España: No todo vale con las patentes de plantas y animales

 

Un clamor se ha suscitado en toda Europa en contra de permitir que las plantas obtenidas a través de procedimientos de selección esencialmente biológicos puedan patentarse. Y,  aunque las autoridades responsables en nuestro país presentaron alegaciones en el mismo sentido, no parece que este asunto, a pesar de su gravedad, haya tenido mucha repercursión en nuestro sector agrario.

 

La controversia llegó a mediados del pasado mes de septiembre al Parlamento de Estrasburgo, dando lugar a una resolución aprobada por unanimidad el 19 de ese mismo mes en el que, en resumidas cuentas, se demandó a la Oficina Europea de Patentes (OEP/EPO) que no concediese más patentes a semillas y plantas, obtenidas mediante procedimientos de selección esencialmente biológicos, porque permitirlo pondrá en riesgo la innovación abierta y el desarrollo de plantas mejoradas naturalmente, con mayor valor para los agricultores, el medio ambiente y el cambio climático.

 

En esa sesión plenaria, la Eurocámara constató que permitir que se patenten procesos de mejora convencional de alimentos, como el cruce y la selección, dificultaría el acceso libre al material vegetal, que es algo esencial para la capacidad de innovación del sector de selección vegetal y para los agricultores europeos.  Y añadió que “si las empresas privadas pudieran patentar ciertas variedades de alimentos, podrían crear un monopolio, que derivaría en una subida de precios y pondría en riesgo el suministro mundial de alimentos, perjudicando sobre todo a los pequeños productores.”

 

En un debate previo, la propia comisaria europea de Mercado Interior, Elzbieta Bienkowska, aseguró a los europarlamentarios que el objetivo de Bruselas era precisamente convencer a la OEP de que no conceda más patentes de este tipo, recalcando que ambas instituciones (CE y PE) defienden la misma y “muy unánime” posición en esta problemática para evitar un conflicto entre la Convención sobre la Patente Europea y la directiva sobre las biotecnologías.

 

Detrás de esta controversia, existen dos casos, que no son los únicos, en los que la OEP otorgó patentes: uno, a un tomate arrugado, con contenido reducido de agua y dos, una variedad de brócoli anti-cancerígeno, obtenidos a través del cruce y la selección biológica natural, sin manipulación genética.

 

Ambos casos, tras una resolución del PE en 2015 y la Intervención de la CE en 2016, se están discutiendo en la instancia de apelación final de la Oficina Europea de Patentes, habiéndose llegado el pasado 1 de octubre a la fecha límite para enviar declaraciones escritas al respecto.

 

En esta misma situación, según denunciaron algunas ONGs, se encuentran otros casos en productos, como la cebada y la lechuga, e incluso en peces, que están patentados como “invención” por el simple hecho de que se alimentan con plantas seleccionadas.

 

 

En 2017, los 38 Estados miembros de la OEP decidieron detener las patentes sobre plantas y animales criados de manera convencional. En marzo de ese año, la OEP inició un procedimiento (G3/19), que involucraba al máximo órgano judicial de esta institución para aclarar si esta decisión está de acuerdo y en línea con las normas y estatutos del Convenio sobre las Patentes Europeas, esperándose una respuesta para 2020.

 

En su resolución el Parlamento Europeo es muy claro, al manifestar su profunda preocupación por la decisión de recursos técnica, que crea una situación de inseguridad jurídica, destacando que “las normas de decisión interna de la OEP no deben afectar al control político democrático del Derecho Europeo de Patentes y de su interpretación”.

 

Poniéndonos en antecedentes, hay que indicar que las patentes son una forma de propiedad intelectual que le da derecho a su propietario a excluir a otros de hacer, usar o vender su invención. Son una herramienta para fomentar la inversión en innovación, aunque también un instrumento para el cobro de “royalties” o derechos económicos sobre la propiedad a los que luego utilizan esa patente, de forma voluntaria u obligada. Es decir, son un negocio como otro cualquiera.

 

Las invenciones patentables deben ser nuevas, inventivas y aplicables industrialmente para que pueda registrarse su propiedad intelectual. Aún así, la Convención Europea de Patentes otorga una excepción a la “patentabilidad” de “variedades de plantas o animales o de procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales.” Es decir, que éstas no serían objeto y sujeto de “patentabilidad”.

 

Sin embargo, esa excepción excluye los procesos micribiológicos y sus productos finales. Y, precisamente, la controversia en torno a la “patentabilidad” de las variedades de plantas obtenidas naturalmente se deriva de las diferentes interpretaciones de esa excepción.

 

Por un lado, la Unión Europea ha establecido un sistema propio que otorga derechos de propiedad intelectual a las nuevas variedades de plantas, el denominado “Derecho comunitario de Variedades Vegetales” (PVR, en sus siglas en ingles), que es similar a una patente y que, una vez otorgada, es válida para toda la UE.

 

La principal diferencia con las patentes es que el PVR no impediría que otros agricultores utilicen libremente variedades protegidas para continuar mejorando y desarrollando nuevas variedades.

 

En principio, el problema parecía haber encontrado una solución en junio de 2017 cuando la OEP, presionada por las instituciones europeas, adoptó una modificación de su reglamento para no conceder patentes a plantas obtenidas por procedimientos de selección esencialmente biológicos.

 

Sin embargo, en diciembre del pasado año, en una audición pública sobre unas semillas de pimientos, la Cámara Técnica de Recursos de la propia OEP volvió a “abrir el melón” para la concesión de una patente a este tipo de semillas. Es más, la misma Cámara consideró, en un gesto de cierta arrogancia, que la Comisión Europea en su interpretación carecía de autoridad legal. A raíz de esta decisión, la OEP registró un número creciente de estas patentes.

 

 

La fuerte presión institucional y de la sociedad civil (más de 50 organizaciones y unas 25.000 personas que se sumaron a la campaña de “No Patents on Seeds!) motivó al presidente de la OEP a solicitar el pasado 1 de octubre a su Alta Cámara de Recursos que revisara esa concesión de patentes, que debería adoptar una decisión al respecto el año que viene.

 

Para Christoph Then, de “No Patents on Seeds!, “la OEP tiene que detener su práctica actual de servir solo los intereses de la industria y de los abogados de patentes. Las decisiones políticas y la legislación vigente deben respetarse plenamente. No podemos aceptar ningún monopolio de patentes sobre la reproducción convencional de plantas y animales. De lo contrario, los recursos básicos de nuestra comida diaria serán controlados por Bayer&Monsanto, DowDupont y Syngenta.”

 

Esta ONG exige un cambio en la interpretación de las leyes para acabar con las lagunas jurídicas que permiten estas situaciones, así como una aplicación más efectiva de las prohibiciones actuales de “patentabilidad” de plantas y animales.  Y, recalca, “si un mero cambio en la interpretación de la ley actual no proporciona suficiente seguridad jurídica y claridad, lo que se debe hacer es modificar la propia Ley europea de patentes.”

 

Para Pekka Pesonen, representante de los agricultores europeos y sus cooperativas (COPA-Cogeca), la posición del sector agrario de la UE es clara: “nos oponemos a cualquier tipo de patente en plantas, genes animales y rasgos genéticos que se pueden hallar en la Naturaleza o pueden ser obtenidos mediante mutagénesis. Las patentes de productos, rasgos o genes derivados de técnicas de ingeniería genética deberían aplicarse únicamente a los productos que contienen un ADN que no puede hallarse en la Naturaleza o que no puede ser obtenido mediante métodos de obtención convencionales o técnicas de mutagénesis.”

 

En relación al procedimiento ahora abierto, Pesonen añadió que “es hora ya de que la OEP empiece a escuchar las inquietudes de la comunidad agraria y de las organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, no tendremos más remedio que recurrir a las autoridades  legales europeas”.

 

El secretario general del COPA-Cogeca concluyó de manera categórica señalando que “rechazamos el desarrollo de un régimen jurídico de patentes de esta índole, ya que podría ser desastroso tanto para los agricultores, como para los pequeños obtentores, y porque reduciría la cantidad de variedades presentes en el mercado.”

 

En el fondo lo que se juega la Unión Europea en este ámbito es la existencia de una total claridad y certeza legal para salvaguardar el acceso presente y futuro a una agrodiversidad que procede de la innovación y desarrollo mediante métodos biológicos, convencionales o naturales. Un asunto de enorme relevancia y trascendencia para garantizar la soberanía alimentaria no solo europea, sino también mundial.

 

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