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Alan Fairlie Reinoso
De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y el Grupo BID; coinciden en que el contexto actual representará uno de los peores golpes para América Latina, previendo una caída en |alrededor del 5.5% del PBI. En este escenario, los más afectados son y serán las poblaciones vulnerables, que se encuentran en situación de pobreza extrema o pobreza, y quienes depende del sector informal. Además, se han pronunciado las brechas de desigualdad pre-existentes y las diferencias sociales; demandado una mayor cohesión social.
Organismos internacionales, como la CEPAL[1], señalan que los países deben encaminarse en transformaciones profundas en el paradigma de desarrollo altamente desigual e insostenible que se ha impulsado; modificando las bases de la producción, comercio e inversión que permitan atender las externalidades ocasionadas como el cambio climático, estrés ambiental y aumento de vulnerabilidades sistémicas (la crisis por el COVID-19, una de ellas).
Las respuestas deben ser más ambiciosas y de mayor envergadura para que estén a la altura de la urgencia y reto que supone; reflejándose en las Contribuciones Determinadas Nacionalmente en el marco del Acuerdo de París, y el cumplimiento de otros compromisos asumidos en acuerdos internacionales y política nacionales. De esta manera, se exhorta a que la respuesta a la crisis por el coronavirus sea aprovechada como una oportunidad para impulsar la sostenibilidad del modelo de desarrollo que debemos construir alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.
Por su parte, la CEPAL y GIZ[2], promueven una recuperación verde post-pandemia, principalmente en los países andinos, con énfasis en una agenda ambiental y eje es la transición energética, atendiendo principalmente a los cambios urgentes que se precisan poner en marcha en las industrias extractivas; en este caso, principalmente en el sector minero. Por ende, es un desafío y oportunidad que este sector atienda y cumpla con mayores estándares ambientales y sociales para poder cumplir con las metas de descarbonización y reducción de emisiones.
De esta manera, se busca que los países andinos que se encuentran en una situación ventajosa por contar con minerales críticos para la transición que se debe emprender (como el cobre y el litio); se comprometan no solo a optar por el uso de energías renovables, sino, también emprendan acciones de transparencia en asuntos sociales y ambientales en el ámbito de sus cadenas de valor, lo cual aportaría a implementar una agenda verde de recuperación y mejoraría las condiciones del sector minero. En este esfuerzo, es clave el rol del Estado como ente regulador que promueva la adopción de estándares socioambientales.
En el caso del Perú, al parecer hay una apuesta por mantener el compromiso asumido en diversos acuerdos multilaterales, reafirmándose en la lucha contra el cambio climático. En esta línea, se instaló la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, cuyo objetivo es formular medidas de adaptación y mitigación al cambio climático en concordancia con las contribuciones determinadas como país. Adicionalmente, desde dicho foro se promoverá la coordinación entre los gobiernos locales y regionales; así como con los diferentes ministerios la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050, trabajar en la implementación de otras políticas nacionales y obligaciones internacionales que son parte de este objetivo. Los sectores o áreas priorizadas son acuicultura, agua, agricultura, bosques, pesca y salud.
Sin embargo, lo que vemos que sucede es que en el caso de la minería no sabemos hacia dónde vamos, puesto que si bien en el discurso oficial se dice apostar por la minería sostenible, las políticas que se están promoviendo por el Gobierno para incentivar las inversiones solo reflejan la profundización del modelo extractivista, que promueve la flexibilización de los estándares ambientales y de participación ciudadana que son el umbral mínimo a cumplir para proteger el medioambiente en el ámbito de las actividades del sector minero, lo cual no aporta a cumplir con las recomendaciones internacionales de mayor transparencia en el sector y el rol que debe tener en la apuesta hacia la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente.
Si bien oficialmente se argumenta que se busca destrabar las gestiones y tramitologías ( recomendación que también pone sobre la mesa la CONFIEP) para incentivar la inversión como parte del paquete de estímulo económico que viene impulsando el Gobierno, estos podrían significar serias implicancias al ambiente y a las poblaciones del entorno, lo cual refleja una relajación de la institucionalidad ambiental. En este sentido, el Estado debe mirar con mucho cuidado las medidas y modificaciones que se promuevan en el sector, así como las recomendaciones hechas por la CONFIEP[3], ya que la simplificación de procedimientos que propone, no debe ir por eliminar las inspecciones, trabajo de campo y estudios del área de influencia que son claves para identificar correctamente los impactos que puede ocasionar la actividad minera en la zona, sino también para establecer correctamente las medidas de mitigación. Asimismo, la participación ciudadana es importante para destrabar, prevenir y remediar posibles conflictos socioambientales, por lo cual los procesos de participación deben ser fortalecidos, transparentando la información económico-social-ambiental relacionada a la población; en lugar de simplemente agilizar la consulta previa y/o reemplazar el proceso de consulta previa en la etapa de exploración por el acuerdo previo de acompañamiento del Estado como se sugiere por la CONFIEP.
El Estado debe garantizar y poner por encima de los intereses económicos el bienestar de la población, analizando adecuadamente el impacto de las medidas recomendadas por el sector privado. Es importante que los avances se refuercen desde los distintos frentes, carteras y sectores, dado que es una lucha que debe hacerse transversalmente; fortaleciendo la institucionalidad ambiental y no debilitándola como es el caso de las últimas modificaciones emitidas en el marco de la regulación minera como se ha mencionado. Es urgente, el compromiso y discurso se impregne en las acciones y políticas que fomenten soluciones integrales, para conducirnos a una economía baja en carbono, socialmente inclusiva, consciente, resiliente y protectora del medioambiente.
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[1] CEPAL (2020) La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?
[2] CEPAL y GIZ (2020) Iniciativas para transparentar los aspectos ambientales y sociales en las cadenas de abastecimiento de la minería: tendencias internacionales y desafíos para los países andinos
[3] CONFIEP (2020) Agenda de Reactivación 2020
