Félix Jiménez*
E1 principal problema del actual modelo económico de “mercado libre” es que las fuerzas del mercado orientan la asignación de los recursos (inversiones privadas) hacia las actividades primarias y de no-transables, y no hacia las actividades industriales manufactureras. La solución no es, por tanto, un shock de confianza para el empresariado. El gobierno les puede “jurar de rodillas a los grandes empresarios” que no se apartará del modelo neoliberal y esto no detendrá los efectos de la crisis internacional ni provocará un cambio hacia la ruta del desarrollo industrial.
La institucionalidad neoliberal es contraria a la política industrial
Optar desde el gobierno por la Política Industrial es, entonces, optar por el cambio del actual modelo neoliberal que ha estimulado el comportamiento rentista y desalentado el desarrollo de las actividades manufactureras. Desarrollar industria en el país es transformar no solo la actual manera de acumular capital y crecer, sino también las actuales instituciones políticas y económicas extractivistas.
El trato privilegiado a la inversión extranjera y las exportaciones basadas en reducciones salariales son parte de las políticas del Consenso de Washington. Ninguna de las dos generó externalidades tecnológicas y de aprendizaje para la diversificación productiva. El ministro Castilla fue y es el abanderado de estas políticas: es el campeón de los road shows externos y enemigo del salario mínimo como instrumento de política de ingresos. Con road shows internos hubiera identificado obstáculos y oportunidades de inversión privada en actividades industriales, y la inversión pública respondería a una visión de integración del país y al objetivo de estimular la inversión privada y la capacidad empresarial nacionales.
La inversión extranjera es atraída con una serie de privilegios que ponen en desventaja a la inversión nacional. Los tratados de libre comercio y la propia Constitución de 1993 permiten a los inversionistas extranjeros someter las disputas legales internas al arbitraje internacional. El neoliberalismo alienta la competencia entre los países “pobres” para atraer la inversión extranjera, con incentivos que generan comportamientos rentistas y no innovadores (race to the bottom). Ha desmantelado los estándares regulatorios. La inversión extranjera en nuestro país no es el motor del cambio tecnológico ni promotor de actividades manufactureras.
En general, los acuerdos multilaterales, regionales y bilaterales, impulsados por los neoliberales, han limitado la capacidad del Estado para emprender, con autonomía, políticas para industrializar y diversificar la producción. Los Estados Unidos son los campeones en imponer estas restricciones en los acuerdos en los que participa: son notables las cláusulas sobre el trato privilegiado a la inversión extranjera, la protección a la propiedad intelectual y el rechazo asimétrico a los subsidios a la producción agrícola de los países como el nuestro.
La política industrial: ¿un retorno al pasado?
Promover la industrialización no es invitar a retomar las políticas del pasado. Hace ya un buen tiempo que mostramos que la industrialización sustitutiva de importaciones aplicada en el país, en lugar de fomentar actividades manufactureras competitivas, alentó, al igual que el neoliberalismo actual, el comportamiento rentista y extractivista de los empresarios (véase Jiménez, F. et al. De la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal, PUCP-CIES 1999).
Ni la industrialización sustitutiva de importaciones ni el modelo primario exportador neoliberal han logrado integrar el país. La economía “moderna” sigue sin integrarse plenamente a la demografía y geografía del interior del país. No hay desarrollo industrial ni agroindustrial; no hay actividades nuevas e innovadoras en la sierra y en la selva. Por tanto, el país necesita un nuevo modelo de desarrollo que —respetando nuestra diversidad étnica, cultural y ecológica— promueva la eclosión y expansión de los mercados internos con una nueva Política Industrial, que recupere el control nacional de los recursos energéticos, y que termine con la desarticulación productiva y la ausencia de oportunidades de trabajo con ingresos dignos.
La nueva Política Industrial requiere, por tanto, que el Estado recupere su soberanía, es decir, su capacidad de impulsar la diversificación productiva, convirtiendo las restricciones potenciales del actual entorno internacional —como dice D. Rodrik (2004)— en oportunidades. La búsqueda de mayor acceso a los mercados a costa de la capacidad promotora del Estado es un mal negocio. La nueva Política Industrial debe ser concebida como un proceso de interacción entre el Estado y los empresarios privados nacionales, para desarrollar mercados internos —sin cerrarse al mundo— con inversiones en infraestructura, en educación, en programas específicos de capacitación, en ciencia y tecnología apoyando el surgimiento de actividades nuevas, y con un mercado de capitales para financiar las inversiones privadas nacionales.
A modo de conclusión
Optar por la ruta de la diversificación productiva y el desarrollo industrial supone cambiar de raíz las instituciones políticas extractivistas que son las que conspiran contra el desarrollo inclusivo y contra la democracia y la libertad republicanas. La nueva Política Industrial requiere de instituciones políticas inclusivas.
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* Economista, Profesor Principal de la PUCP.
La Primera, Lima 17-08-2013, p. 15
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