Hace algo más de dos años, 22 comunidades, la mayoría indígenas se vieron afectadas por una docena de vertidos por fugas de crudo en el oleoducto, que tuvo que cerrar durante un año y realizar tareas de mantenimiento.
Los pueblos de la Amazonía peruana se sienten abandonados y siguen sufriendo las consecuencias de los derrames de petróleo que en 2016 tiñeron de negro los ríos donde pescan y se bañan y las tierras donde cultivan yuca, maíz y maní, base de su alimentación.
(Foto: Barbara Fraser)
«Aquí no viene nadie, nadie nos pregunta, ¿Cómo han llegado ustedes?», dice sorprendido un campesino sentado en un pequeño embarcadero, en uno de los márgenes del río Morona, cuando ve llegar a un grupo de periodistas de un país que no ha oído nunca y cuyo viaje ha organizado Cáritas Española para que tengan la posibilidad de escuchar a estos campesinos.
El último tramo de carretera está a más de siete horas a través del río. Solo se puede acceder a las comunidades del distrito Morona en embarcaciones que sortean los troncos que flotan en las aguas de color marrón rojizo de este afluente del Amazonas.
Por sus comunidades pasa el oleoducto más largo del Perú, que funciona desde 1974 transportando crudo desde los campos petrolíferos en la Amazonía del norte peruano, cruzando la selva y los Andes, hasta la costa de Bayóvar.
El Oleoducto Nor Peruano -de casi mil kilómetros- está gestionado por la empresa estatal Petroperú con un elevado riesgo para el medio ambiente por el precario mantenimiento, denuncian.
Hace algo más de dos años, 22 comunidades, la mayoría indígenas (kukama, kukamiria, shawi, wampis y awajún) se vieron afectadas por una docena de vertidos por fugas de crudo en el oleoducto, que tuvo que cerrar durante un año y realizar tareas de mantenimiento.
«Seguimos pescando por necesidad, no tenemos otro alimento, aunque sabemos que el río sigue contaminado. Estamos muy preocupados por la salud, pero nadie hace nada, ni las autoridades locales y ni el Gobierno. Nos sentimos engañados, burlados y atropellados en nuestros derechos», explica Casinaldo Núñez, un agricultor de Saramiriza, la localidad donde termina la carretera.
Los pobladores están nombrando líderes y haciendo federaciones para reclamar a las autoridades y a Petroperú que cumplan sus compromisos, como construir un pozo cartesiano en cada comunidad para tener agua para beber y «piscigranjas» para no tener que pescar en las zonas que aseguran siguen contaminadas, lo que no se ha hecho todavía.
«Siendo los productores de la riqueza de Perú, carecemos de todo», explica Carlos Luis Paifo, profesor de la escuela de Puerto América, la población más grande de esa zona, con cerca de 3,000 habitantes.
En el centro salud, que cubre todas las aldeas próximas, hay pocas medicinas y tras los vertidos han aumentado las visitas de pacientes con afecciones respiratorias (bronquitis, asma), cutáneas y dolores de cabeza, según explica el enfermero y responsable de la red de salud, Oto Torres.
El hospital más cercano está a ocho horas en lancha (en San Lorenzo) y cuentan que hace unos días murió un niño con bronquitis al no poder ofrecerle el tratamiento adecuado.
A media hora navegando se llega hasta Tierra Blanca -donde viven once familias-, punto de origen de otro de los vertidos que se extendió por la quebrada Cashacaño y continuó por los cursos de los ríos Morona y Marañón.
«El agua está contaminada, sigue bajando petróleo, cuando llueve flotan las manchas y no tenemos pozos para coger el agua, no los han construido como dijeron; tenemos que beber agua de lluvia», nos cuenta Mercedes Panduro, que está embarazada, mientras espera que lleguen sus otros tres hijos de la escuela, a la que asisten 14 alumnos.
Nos muestra lesiones en la piel de las piernas, las mismas que tiene uno de sus hijos, y dice que son por bañarse en el río.
«La contaminación sigue, con la lluvia torrencial la quebrada crece, empieza a remover y sale», confirma la profesora Nancy Vargas.
Recuerda que el vertido ha alterado la vida de esa comunidad, que tuvieron que dejar de pescar, los animales de caza se han alejado por la tala de árboles y los cultivos están afectados por la contaminación.
«Bajó el rendimiento académico de los niños por el problema de la alimentación» y -añade- fueron insuficientes los alimentos que repartió Petroperú durante los meses posteriores al vertido.
Los agricultores explican que sus cultivos no crecen como antes de los vertidos y que muchas plantas se secan cuando el río crece.
Organizaciones de la iglesia, como Pastoral de la Tierra y Cáritas, están ayudando a estas comunidades a presentar reclamos por la vulneración de sus derechos durante la explotación de recursos naturales por parte de las petroleras.
Pero también a implantar cultivos más sostenibles, incorporando a los tradicionales otros como árboles frutales y cacao.
Durante el recorrido por estas comunidades se expresan reproches hacia sus autoridades por aprovecharse del desconcierto y del aislamiento que sufren. La regidora de la provincia de Datem del Marañón, Rosana Moreno, responde: «la municipalidad no ha cerrado los ojos para no ver la realidad, pero lamentablemente a nivel nacional no nos dan inmediata solución; necesitamos recursos económicos para solucionar los problemas».
«Nos están matando, nos están exterminando la etnias por la contaminación del río de petróleo», lamenta la regidora, quien confiesa que ella ha vivido esa «cruda realidad» con la muerte de un hijo por leucemia después de haber estado consumiendo agua tras los vertidos. «A mi niño la contaminación le ha afectado», concluye.
Gestión, 11.11.2018
