Por Desco
Conforme se acerca el fin del mandato aprista, los escándalos parecen multiplicarse. Un ex viceministro de Justicia atrapado con las manos en la masa tratando de obtener favores de un funcionario del Ministerio de Producción que lo denuncia y uno de los vice ministros del mismo sector, acusado de haber sido gerente de una empresa que le vendió equipos al Instituto Nacional Penitenciario, donde había sido Jefe, a pesar de las explícitas prohibiciones en la materia —conflicto de intereses que le dicen—, parecen pecados menores, al lado de los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, aprobados por el gobierno el 17 de enero pasado, argumentando la necesidad de facilitar la promoción de la inversión privada en 33 grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos.
Lo sorprendente es que tras las reacciones en contra de los decretos, inicialmente de la Defensoría del Pueblo y después de buena parte de la oposición, distintos medios de comunicación y múltiples instituciones especializadas, no sólo el Ministerio del Ambiente salga en defensa de los mismos, sino que el propio Presidente de la República trate de restarle importancia al asunto, defendiendo sus supuestas bondades y los teóricos beneficios que le generarían al país.
En principio, las disposiciones emitidas, como alertara Beatriz Merino, son claramente inconstitucionales. La Carta Magna establece requisitos muy claros para la expedición de este tipo de decretos, cuando legislan en materia económica y financiera: se requiere de una situación excepcional e imprevisible o de la existencia de una urgencia de interés nacional y parálisis institucional. Parece claro que la única urgencia es la de un gobierno que llega a su fin y que sin mayor discusión pretende comprometer al país y sus recursos por las próximas décadas.
En segundo lugar, los decretos violan disposiciones ambientales vigentes al establecer que las certificaciones ambientales —requisitos indispensables para la ejecución de proyectos de inversión— no serán necesarias para la autorización de cualquiera de los proyectos priorizados en las normas. Finalmente, los decretos anulan el derecho de consulta.
Así las cosas, es legítimo preguntarse por el apuro del gobierno en esta materia y por la tozudez irresponsable que viene mostrando. Tozudez, decimos, porque se está enfrentando a una opinión pública que crecientemente se está pronunciando contra la decisión gubernamental y que se apresta a movilizarse por su derogatoria, aumentando la conflictividad que existe en el país y que debiera preocuparnos a todos, especialmente a quienes les encargamos el gobierno del Estado. Pero irresponsable también porque se hace a espaldas de los supuestos beneficiados y en muchos casos (por ejemplo en el proyecto San Lorenzo-Frontón) sin considerar la opinión técnica de instituciones como la Marina de Guerra, con indudable conocimiento de la materia ni, al parecer, convocando previamente al Consejo de Defensa Nacional, como ameritaba la situación.
El que una decisión de este calibre, más aún en medio de un proceso electoral o quizá tratando de aprovechar la atención que éste concita, la tome un gobierno que ya está de salida, es curiosa, por decir lo menos. El que ese gobierno no haya sido precisamente virtuoso en materia de corrupción, debiera llevarlo a ser muy cuidadoso y pulcro en sus últimos meses y no a actuar con la soberbia del perro del hortelano, tal como lo viene haciendo, máxime cuando algunas de las acciones de sus funcionarios más altos, empiezan a reventar como pop corn y escándalos como el de los petroaudios, siguen sin esclarecerse y sancionarse.
A los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a las instituciones nos toca estar vigilantes. Da la impresión que en algún lugar del poder alguien ha llamado a zafarrancho de combate y todo vale porque el tiempo se acaba. En este caso, es indudable, si el gobierno no entiende, que será necesario usar todos los mecanismos legales que nuestra democracia contempla, para lograr su derogatoria.
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