Félix Jiménez*

No es posible industrializar el país sin una deliberada intervención del Estado. En una economía primario exportadora —desconectada de la geografía y demografía, y cuya dinámica responde a los mercados externos—, sus mercados internos —poco desarrollados o inexistentes en la sierra y en la selva del país— no pueden revelar rentabilidades de inversiones en actividades productivas que aún no existen. Sin embargo, de aquí no puede inferirse que es responsabilidad exclusiva del Estado el revelar las rentabilidades de potenciales actividades industriales a lo largo y ancho del país, ni que es el Estado el que tiene que asumir la tarea de la diversificación, involucrándose en actividades empresariales. Para no repetir los errores del pasado, la industrialización debe ser de nuevo estilo; debe ser el “resultado de una acción concertada del Estado y de la recíproca colaboración público-privada”.

La importancia de las instituciones: extractivismo versus inclusión

La historia de nuestro país independiente registra la presencia, sin solución de continuidad, de instituciones políticas y económicas extractivistas. La industrialización de los años 1960 y 1970 fue espuria: generó una industria no competitiva y fomentó el extractivismo rentista. Los “industriales” de esa época ganaban lo que gastaba el Estado. Con la actual reprimarización neoliberal, ocurre lo mismo. Los inversionistas primario-exportadores usufructúan de la renta natural de los recursos y de sus altos precios en los mercados internacionales. Este extractivismo, al apreciar nuestra moneda y generar “enfermedad holandesa”, neutraliza los esfuerzos por elevar la competitividad de las actividades transables e impide “cerrar la brecha de productividad que tenemos con los países desarrollados”.

El actual crecimiento primario-exportador es resultado de instituciones extractivistas que no fomentan la competencia, que no incentivan la innovación ni la diversificación productiva, que favorecen la concentración de la propiedad y la posición de dominio, que son enemigas de la regulación de los mercados, y que disfrutan manteniendo salarios bajos. Por tanto, ni este modelo neoliberal ni la industrialización de viejo estilo, ambos extractivistas, pueden constituir el camino para la diversificación productiva. Las instituciones políticas y económicas del extractivismo son funcionales, se autorrefuerzan.

Una industrialización de nuevo estilo debe fundarse, entonces, en instituciones económicas inclusivas que —en el caso de nuestro país— deben conducir al desarrollo de mercados internos con igualdad de condiciones y oportunidades económicas para todos, propiciar su integración política y social, orientar la asignación de las inversiones hacia la diversificación productiva, y estimular el desarrollo del capital humano y las innovaciones tecnológicas. Estas instituciones económicas, por su propio carácter inclusivo, son contrarias al dominio de los mercados por los grupos de poder económico.

El republicanismo y las instituciones políticas inclusivas

Una industrialización basada en la concertación y colaboración público-privada debe ser el resultado de la construcción de instituciones políticas también inclusivas. “Nadie echa vino nuevo en odres viejos —decía Jesús— porque los odres viejos se rompen y el vino se derrama […]; pero si echan el vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente” (San Mateó 9: 17).

Las instituciones políticas inclusivas y los procesos políticos que estas generan son los que determinan —como dicen Acemoglu y Robinson— el carácter inclusivo de las instituciones económicas. Si hay canales de participación ciudadana y mecanismos de control de los gobernantes, si se preserva y respeta los derechos políticos y civiles de los ciudadanos, si el poder político está ampliamente distribuido en la sociedad, si hay normas que efectivamente impiden y sancionan el uso del poder del Estado por los “políticos” y burócratas en beneficio propio, si el Estado es soberano y tiene capacidad para regular la sociedad y los mercados, si hay división de poderes y efectiva limitación recíproca de los mismos, si las decisiones del gobierno se subordinan al logro del bien común, en fin, si el “contexto político” es inclusivo, entonces “emergerán” las instituciones económicas inclusivas con los incentivos para la innovación y la diversificación productiva.

El país no tiene este tipo de instituciones políticas. La democracia que practicamos nos ha convertido en “esporádicos electores, sin influencia relevante en las decisiones del gobierno”. No se fomenta la virtud cívica ni la libertad como ausencia de dominación. Por tanto, la democracia tiene poco que ver con un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esto tiene que cambiar. De acuerdo al Republicanismo que inspiró la elaboración del plan La Gran Transformación, se tiene que reorganizar el poder político, y transformar el Estado para hacerlo promotor del desarrollo, con “base al acuerdo y consentimiento libre de todos los ciudadanos”, incorporando mecanismos que aseguren un efectivo control y supervisión del ejercicio del poder político, de forma tal que siempre se oriente a la consecución del bien común.

A modo de conclusión

No es la “debilidad de las instituciones” la que impide aprovechar el “boom de los altos precios de los minerales”, sino las instituciones extractivistas del actual modelo neoliberal.

La Primera, Lima 31-08-2013, p. 15.

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* Economista, Profesor Principal de la PUCP.