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Jorge Manco Zaconetti
Aprovechando la visita del Papa León XIV y el espíritu de concordia que debiera existir entre los peruanos, el gobierno de la Sra. Keiko Fujimori contra toda lógica, racionalidad económica, y atentando contra la seguridad energética, este 17 de noviembre firmará la Novena Adenda al Contrato Boot de Concesión de Distribución de Gas Natural por “Red de Ductos en el Departamento de Lima y La Provincia Constitucional del Callao” que en el artículo segundo tiene como objetivo “Incluir como parte del Área de Concesión de GNLC (gas licuefectado) a los departamentos de Ucayali, Junín, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho. Cusco y Puno…”
En cristiano esto significa que las empresas colombianas que controlan Cálidda, el Consorcio responsable de la distribución del gas natural para Lima y Callao desde el 2005, conformado por Energía de Bogotá (60%) y Promigas (40%) quieren extender su “monopolio natural” una red de gasoductos y ductos, que dicho sea de paso ha sido financiado por los millones de usuarios de Lima y Callao, que vencía el 2033 y todo esos activos pasaban a ser propiedad del Estado a “título gratuito” es decir a costo cero, ahora pretenden ampliar dicho contrato hasta el 2043, con el caramelo de llevar el gas natural licuefactado a las 7 regiones.
Incluso desoyendo las observaciones técnicas del ente regulador responsable: Osinergmin; pues la argumentación lobista es Consorcio Camisea más TGP más Cálidda: más inseguridad energética que tales observaciones no serían vinculantes. Es decir, estamos ante la fuerza del gran capital que controla el Consorcio Camisea, TGP la empresa Transportadora de Gas del Perú, Cálidda más el Consorcio exportador de Perú LNG y por último la empresa estatal china CNPC que es titular del lote 58, próximo de realizar operaciones comerciales, especialmente para la exportación.
Esto es grave y un atentado contra los bolsillos de millones de usuarios de Lima y Callao por los mayores precios del gas natural que se tendría que pagar a partir del 2033 por una infraestructura que según el contrato original sería propiedad del Estado, que tenía la obligación de negociar en mejores condiciones.
Pero qué se puede esperar de un ministro de economía y finanzas (MEF) como Elmer Cuba, miembro y director de Macroconsult, la más importante empresa formadora de profesionales lobistas, que tiene como clientes al Consorcio Camisea, a TGP, Perú LNG, Cálidda, empresas eléctricas, mineras, las AFP, Bancos, etc., entre otras empresas que conforman el “cogollo” privilegiado de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) Lo mismo se puede decir del ministro de energía y minas Guillermo Shinno Huamaní que el próximo martes 17 está citado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que preside la diputada Yenifer Paredes de “Juntos por el Perú”, que entre otros asuntos deberá responder sobre la Adenda Novena con Cálidda, y los presidentes de PetroPerú y Perúpetro sobre el cuestionado contrato del lote 192, donde la petrolera estatal estaría asumiendo las “arrugas” de la empresa fantasma Altamesa SAC por más de 60 millones de dólares.
DISTRIBUCIÓN CON CUMBIA
En verdad, los capitales colombianos con diversos nombres tienen una “posición de dominio” en la distribución del gas natural. En Lima y Callao que se constituye en el principal mercado con más de 2 millones de usuarios residenciales y comerciales que no consumen ni el 6 % del gas natural proveniente del Campo de Malvinas en la provincia de La Convención Cusco.
En verdad, el grueso del gas natural proveniente del lote 88 el único que tiene precio regulado, entiéndase barato, es consumido por las 38 empresas de generación eléctrica donde la mayor parte están ubicadas al sur chico de Lima, entre Lurín y Chilca.
Estas empresas de generación eléctrica representan en promedio el 60 % de la demanda de gas natural del lote 88 que comercializa un promedio de 700 millones de pies cúbicos diarios, y reinyecta desde el 2015 un promedio de 300 millones de pies cúbicos diarios con el argumento falaz que no existiría mercado interno suficiente.
Lo cierto y evidente es que Energía de Bogotá con el 68.58% de participación y su filial TGI (Transportadora de Gas Natural Internacional) con el 31.42 % de participación distribuyen y comercializan mediante ductos el gas natural en la región de Ica, llevando gas a las provincias de Pisco, Chincha, Ica, Nazca y Marcona.
Por tales razones son los principales interesados en la construcción del gasoducto costero para trasladar el gas natural del lote 88 hacia Mollendo, Ilo, Matarani donde se ubican las centrales de generación eléctrica con una potencia superior a los 2,000 megavatios denominada “reserva fría” que en las horas punta de 18 a 23 horas tienen que producir electricidad quemando petróleo diésel 2. Un combustible caro y contaminante.
La posición de los colochos se extiende aún más con la empresa QUAVI que con el nombre Gases del Pacífico SAC y su filial en el Perú controladas por PROMIGAS se encarga de trasladar y distribuir en camiones cisterna el gas natural licuefectado, es decir el gas natural enfriado a bajas temperaturas. Así, llevan el gas natural en estado líquido tratado en “Pampa Melchorita” de Perú LNG (Cañete-Lima) hacia Chimbote, Pacasmayo, Trujillo, Chiclayo y Cajamarca.
Este gas natural es regasificado, es decir convertido nuevamente en estado gaseoso en pequeñas plantas de regasificación en las principales ciudades, donde abastece a los grifos, empresas pesqueras e industriales y con una red de ductos abastece a miles de hogares, los cuales tienen que asumir un precio mayor en relación a los usuarios de Lima y Callao, por los diferentes costos que tienen que asumir.
Por último, como “pera en dulce” está GASNORP, conocida como Gases del Norte del Perú SAC, que resulta siendo una subsidiaria del holding correspondiente a PROMIGAS. Esta empresa es responsable de recolectar el gas de los productores de gas natural de Talara, lotes I, II, IV pero sobre todo del Zócalo Continental Z-69 y el lote X. Tiene una red de gasoductos que constituye la forma eficiente de distribuir y comercializar el gas natural.
En resumen, Energía de Bogotá y PROMIGAS por medio de Cálidda, Contugas, Quavi, Gasnorp tienen una posición de dominio sobre la distribución y comercialización del gas natural en nuestro país. Evidentemente con el Gasoducto Costero de Marcona (Ica) a Mollendo, Ilo, Matarani (Arequipa / Moquegua) tal posición de dominio se reforzaría, cuando lo recomendable sería fomentar la competencia como lo sostiene la Constitución Política de 1993.
Si se tiene presente que la firma de la Novena Adenda al Contrato firmado entre el Estado Peruano y la empresa Cálidda más conocido como Distribución de Gas Natural a 7 Regiones tendría un valor de inversión de US $ 420 millones según la propia presentación del ministro del sector. Cuando lo técnico económico y racional es terminar con la construcción del
Gasoducto del Sur que está en un 30 % avanzado y los ductos tendidos.
Es más, con la misma información oficial esta “trucha” masificación del gas natural resulta limitada por decir lo menos en cuanto a los beneficiarios. Tan es así que al décimo año de la extensión contractual (2043) se tendrían en las 7 regiones apenas a 201 mil personas conectadas. En verdad, una burla para nuestros hermanos de la Macrosur.
Solamente el Cusco tendría 31,217 beneficiados en los próximos 10 años (2043), en la capital de la provincia de La Convención, Quillabamba, provincia donde yacen las reservas de gas natural, tendría apenas 834 familias beneficiarias, y la provincia intermedia Calca, donde se guardan los tubos oxidados, unas 1,266 familias.
Esta no es solamente una burla para la población de la Macrosur del Perú, expresa las características de un “modelo extractivista” que refuerza el centralismo limeño que ahoga las posibilidades industriales del sur peruano, pues el gas natural llevado en camiones cisterna tendrá un costo mayor al de los usuarios de Lima y Callao.
Lima siempre de espaldas al Perú profundo, se imponen las reglas del Gran Capital.
Diario Uno, 14.11.2026
