Arzobispado no inició litigio contra la Católica

Insta a la Universidad Católica debe cumplir legado de Riva Agüero

En respuesta a un comunicado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde asegura que el Arzobispado de Lima interpuso hace 12 años una demanda contra dicha casa de estudios, el Arzobispado aclaró que no inició tal demanda.

Posteriormente, el 5 de marzo de 2007, la PUCP interpuso una demanda judicial contra el Ing. Walter Muñoz Cho, persona designada por el Arzobispo de Lima para integrar la Junta de Administración instituida por don José de la Riva Agüero y Osma, encargada de administrar, de manera perpetua e insubstituible, el cuantioso patrimonio que dejó a favor de la citada universidad. Esta demanda fue, a propia petición de la PUCP, notificada también al señor Arzobispo de Lima, explica el comunicado.

“Dicha acción judicial buscaba legalizar el ineficaz acuerdo adoptado aparentemente el 13 de julio de 1994 por los señores Salomón Lerner Febres y Carlos Valderrama Adrianzén, que eliminaba el funcionamiento principal de la Junta de Administración, cual es el velar por la adecuada administración del patrimonio heredado, pretendiendo limitar su actuación al cumplimiento de encargos religiosos y mandas menores”, aclara.

“En consecuencia, NO ES VERDAD que el Arzobispado de Lima haya iniciado una larga contienda contra la PUCP, ni, menos aún, que ésta dure doce años.  FUE LA PUCP LA QUE INICIÓ LAS ACCIONES JUDICIALES CONTRA EL ARZOBISPADO DE LIMA EN EL AÑO 2006; esto es, hace cinco años. No conocemos ningún diferendo iniciado hace doce años, como sostiene el Rectorado”, indica el comunicado. 

“También ES FALSO que el Arzobispo de Lima haya, en alguna oportunidad, iniciado una acción judicial contra dicha universidad. Por el contrario, es el Rectorado que, sin respetar  principios elementales que deben guardar los miembros de la Iglesia, ni normas expresas del Derecho Canónico a las que se encuentran obligados sus integrantes, ha demandado judicialmente al señor Cardenal Arzobispo de Lima, su Gran Canciller”, señala.

“La afirmación del Rectorado, consistente en señalar que con la medida dispuesta judicialmente por la Quinta Sala Civil de Justicia de Lima se busca asfixiar a la universidad, resulta inverosímil, pues lo ordenado no sólo encuentra amparo en el artículo 2019.° del Código Civil, sino que, además, es acorde con la transparencia que debe orientar a toda institución, pues aquello que se inscribirá en los Registros Públicos, no es más que la voluntad de Riva Agüero, ratificada por el Tribunal Constitucional.  Buscar ocultar ello no se condice con un actuar de buena fe”, concluye el Arzobispado.