El representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Roberto Espinoza, denunció que alrededor de 150 mil hectáreas de bosques amazónicos son deforestados al año, debido a las grandes industrias extractivas, la palma aceitera, la ganadería a gran escala, los mega proyectos de infraestructura y de minería, así como las actividades ilegales, que no son debidamente regulados por los gobiernos sudamericanos.
Espinoza sostuvo durante la sesión Mega-Drivers developmentalists Deforestation, side event realizado en la sede central de la cumbre climática Lima COP20, que se necesita entablar mejores negociaciones e implementar procesos de titulación para los pueblos indígenas y defender su derecho a la vida, por lo que es necesario reconocer y detener a los actores de esta deforestación.
Por su parte, el Coordinador General de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera (COIAB), Maximiliano Menezes, indicó que es necesario que los gobiernos sudamericanos realicen estudios de impactos ambientales para conocer el real estado del impacto que tendrían los proyectos que están financiando las grandes corporaciones en la Amazonía, para que los Estados desarrollen políticas coherentes de inversión que no afecten a los pueblos indígenas, pues “el cambio climático, no es para 10 años como sus concesiones”.
Pilar Camero, coordinadora del programa Ecosistemas y Derechos de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, sostuvo que la deforestación en la Amazonía no sólo se debe a factores económicos, sino que también está ligado a temas sociales y a cambios propios de la cuenca amazónica, ligados al cambio climático.
“En los últimos años han aparecido actores, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), que han irrumpido en la escena regional a través de una serie de proyectos de inversión que sólo colocan más presión en la Amazonía, puesto que los Gobiernos los ven como oportunidades de desarrollo económico sin tener en cuenta la afectación que los proyectos hidroeléctricos o de hidrocarburos pueden tener en la zona donde se realizan”, señaló la especialista de la organización no gubernamental.
De igual manera, el dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, Henderson Rengifo, dijo que “es inaceptable que sin ser los pueblos indígenas responsables, continuemos siendo las mayores víctimas de la crisis climática, por la deforestación y degradación de los múltiples usos de la tierra que se le da al territorio amazónico”.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Environmental Investigation Agency (EIA), indicó que el aumento de la deforestación se debe también a que los Gobiernos sudamericanos están aumentando las hectáreas entregadas al sector privado para la plantación de monocultivos como la palma aceitera, debido a la demanda del mercado, impulsando la conversión de los bosques amazónicos a tierras agrícolas, obviando la pérdida de los bosques primarios.
De la reunión también participaron el especialista Thomas Brose de Alianza por el Clima y Jorge Furagaro, presidente de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC.
VERSIÓN DEL GOBIERNO
En tanto, el Alto Comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, César Fourment Paredes, subrayó la importancia de que el Estado peruano siga promoviendo una cultura ambiental en las instituciones y la ciudadanía, para concientizar acerca de la problemática de la tala ilegal.
Para ello, señaló, el Estado ha demostrado públicamente y mediante sus políticas multisectoriales, plasmadas en documentos oficiales y lineamientos, la voluntad de incrementar este conocimiento sobre la importancia de preservar los recursos naturales, tanto a nivel institucional como en la opinión pública.
Con información de Diario 16, 05.12.2014
