Pasado, presente y futuro de la demanda
(
Primera parte)
por Víctor Mejía Franco (1)
Los peruanos nos hemos preguntado últimamente cómo es que estamos en una demanda judicial enfrentando a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, teniendo en cuenta la innegable posición chilenófila del actual gobierno. ¿Se sintió el Presidente presionado tan fuertemente que tuvo que hacer algo que no quería, después de habernos demostrado que sus preocupaciones son preferentemente prochilenas? Recuerdo que siendo aún candidato regresó de uno de sus viajes a Chile, recomendando que el Perú debía exportar su gas a Chile, porque los chilenos lo necesitaban. A los pocos días de iniciado el nuevo gobierno, se suscribió apresuradamente el TLC con ese país, disfrazado de “Acuerdo de Complementación Económica”.
De otro lado, hemos observado que en los fundamentos del trazado de las Líneas de Base del litoral peruano, que la Marina de Guerra acaba de realizar, se nota la tendencia “convencionista” del comando naval, cuando se aprueba que dicho trabajo esté referido a la “normatividad internacional”, concretamente a la Convención de las Naciones Unidas sobre derecho del mar, de la que el Perú no es parte ni debiera serlo nunca. Es decir, el Perú exhibe ahora la utilización práctica de una normatividad que legalmente le debe ser completamente ajena, teniendo en cuenta que dicho tratado es violatorio de la Constitución del Estado (Art. 54).
También se aprecia, en los artículos 7 y 8 de la demanda, que el Perú funda su reclamo en disposiciones contenidas en la Convención del Mar antes citada, sin necesidad alguna, y en este caso clamorosamente contraproducentes, por la incompatibilidad constitucional antes señalada, entre otras sustanciales razones. Los principios jurídicos en los que el Perú puede basar su reclamo son tan contundentes que no necesita de la Convención del Mar para nada, salvo que como sospechamos, el uso de las disposiciones de ese tratado tenga motivaciones traicioneras.
Cuando estudiamos la realidad histórica presente, descubrimos que por carencia de conocimientos mínimos de geopolítica de parte del gobierno actual y de los anteriores, y por la falta de un instituto nacional de planificación ó similar, no existe una política permanente de defensa de la soberanía nacional que todos los gobiernos estén obligados a respetar. Entonces la política mediata queda librada a los intereses del gobierno de turno, que en este caso ha trabajado ingenua ó taimadamente a favor de Chile, al incapacitarse a sí mismo para obligar a ese país a sentarse en una mesa de negociación y obtener así una solución al diferendo marítimo.
En efecto, antes de presentar la demanda, ya se había agotado la vía diplomática para la solución directa del problema, porque para entonces el Perú ya había cedido a Chile todas las cartas que debieron servirle para presionar a favor de los intereses peruanos. El Perú ya había dado a Chile todo lo que pidió, por ejemplo el gas, el TLC, nuestro mercado abierto de par en par a los intereses chilenos, con privilegios que muchos empresarios peruanos envidiarían. La única cosa que ”todavía” no le dio es nuestro ingreso a la Convemar. En tales condiciones la ingenua petición que el Perú presentó para negociar el tema marítimo directamente y recuperar la renta de $ 800 millones de dólares anuales que producen a Chile los 37,900 km2 de mar territorial peruano usurpado, sería risible si no pusiera al descubierto la inopia de que adolece nuestra clase política. (Continuará)
Lima, 09 de Febrero de 2008.
(1) De la Comisión Patriótica para la Defensa del Mar de Grau.
www.comisionpatriotica.org
