El informe publicado en ‘Science Direct’ encontró las mayores concentraciones de tóxicos en los ríos Tigre y Corrientes (Loreto).
Al escarbar en los suelos amazónicos aún se encuentran rastros de petróleo.
Asamblea comunal cuando Fediquep decidió la protesta por la remediación ambiental. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt)
(Mongabay Latam / Barbara Fraser). Comunidades indígenas asentadas en las inmediaciones de uno de los principales lotes petroleros de la Amazonía peruana amenazan con ocupar las instalaciones, si el gobierno no acepta realizar una consulta previa antes de volver a licitar el lote. Los dirigentes le dieron al gobierno un plazo de 20 días luego que se suspendieron las negociaciones en Lima el 23 de agosto.
Otro de los reclamos de los líderes indígenas está relacionado con la remediación de la contaminación acumulada durante más de 40 años de producción petrolera en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, los tres en la región de Loreto.
Durante décadas se arrojaron toneladas de plomo, bario, cadmio, cromo y otras sustancias tóxicas a los ríos y arroyos del sector petrolero del norte de la Amazonía peruana, a veces a niveles que exceden lo que ahora son los límites máximos permisibles, según un estudio Aguas contaminadas en los ríos por la actividad extractiva de petroleo en el norte de la amazonía peruana, publicado en Science Direct.
Esta investigación destaca los riesgos para la salud a los cuales miles de personas, principalmente pobladores indígenas, que viven a lo largo de los ríos han estado expuestas desde que comenzó la producción de petróleo en la zona en los años setenta.
El foco del estudio
El análisis utilizó mediciones de monitoreos realizados por agencias gubernamentales y las empresas petroleras. En él se destaca la gravedad de la contaminación a largo plazo generada por las aguas de formación (calientes, saladas y cargadas con metales extraídos de los pozos petroleros), dijo Martí Orta-Martínez de la Universidad Erasmus de Rotterdam y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, coautora del estudio.
Durante décadas, esas aguas se descargaron directamente a ríos o quebradas, sin ningún tratamiento. “Es la primera vez que se confirma científicamente el efecto de las aguas de formación en la calidad del agua de los ríos amazónicos”, dijo Orta-Martínez.
Los investigadores también encontraron inconsistencias en los datos de medición analizados que evidenciarían ciertas deficiencias en el sistema de monitoreo ambiental del Perú. Su análisis apunta también a la necesidad de realizar mayores estudios, señaló Orta-Martínez.
Investigaciones anteriores han demostrado que existen altos niveles de plomo y cadmio en la sangre de las personas que viven cerca del área petrolera —Bloque 8 y Bloque 192, que fue conocido como 1AB durante los años cubiertos por la nueva investigación. Otras investigaciones han mostrado altos niveles en sedimentos, agua y peces.
Este es el primer estudio publicado que calcula la cantidad de contaminantes en aguas de formación de los dos campos petroleros, los cuales abarcan los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre. Estos ríos son tributarios del río Marañón, que se une al Ucayali para formar el Amazonas cerca de la ciudad peruana de Iquitos.
Primeros resultados
El estudio encontró las mayores concentraciones de tóxicos en arroyos y afluentes de los ríos. Esas pequeñas vías fluviales son a menudo la principal fuente de agua de los pobladores y la mayor cantidad de agua de formación fue vertida al río Tigre y al río Corrientes.
Para medir la contaminación por aguas de formación, los investigadores compararon datos de muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo, y desde el punto donde el agua fue descargada. Las concentraciones aguas abajo fueron generalmente más altas.
Los datos utilizados para este estudio se tomaron de informes emitidos por agencias gubernamentales encargadas del monitoreo de la calidad del agua, entre ellas el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Regulador de Energía y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA). También se analizaron informes de monitoreo de las tres compañías petroleras que operaron en los dos bloques entre 1987 y 2013 —Occidental Petroleum, Pluspetrol y Petroperú, la petrolera estatal.
Asamblea comunal cuando Fediquep decidió la protesta por la remediación ambiental.
Asamblea comunal cuando Fediquep decidió la protesta por la remediación ambiental. | Fuente: Mongabay Latam | Fotógrafo: Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt).
El análisis de las mediciones se complicó por la falta de datos o inconsistencias en los datos de los informes originales, según los investigadores. Por ejemplo, aunque las regulaciones peruanas requieren que se tomen muestras a 500 metros aguas arriba y a 500 metros aguas abajo de un punto de descarga, algunas muestras se tomaron a una distancia mayor, 36 kilómetros más abajo en un caso.
En base a los datos de las agencias gubernamentales, los investigadores calcularon que hasta 5 toneladas métricas de plomo, 0.3 toneladas métricas de cadmio y 370 toneladas métricas de bario se habrían vertido a los ríos en el 2008, además de cloruro y otros metales, como cromo y cromo hexavalente.
El plomo es un metal pesado neurotóxico que puede afectar el hígado y los riñones y causar problemas gastrointestinales, cognitivos y de desarrollo. Ningún nivel de plomo se considera seguro para los niños, que son especialmente susceptibles, según el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, situado en Atlanta, Georgia.
Según el CDC, algunas formas de bario se asocian con problemas gastrointestinales y debilidad muscular. El cadmio puede causar problemas gastrointestinales, y la exposición a largo plazo puede afectar los riñones, pulmones y huesos. El cromo hexavalente es cancerígeno y puede causar irritación del estómago y la piel, además de anemia, sostiene el CDC.
Diana Papoulias, una bióloga ictiologa de la consultora E-Tech International, con sede en EEUU, que trabaja con las federaciones indígenas en las cuencas afectadas, es más cautelosa al hablar de los volúmenes de metales que se estima habrían sido descargados a lo largo del tiempo. Los protocolos utilizados por diferentes entidades estatales para hacer mediciones no siempre han sido comparables, y el monitoreo de parte de las empresas no siempre habría sido confiable, según Papoulias, especialista en toxicología acuática, quien trabaja con los monitores indígenas en las cuencas afectadas.
«Se calcula que más de 40,000 personas —principalmente indígenas achuar, quechua, kichwa, urarina y kukama— viven a lo largo de los ríos cercanos a los campos de petróleo».
Magnitud de la contaminación
Sin embargo, el estudio resalta el enorme volumen de agua contaminada que se descargó al ambiente durante décadas, “especialmente a las quebradas, que son los lugares donde vive la gente, y que son importantes para la vida acuática y la vida humana”, dice Papoulias, quién está realizando un estudio de peces con los monitores indígenas.
Las cantidades calculadas en el estudio se registraron en el 2008, un año antes de que Pluspetrol, la empresa con sede en Argentina que operaba la concesión petrolera en ese tiempo, comenzara a reinyectar las aguas de formación a los pozos en lugar de descargarlas a los ríos. Sin embargo, en los últimos años han brotado afloramientos de agua salada, indicando posibles filtraciones de los pozos de reinyección que podrían volver a contaminar el ambiente. “Esos pozos se están acercando al final de su vida útil, se están llenando”, dijo Papoulias. “No queremos que el problema se repita”.
El agua de formación es a menudo muy caliente —el estudio reporta temperaturas cercanas a la ebullición— y contiene sal disuelta y metales, así como algunos hidrocarburos. Esas sustancias han sido derramadas en el medio ambiente desde que los campos petroleros comenzaron a producir en los años setenta (hasta el 2009).
A comienzos de 2006, el Perú comenzó a exigirles a las compañías petroleras que reinyecten las aguas de formación en pozos vacíos. Sin embargo, debido a que esta regulación no fue de carácter retroactiva, no se aplicó esta normativa a los bloques 1AB y 8, los dos mayores campos petroleros de la Amazonía peruana.
En octubre de 2006, manifestantes Achuar se apoderaron de las instalaciones de Pluspetrol en la cuenca del río Corrientes en Loreto. Una de sus demandas era la reinyección al subsuelo de las aguas de formación. Pluspetrol aceptó y completó el trabajo en el 2009. Desde ese año, las concentraciones de metales en los ríos habrían disminuido, pero los contaminantes pueden persistir en suelos y sedimentos.
Se calcula que más de 40,000 personas —principalmente indígenas achuar, quechua, kichwa, urarina y kukama— viven a lo largo de los ríos cercanos a los campos de petróleo. Hasta hace poco, los ríos, arroyos y lagos eran su única fuente de agua para beber, cocinar, lavar, bañarse y recreación.
En el 2015, como resultado de un acuerdo firmado entre el gobierno y las federaciones indígenas del Bloque 1AB, el cual fue renombrado como “Lote 192” ese año, el Estado comenzó a instalar plantas temporales de tratamiento de agua en algunas comunidades. Sin embargo, la mayoría todavía carece de un suministro de agua seguro.
El estudio plantea preguntas sobre los impactos a la salud a largo plazo que los contaminantes vertidos en los cursos de agua presentan desde la década del setenta. El peligro es que las pruebas toxicológicas realizadas ahora puede que no reflejen los impactos de décadas de exposición. Y el problema se ve agravado por la falta de estudios anteriores que reúnan datos fiables sobre la salud.
Debido a que los niveles de contaminantes en los ríos disminuyeron después de que Pluspetrol comenzó a reinyectar el agua de formación en el subsuelo, es probable que los niveles de metales como el plomo y el cadmio en los seres humanos también se hayan reducido, dijo Orta-Martínez.
Esto significa que las muestras de sangre y orina recolectadas como parte de un estudio toxicológico realizado por el Centro de Salud Ocupacional y Ambiental (CENSOPAS) a mediados del 2016, cuyos resultados aún no se han publicado, podrían no reflejar el impacto completo de décadas de exposición a tóxicos para personas que nacieron antes de 2009, cuando el sistema de reinyección fue terminado.
“Cuando viene el petróleo, aumentan las enfermedades. Creo que tiene que ver con que hay una migración de la gente (al área), trabajadores petroleros y comerciantes que llegan, y las enfermedades se propagan”.
María Antonieta Guzmán, antropóloga ecuatoriana.
La contaminación a través de los años
Según María Antonieta Guzmán, antropóloga ecuatoriana que ha estudiado las percepciones de salud y contaminación en las comunidades Kichwa asentadas en la ribera del Río Tigre en el Perú, podría ser que los resultados de los estudios recientes solo se centren en el estado de salud actual de las personas. Sin embargo, los pobladores asentados a lo largo del río Tigre, que tienen algunos de los niveles más altos de contaminantes, suelen tener una mirada distinta de la situación, porque ven el problema de una manera más amplia y que va más allá de la situación actual.
“Cuando se cambian las prácticas (con la reinyección, por ejemplo), el Estado pone el énfasis en el presente, no pone énfasis en el pasado ni en el futuro. Lo que hacen es identificar los puntos contaminados ahora, la gente afectada ahora. En cambio, la gente tiene una perspectiva que une más una experiencia pasada con el presente. El pasado no es pasado, está allí”, explicó Guzmán.
Por eso la gente recuerda todavía las temporadas cuando las aguas estaban bajas y el color del río Tigre cambió a verde. “Si te bañabas, salías blanco. Un señor decía que cuando salieron blancos, dejaron de bañarse allí. Les ardían los ojos, les ardía la piel. Les quemaba la boca. Nadie dijo que eso era dañino”, narró la antropóloga ecuatoriana.
En los primeros años de operaciones petroleras la gente recolectó crudo derramado para encender lámparas improvisadas, contó. Sin embargo, gradualmente comenzaron a ver el lado más oscuro de las operaciones, con enfermedades que no habían visto antes y con epidemias que acababan con la vida de sus niños
Infografía que ubica los pasivos ambientales y sitios contaminados en el lote 192. | Fuente:Mongabay Latam | Fotógrafo: Puinamudt.
“Cuando viene el petróleo, aumentan las enfermedades”, explicó Guzmán. “Creo que tiene que ver con que hay una migración de la gente (al área), trabajadores petroleros y comerciantes que llegan, y las enfermedades se propagan”.
Orta-Martínez y sus colegas dicen que sus hallazgos apuntan a la necesidad de ampliar sus estudios. Planean continuar explorando más a fondo los datos obtenidos hasta poder obtener un cuadro más completo de la contaminación, incluyendo un cálculo de la cantidad total de agua de formación descargada a través de los años.
Asimismo, también quieren extender el análisis a un suelo que podría haber sido contaminado por el agua de formación, dijo Raúl Yusta García, de la Universidad Autónoma de Barcelona, uno de los coautores.
Debido a los indicios de filtración de agua salada cerca de los pozos de reinyección, también es importante monitorear esos pozos e investigar el impacto generado en las aguas subterráneas de la zona para ver si han sido contaminadas por el agua de formación, dice Orta-Martínez. Esto sería especialmente importante si los planes futuros para sistemas permanentes de agua potable incluyen pozos de perforación.
Mientras tanto, las federaciones indígenas de las cuencas esperan la respuesta del gobierno peruano con respecto a una consulta a las comunidades antes de una nueva licitación del lote 192. La empresa canadiense Pacific Stratus, ahora Frontera Energy, ganó la concesión en agosto del 2015 por dos años. Según el gobierno, ese plazo se ampliará en 18 meses debido a la paralización de la operación del Oleoducto Nor Peruano a principios del 2016, después de unos derrames de petróleo. El oleoducto lleva el crudo de los lotes amazónicos a la costa del Pacífico.
La ley peruana le exige al gobierno consultar con los pueblos indígenas cualquier actividad o medida que pudiera afectar sus derechos colectivos. Voceros del Ministerio de Energía y Minas han declarado que la consulta de 2015 quedaría vigente para una nueva licitación. Según los dirigentes indígenas que estuvieron en Lima la semana del 21 de agosto para asistir a reuniones con representantes del gobierno, esa consulta carece de validez porque nuevas organizaciones se sumaron hacia el final del proceso, por lo tanto sostienen que no se llegó a un consenso y algunas organizaciones no suscribieron los acuerdos.
En una reunión con la prensa extranjera en Lima, los dirigentes de las cuatro federaciones de la zona que exige una remediación de la contaminación, además de atención de salud y otros derechos desde principios de 2000, amenazaron con un nuevo levantamiento si el gobierno no realiza una consulta. Una semana antes de su llegada a Lima, manifestantes en el Río Pastaza tomaron brevemente el aeropuerto de Andoas, que da acceso al Lote 192. Otra organización está ocupando una batería de pozos en la comunidad de Los Jardines, también en el Pastaza.
Al no llegar a un acuerdo en Lima, los dirigentes le dieron al gobierno 20 días para responder a su demanda. “A ninguna empresa vamos a aceptar si no se hace la consulta”, dijo Emerson Sandi, dirigente de la organización OPIKAFPE, del Río Tigre.
Fuente: RPP
