En los últimos cuatro años la institución ha impuesto un total de 2,072 sanciones y 1,116.9 UIT en multas por operaciones no reconocidas.
Desde el inicio de la pandemia hasta agosto de este año, el Indecopi ha recibido 21,490 reportes sobre operaciones no reconocidas, lo que representa el 17.4% del total de reportes del sector financiero y seguros. Así lo informó la directora de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, Ana Peña, durante la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República.
Peña alertó que una de las modalidades más frecuente de fraudes financieros es el ‘SIM SWAPPING’, mediante el cual personas inescrupulosas duplican la tarjeta SIM (o chip) de los celulares para apropiarse de la información personal de los titulares de la línea y suplantar su identidad con el propósito de obtener acceso a sus cuentas bancarias y realizar movimientos.
También informó que, entre enero de 2021 y julio de 2022, se registraron, cuanto menos, 365 reclamos asociados a la suplantación de línea telefónica y el robo de dinero mediante aplicativos móviles de bancos. De estos, el monto promedio reclamado fue de S/6,515.
Además, en los últimos cuatro años la institución ha impuesto un total de 2,072 sanciones y 1,116.9 UIT en multas por operaciones no reconocidas.
Impulsan solución conjunta
“La solución no está en el Indecopi y en sancionar cuando se identifica que una empresa bajó las medidas de seguridad y que permitió el fraude, la solución implica que todos los actores del Estado trabajemos en conjunto.” destacó la funcionaria. En ese sentido informó que se viene impulsado el diálogo entre el empresariado y el Estado para identificar problemas, delimitar competencias, definir capacidades y gestar propuestas de solución.
En 2021 el Indecopi impulsó el diálogo mediante reuniones con representantes del sector público como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) – Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales; Ministerio Público; Defensoría del Pueblo; Policía Nacional del Perú – División de Investigación de Alta Tecnología (DIVINDAT); y el Banco de la Nación.
Asimismo, se impulsó estas iniciativas con representantes del sector privado: La Asociación de Bancos del Perú, Claro, Movistar, Entel y Bitel.
Peña indicó que la problemática se agrava debido a la venta ambulatoria de chips, dado que los datos personales de los usuarios son brindados a promotores que podrían realizar un uso inadecuado de estos o terminar siendo comercializados a mafias de gran alcance. En ese sentido, invocó el apoyo de la ciudadanía para que cierren las puertas a la oferta ilegal.
“Tenemos que activar la educación ciudadana para que dejen de comprar los chips en la calle y también los celulares robados. El Estado puede realizar muchas acciones, cambiar la norma, fiscalizar, pero siempre existirá el mercado negro si hay un consumidor o una consumidora dispuesto a comprar”, agregó la funcionaria.
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