El Gobierno federal y empresas extranjeras exploran yacimientos de litio en Baja California, Sonora, San Luis Potosí-Zacatecas, Jalisco y Puebla, para, si se logra extraer, producir baterías para autos eléctricos, una tendencia en el marco de la crisis climática.
Por Dulce Olvera
Ciudad de México, (SinEmbargo).– En el Salar de Uyuni en Bolivia, el país con grandes reservas de litio, la disponibilidad de agua se ha reducido por la extracción de este metal y ha afectado a las comunidades aledañas, las cuales no fueron consultadas de manera previa, libre ni informada antes de la instalación de la planta del Gobierno entonces de Evo Morales. En el Salar de Atacama en Chile y el Salar Hombre Muerto en Argentina, dos de los principales productores a nivel mundial de este “oro blanco”, la presión hídrica y conflictos sociales son similares.
“En el caso de Bolivia su plan ambiental solo contemplaba qué pasa con la sal que se desecha después de la extracción de litio. Pero no hubo un estudio sobre el impacto de disponibilidad de agua. Es lo que puede suceder aquí en México. Las empresas no consideran el efecto que tiene que ver con la utilización de químicos nocivos para la salud humana y de animales, la contaminación de agua, aire y el daño a suelos”, dijo Jessica Estefanía Jiménez Montoya, autora de una investigación sobre el litio en el país sudamericano. “En Argentina, esos químicos causaron daños en la piel de las personas cercanas al Salar de Hombre Muerto”.
“Es un muy mal indicador el derrame de tóxicos en los ríos Sonora [en 2014 por parte de la minera Grupo México, también responsable de Pasta de Conchos] y la falta de voluntad política y capacidad técnica de autoridades [Semarnat, Conagua] para dar cumplimiento con las disposiciones ambientales. Qué podemos esperar con la extracción de litio en la región norte de nuestro país: agregaría una presión más sobre el agua, donde de por sí hay alrededor de 5 mil concesiones mineras”, agregó la especialista en temas hídricos.
En México, los yacimientos de litio localizados en Baja California (proyecto de la estadounidense Pan American Lithium), Sonora-Chihuahua (de la británica Bacanora y la china Gangef), San Luis Potosí-Zacatecas (de la española Litiomex, filial de Sterling Mining, relacionada con los Panama Papers); dos en Sonora, uno en Jalisco y cuatro en Puebla (reservados por el Gobierno federal desde 2015 y 2018), están apenas en etapa de exploración, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.
El proyecto más avanzado, ubicado en la sierra alta sonorense cercana a la zona del caso LeBarón, está a cargo del consorcio de las empresas británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium. Con una inversión de 420 millones de dólares, con “minería a cielo abierto” estima producir a partir de 2021 alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio, y en una segunda fase, 35 mil toneladas al año, de acuerdo con el reporte técnico de viabilidad publicado por Bacanora en enero de 2018.
A finales del sexenio pasado, el documento “Perfil del mercado del litio” publicado por la Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reiteró que “el depósito se encuentra cerca de la superficie, donde puede ser extraído por métodos a cielo abierto”.
La minería a cielo abierto, al dinamitar la corteza terrestre, usar químicos y millones de litros de agua, tiene afectaciones permanentes sobre la orografía, la biodiversidad y el bienestar de comunidades rurales, indígenas y mestizas, destaca el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM. A nivel nacional existen más de 120 conflictos sociales como consecuencia de las graves afectaciones de las actividades mineras, documenta.
De acuerdo con Mining Technology, este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 243 millones de toneladas, por lo que sería el depósito más grande del mundo hasta ahora descubierto.
PRODUCCIÓN DE BATERÍAS DE LITIO
Este metal, el más ligero de la tierra, también se usa como componente de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos electrónicos, por lo que su demanda va de la mano del crecimiento del sector tecnológico. La Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía planea apostar tanto a la extracción como a la cadena productiva.
Investigadores especializados en energía y medio ambiente han coincidido en que la autoridad mexicana está a tiempo de regular la explotación del carbonato de litio para evitar el ya documentado despojo a comunidades rurales o indígenas y la contaminación generada por la extracción de otros minerales por parte de empresas nacionales y extranjeras.
“En México hay un yacimiento de carbonato de litio que hay que sacar con una minería tradicional, desgraciadamente. En otros países el litio está superficial y se puede recuperar con agua y en otros en domos salinos. Si se planea bien desde un inicio, va a venir a ser un beneficio muy grande porque la otra alternativa de baterías es el plomo. Nadie quiere eso”, dijo el Ingeniero Químico Daniel Chacón, de Iniciativa Climática México. “Lo que hay que hacer es que no haya chapuzas en el proceso de regularlo”.
Pero Gabriela Muñoz, Directora del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte, al formar parte de un grupo ambiental minero en Inglaterra, y recorrer varios países con actividades mineras, notó que en Irlanda y Polonia había una restricción mayor que en otros lugares como Papa Nueva Guinea y países de África. “Las regulaciones son más laxas en lugares menos desarrollados. Aquí no porque vendrán las inversiones a generar desarrollo y crear empleos mal pagados, se les vayan a dar todas las facilidades”, requirió.
El Subsecretario de Minería Francisco Quiroga dijo a la prensa la semana pasada tras su participación en el México Mining Forum 2020 que se ha reunido con inversores de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido entorno al litio.
“Hay mucho interés en participar”, afirmó. “Lo que estamos ofreciendo no es nada más la promoción de la actividad minera, sino la actividad minera en conjunto con la cadena productiva; la capacidad manufacturera ha sido de mucho interés”.
Previamente en su ponencia, expuso que aquellos países que tienen acceso a la extracción de litio, manganeso, grafito y cobalto, tendrán una ventaja competitiva para la electromovilidad, ya que estos metales y minerales representan más de la mitad del costo de las baterías. “Aquí es poder extraerlo de una manera ambientalmente sostenible y con acuerdos sociales que permitan confiabilidad”, se comprometió Quiroga.
Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, destacó que aunque la producción de baterías de litio puede tener problemas importantes, el previo conocimiento debe ser motivo de acción para el tratamiento residual.
“Hace un siglo, no sabíamos que al sacar el petróleo y quemarlo íbamos a producir un cambio climático. Creían que la atmósfera era prácticamente infinita. Hoy en día sabemos que si sacamos litio, tenemos que reprocesarlo de alguna forma. Podemos adelantarnos y generar la cadena de producción de las baterías al mismo tiempo que el reuso o reciclado”, afirmó.
La investigadora Estefanía Jiménez, autora de la tesis sobre el litio en Bolivia, recomendó que a contra corriente de lo que suele pasar, debe colocarse en el centro el tema ambiental y no el económico.
“El Gobierno de México debe tomar en serio evaluar los impactos de la extracción del litio en el agua, en las emisiones a la atmósfera y en el suelo; apostar a la investigación científica y tecnológica (Bolivia formó un comité científico para generar su propia técnica de extracción menos dañina al ambiente); y sobre la corrupción, considerando las ganancias importantes, tendrían que quedarse los beneficios económicos en las comunidades, por lo que es clave la transparencia desde las negociaciones que ya se están haciendo con los socios extranjeros”, planteó.
El área de comunicación social de la Secretaría de Economía del Gobierno federal dijo a este medio que el Presidente Andrés Manuel López Obrador les requirió desde finales de enero un informe sobre las concesiones para explotar litio, por lo que no darán ningún pronunciamiento público hasta entonces. Aún no tienen fecha de entrega, aunque esperan que sea pronto.
“En esta administración no hemos dado ninguna concesión”, dijo López Obrador en la conferencia matutina del 22 de enero.
LAS CONSULTAS A COMUNIDADES
El 85 por ciento de las reservas descubiertas de litio en salinas del mundo se encuentra en la zona denominada “Triángulo del litio” comprendida por Bolivia (Salar de Uyuni), Chile (Salar de Atacama) y Argentina (salares de la puna Jujeña y Salteña, y norte de Catamarca), destaca el informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería “Litio, la paradoja de la abundancia” (2011).
“Su utilización para las baterías de los autos eléctricos e híbridos ocupará un rol importante en la carrera por disminuir los gases que provocan el efecto invernadero y contribuirá a evitar el recalentamiento global. La pregunta es: ¿A qué costo?”, cuestiona el documento. “En primer lugar es importante desmitificar el litio como una energía ‘verde’. El litio no genera energía, sino que la conserva. Como el petróleo, el litio es una fuente de recursos no renovables y se agrega la ausencia del Estado como contralor, su complacencia con las empresas extractivas, el sobreuso y posible contaminación de los cursos de agua y la pérdida de territorios”.
“El proyecto minero de extracción de litio‐ que implica el consumo de grandes cantidades de agua, así como el riesgo de salinización de las capas de agua dulce‐ en una zona desértica con escasos recursos hídricos, pone en riesgo directo la supervivencia de las comunidades en ese territorio”.
Antes de la instalación de la planta de extracción de litio en Bolivia, las comunidades aledañas no fueron consultadas de manera libre, previa e informada. Una década después, los habitantes del Salar de Uyuni siguen sin tener conocimiento de los efectos a largo plazo, pero empiezan a vivirlo con la escasez hídrica.
Y en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en Argentina, 33 comunidades con más de 6 mil habitantes en extrema pobreza y aislamiento presentaron desde noviembre de 2010 una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la obligación de consulta y participación en pedimentos de exploración y explotación de litio de conformidad con el artículo 75 de la Constitución argentina, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
El Subsecretario de Minería de México Francisco Quiroga reconoció que su gestión no será recordada por las consultas libres, previas e informadas a las comunidades indígenas, lo cual “tienen atorado”, aunque con ciertos avances en el marco legal.
“El tema es parte de la unidad de propósitos; sigue habiendo diferentes visiones y la estrategia de patear el bote no nos satisface”, expresó.
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