La Comisión Cuarta “De Desarrollo e Integración Económica, Producción, Competitividad y Complementariedad, Infraestructura y Energía” del Parlamento Andino, que eligió como su vicepresidente al representante peruano, parlamentario Juan Carlos Ramírez; aprobó el Marco Normativo para la “Lucha contra la tala y comercio ilegal de madera en los bosques amazónicos de la región andina”.
Ramírez Larizbeascoa, autor de dicha iniciativa arribó finalmente a un amplio documento elaborado en meses de trabajo y consulta con las diferentes instituciones involucradas tanto en Perú como en Colombia, Ecuador y Bolivia, países que tienen en común el reto de combatir el delito de la tala ilegal de sus bosques amazónicos.
Ramírez explicó que los crímenes forestales involucran actividades que incluyen a toda la cadena de suministro, desde la tala hasta el transporte, procesamiento y venta del recurso maderable obtenido de manera ilícita. Es necesario uniformizar criterios y marcos normativos en los países que sufrimos las consecuencias de los crímenes forestales que se han convertido en actividades altamente organizadas. Estas organizaciones aprovechan la falta de comunicación entre entidades en el interior de los países y entre los países que tienen bosques amazónicos que proteger, dijo.
El Marco Normativo se constituirá en un instrumento que oriente a un trabajo conjunto entre las autoridades forestales de los países andinos para la reducción de la tala ilegal de madera, ya la promoción de los negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos.
Dicho instrumento busca sentar las bases para la construcción de estrategias regionales que se ocupen de aspectos relacionados a esta problemática, considerando la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en la extracción de madera y la combinación de enfoques preventivos y reactivos y también transversales de género, interculturalidad y territorial que incluyen como eje de protección al bosque y las personas que allí habitan.
El Marco Normativo para la lucha contra la tala, toma como referencia las recomendaciones de la INTERPOL, la misma que afirma que las acciones de lucha contra este flagelo sean realmente efectivas, deben ser coordinadas entre las diferentes agencias de los gobiernos y estas a su vez ser apoyadas por los otros países vecinos por los que los criminales de la madera trasuntan.
Los taladores ilegales tienen acceso a grandes fuentes de financiamiento internacional y se movilizan de un país al otro para no ser detectados. Actualmente, las leyes no son drásticas y no se corresponden con la estructura de crimen organizado, quizás porque este delito no personaliza de manera inmediata a una víctima.
Para combatir la tala ilegal es necesario accionar utilizando todos los recursos de investigación encaminados sobre todo a identificar a los protagonistas de las estructuras criminales en todos sus niveles, especialmente identificar a los que lo financian como lo recomienda la Organización Internacional de Policía Criminal, sustentó Ramírez.
MARCO NORMATIVO PROPONE DEBERES ESTATALES
Los Estados Miembros del Parlamento Andino, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas Constituciones Políticas y legislaciones internas, y atendiendo a sus prioridades y recursos, deberán desarrollar y adoptar a nivel nacional las políticas públicas, estrategias, planes y programas para fortalecer la lucha contra la tala ilegal de madera y promocionar el desarrollo de negocios y cadenas de valor forestal que se abastecen de madera cosechada de forma legal en los bosques amazónicos.
Promover y difundir el intercambio de experiencias y el acceso a la información sobre las políticas, planes y programas relacionados a la lucha contra la tala ilegal de madera y comercio asociado. Combatir la corrupción en el sector forestal mediante la reducción de la discrecionalidad, la mejora de la especificidad de las normas, la implementación de auditorías, entre otras medidas.
Crear incentivos y seguridad jurídica para fomentar la inversión y el desarrollo e implementación de tecnologías y conocimientos que mejoren la productividad y competitividad de los bosques amazónicos, y fortalecer los mecanismos de control forestal, de manera colaborativa en zonas de frontera; así como los de prevención y sanciones adecuadas al incumplimiento de la normativa forestal vigente.
Desarrollar e implementar a nivel regional políticas públicas que prohíban la tala ilegal de árboles no solo en áreas protegidas sino en todos los territorios y a su vez realizar campañas de siembra de árboles de rápido crecimiento que generen el menor impacto ambiental.
GESTIÓN DE LUCHA CONTRA TALA ILEGAL DE MADERA Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS CON MADERA LEGAL
Desarrollar estrategias regionales y binacionales, y establecer acuerdos transfronterizos para luchar contra la tala ilegal de madera.
Crear seguridad jurídica e incentivos para mejorar la inversión, la productividad y competitividad de los bosques amazónicos.
El establecimiento de puestos de control estratégicos, en especial en zonas de frontera.
El empleo de tecnologías avanzadas de monitoreo satelital de bosques.
El empleo de sistemas informáticos para la trazabilidad en la cadena de custodia y suministro.
Realización de operativos orientados al control de actividades clandestinas e ilegales.
Implementación de procesos de verificación forestal.
Implementación de laboratorios forenses para la identificación de maderas.
Implementación de mecanismos de monitoreo a la maquinaria utilizada en actividades maderables.
Implementación de monitoreo forestal independiente y otras auditorías externas.
Apoyo a los procesos de debida diligencia en el comercio de madera legal.
Creación de condiciones favorables para la certificación forestal y otras iniciativas del sector privado, entre otros.
