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Más de 80 000 incendios han sido registrados en la selva amazónica este año, lo que ha generado una alerta mundial sobre los daños a este estratégico espacio forestal y de biodiversidad. Lo más clamoroso ha sido sin duda, el desdén del gobierno brasileño por afrontar los incendios forestales en su Amazonía, producto de los planes de gobierno del Presidente Bolsonaro para desarrollar la «Amazonía improductiva”, un ecosistema particularmente vulnerable, en un contexto de preocupación mundial por el cambio climático.
La Amazonía peruana no es desde luego ajena a este problema; todos los años se reportan incendios forestales, habiendo sido particularmente devastador uno producido en el año 2016, que afectó 20 000 hectáreas en Satipo (Junín). Es alarmante que este siniestro haya sido prácticamente silenciado, sin tenerse conocimiento alguno sobre las responsabilidades en torno a su desencadenamiento, menos aún de acciones técnicas de recuperación. La impunidad persiste y a nadie le sorprende que la quema de bosques siga siendo una práctica habitual y parcialmente tolerada en la selva central. Coincidentemente, en estos días, se está produciendo un incendio forestal de grandes proporciones en Chanchamayo.
Detrás de esto hay, sin duda, ideologías como las que respaldaron el famoso «síndrome del perro del hortelano» del fallecido expresidente Alan García, evidenciado en afirmaciones como la siguiente: «…hay muchos recursos que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad o por indolencia”.
En la Amazonía no existen incendios forestales naturales, pues eso requeriría rayos secos, sin lluvia; los siniestros son producto de la irresponsabilidad y la falta de escrúpulos, basadas en intereses económicos. Es conocida la existencia de vínculos directos entre la quema de bosques y la expansión de áreas para la producción agropecuaria, lo que ocurre muchas veces con la soterrada complicidad de las autoridades nacionales o locales.
Una condición estructural para afrontar estos siniestros son las limitaciones del Estado. Así, en el plano normativo, existe un marco legal que sanciona el hecho —provocar incendios forestales es considerado un delito contra el ambiente y puede castigarse por ley con pena privativa de la libertad—; pero se carece de capacidades para identificar responsables, iniciar las acciones legales y ejecutar la sanción correspondiente. Las intervenciones requieren apoyo de la Policía Nacional y de la Fiscalía Ambiental, que no siempre están disponibles. Más grave aún, hay una clamorosa insuficiencia de bomberos forestales especializados, con equipos necesarios para combatir incendios. La capacidad operativa para desarrollar acciones de prevención es todavía menor. Llama por eso la atención, que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) pretenda minimizar la frágil situación.
Por todo esto, el combate inmediato a los incendios corre siempre a cargo de iniciativas locales, en donde participan unos pocos bomberos mal equipados y muchos pobladores preocupados y comprometidos, intervenciones a todas luces insuficientes.
La presión internacional a raíz de los gigantescos incendios en la Amazonía brasileña, ha motivado la firma del Pacto de Leticia, que esperamos contribuya a mejorar la protección del principal pulmón del planeta, aun cuando hasta hoy no se han evaluado los resultados del Tratado de Cooperación Amazónica que fue firmado por los mismos países en 1978.
En conclusión, el olor a humo que emana del Amazonas, evidencia la falta de escrúpulos de ciertos empresarios y la corrupción de autoridades y funcionarios públicos. Muchos pequeños agricultores son, asimismo, en parte responsables, lo que demuestra que la pobreza secular es también una de las grandes causantes. Por eso preocupa que el flamante pacto, no enfatice en la necesidad de sancionar a los culpables, dejando abiertos muchos vacíos y resquicios legales en los compromisos internacionales, que permitirían reducir acciones contrarias a la preservación de la riqueza forestal y ambiental de esta importante cuenca. En el caso peruano, la ausencia del Estado, su escasa preocupación y la poca prioridad que de hecho le asigna al problema, agravan la situación.
desco Opina – Regional / 20 de setiembre de 2019
