Monto equivale al 50 % del presupuesto del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad
En los últimos cincos años, el Perú ha acumulado S/ 70 000 millones en inversiones comprometidas en 7 proyectos de infraestructura bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que asegura la ejecución de los proyectos con la celeridad de contratos y transferencia de conocimientos.
Así lo manifestó Alberto Valenzuela, presidente de la Comisión Nacional de Infraestructura durante su participación en la conferencia “Comprendiendo los Acuerdos de Gobierno a Gobierno: coyuntura y desafíos”, organizado por el Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima y Latac Business.
Entre los proyectos más representativos figuran los Juegos Panamericanos y el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios (hoy Autoridad Nacional de Infraestructura) a cargo del Reino Unido; el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (Corea del Sur); la nueva Carretera Central y los hospitales Sergio Bernales y Antonio Lorena (Francia), y la tercera etapa del proyecto Chavimochic (Canadá).
Alberto Valenzuela indicó que el monto de inversión de contratos G2G equivale al 50 % del presupuesto asignado al Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. No obstante, señaló que solo algunos de estos proyectos forman parte de este plan, tema que debería ser revisado por el Ejecutivo “a fin de generar una coherencia entre la planificación de largo plazo y las ejecuciones que se vienen dando por G2G, Asociaciones Público Privadas (APP) y obra pública tradicional”.
Añadió que, de concretarse una segunda generación de acuerdos G2G esta debería contar -además de asistencia técnica- financiamiento en el mercado internacional.
Por otro lado, para impulsar las Asociaciones Publico Privadas (APP), Valenzuela indicó que los G2G pueden ayudar con asistencia técnica a ministerios o entidades públicas concedentes (los que otorgan la concesión) de manera que estos proyectos y Obras por Impuestos puedan entregarse con celeridad. “En el caso de las APP, los proyectos se realizarían en un plazo de 2 años y no en 12 años como se da actualmente”, comentó.
Por su parte, Raúl Barrios, presidente del Gremio de Construcción e Ingeniería de la CCL, aseguró que el sector privado tiene la capacidad para desarrollar proyectos de infraestructura de gran envergadura, pero lamentablemente en el sector público la rotación de sus funcionarios por la inestabilidad de los gobiernos, afecta el pleno desarrollo de los proyectos.
“Además tenemos funcionarios públicos que no tienen confianza ni respaldo para la toma de decisiones. Igualmente contamos con una Contraloría que considera que todos somos delincuentes que, a través de sus informes, recomienda al procurador crear un proceso penal contra todos los responsables del proyecto incluyendo a empresarios”, resaltó.
Por tanto, afirma que los convenios G2G al contar con buenas prácticas internacionales respalda a empresarios y funcionarios ante cualquier opinión de Contraloría que genere un proceso judicial.
COMBINAR CONTRATOS G2G Y APP
Así también, para cerrar la brecha de infraestructura pública y reactivar la inversión en el corto plazo, Juan José Cárdenas, socio Damma Legal Advisors propuso combinar convenios G2G y APP con el fin de asegurar -en el largo plazo- mejores niveles de servicio.
En tanto, Paola Lazarte, exministra de Transportes y Comunicaciones precisó que combinar G2G y APP es una buena opción si se quiere contar con más proyectos de infraestructura en el menor plazo; no obstante, un problema que arrastra el Estado peruano es su incapacidad de elaborar acciones en materia de infraestructura relacionadas a mejorar procesos y competencias en el mercado, así como asegurar las finanzas públicas.
“Frente a la falta de visión para el desarrollo, los G2G permiten abrir caminos más eficientes en infraestructura y servicios”, comentó.
Por su parte, Amalia Moreno, GG de Integridad e Innovación Consultores S.A.C y exdirectora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, afirmó que, si bien se han logrado importantes proyectos en el país, no se había logrado adquirir una capacidad solida de gestión. Por tanto, consideró que hoy es oportuno apostar por una transferencia “real” de conocimiento, objetivo principal de esta modalidad de contratos.
En esa línea, Luis Alonso Robas, exvicecontralor de la Contraloría General de la Republica afirmó que, ante los escenarios de corrupción en años anteriores, como el Caso Lavajato y el Club de la Construcción, que generó un daño sistémico al país, los G2G han permitido generar transparencia y confianza debido a sus reconocidas prácticas internacionales.
Empero, consideró que el Estado no ha resuelto temas sustanciales para aprovechar los beneficios que conlleva estos convenios como el tema de gobernanza (para retener capital humano), el desarrollo de plataformas para una verdadera transferencia de conocimiento, etc.
