú, Rebeca Arias, quien confirmó al regidor Jaime Salinas que ellos son solo intermediarios y no se encargan ni de la selección, ni de la contratación del personal que pasará a laborar para la gestión Villarán.
Ante la consulta por escrito del concejal metropolitano, la funcionaria responde en una carta que el Proyecto 0062396 “Apoyo al fortalecimiento y modernización de la Municipalidad Metropolitana de Lima” es ejecutado bajo la modalidad de implementación nacional y que la responsabilidad por dichos procesos —selección y contratación— recae sobre la contraparte nacional, es decir sobre el municipio.
Este, además, designa para tal fin a un director nacional, quien hasta diciembre pasado fue nada menos que el gerente municipal, José Miguel Castro. El funcionario es recordado por los miles de soles que cobraron parientes suyos por asesorías para el municipio.
Una de ellas fue la de Pedro Alvizuri Lévano, hasta hace poco gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa). EXPRESO denunció en enero de este año que el abogado no contaba con experiencia en el sector público e incluso, al momento de ser contratado, solo tenía dos años de haberse colegiado. Pese a ello, se le asignó un sueldo por encima de los S/.12 mil, contraviniendo además normas del PNUD.
Cuando a inicios de este año se inquirió al gerente municipal en sesión de Concejo por esta denuncia, afirmó que quien contrataba y quien evaluaba a los funcionarios era Naciones Unidas y que, por tanto, todo era transparente y técnico. La carta firmada por Arias, sin embargo, lo desmiente.
Para Salinas, es evidente el aprovechamiento por parte de la gestión del mecanismo para contratar asesores. “Se han agarrado de este programa de Naciones Unidas para contratar a un montón de gente que no reúne los requisitos para esos puestos, y ganando unos sueldos que no deberían. Cuál es la ventaja de eso, que funcionarios que antes estaban en la municipalidad ganando S/.6 mil o 7 mil han pasado a la planilla del PNUD y, por hacer el mismo trabajo, ahora ganan S/. 10 mil 500”, denunció.
También se pagó a Valle Riestra
En marzo de 2013, EXPRESO reveló que, a través del mismo proyecto PNUD, la gestión de Susana Villarán pagó S/. 24 mil al constitucionalista Javier Valle Riestra para analizar los vacíos y las contradicciones legales en el proceso de revocatoria que afrontó la alcaldesa en marzo de ese mismo año. El congresista Carlos Bruce, autor de la denuncia, refirió que la contratación constituía una evidente malversación de fondos, pues el proceso afectaba a la persona de Villarán y no a la institución.
Expreso, 24.04.2014
