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Debido a la ausencia de efectivos policiales y la desaparición de líderes de sus comunidades, la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), en Pasco, anunció que se defenderán por su cuenta.
Foto: AnapPichis.
Tras el asesinato de líderes de comunidades ubicadas en Pasco, la Asociación de Nacionalidad Asháninka del Pichis (ANAP), que representa a más de 12 mil indígenas en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución en esa región, anunció que enfrentarán la delincuencia y al narcotráfico de manera directa, recoge una reciente nota de Ojo Público.
“Si seguimos [a la espera] de los operadores de justicia y gobernadores de turno, seguiremos muriendo y desapareciendo”, indica el documento publicado por la asociación que hace muchos años formó un ejército para enfrentar al terrorismo.
Al ser consultados por el medio en mención, la Defensoría del Pueblo informó que no tenía conocimiento sobre lo sucedido con ambos líderes, mientras que el Frente Policial Puerto Inca y el Ministerio de Justicia manifestaron que continúan en etapa de investigación.
“Vemos que la Policía no hace nada, los hermanos desaparecen y no hay ningún responsable castigado. Por eso, vamos a enfrentar al narcotráfico, como lo hicimos con el terrorismo en los años 80 y 90”, precisa Jennrri Zegarra, un apu que representa a 147 comunidades asháninkas en Puerto Bermúdez (123) y Constitución (24).
Según el especialista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, en la zona que comprende diversas comunidades en Pasco, la actividad ilegal relacionada al comercio de cocaína se habría triplicado. Esto debido a la falta de controles policiales.
“En la actualidad calculamos que Pichis-Palcazú-Pachitea es la segunda cuenca importante del narcotráfico en el Perú junto con Putumayo en Loreto y después del Vraem”, precisó Antezana y agregó que en esta zona siempre se han construido “narcopistas” para hacer los envíos de cargamentos de pasta básica de cocaína (PBC) a Bolivia y Brasil.
Problema territorial e impunidad
Para Katherine Sánchez Lozano, del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esta problemática que viven muchos pueblos indígenas guarda una clara relación con los problemas de titulación y zonificación en territorio nacional.
“Al continuar este problema, vamos a ver a comunidades que se organicen entre ellas para tratar de evitar que les quiten territorio que es lo que están haciendo. Esto se ve mucho en Ucayali, en Huánuco, en Junín. Es la misma dinámica donde los pueblos indígenas no cuentan con títulos y hay mucha gente alrededor aprovechándose. Muchos gobiernos regionales tienen, incluso, el pendiente de zonificación […] Hay comunidades que no tienen ni lo más básico para tener un título de propiedad. Eso hace que en algunos casos genera mayor facilidad el tráfico de tierras”, comenta Sánchez Lozano.
Otro tema a tomar en cuenta es la impunidad con la que muchas mafias operan en estas zonas donde habitan comunidades, pese a la aplicación de mecanismos judiciales como protección provisional. ¿Pero qué pasa cuando la Policía se retira? ¿Quiénes protegen a estas poblaciones?
“Hay zonas donde ha habido asesinatos y no hay una sentencia. No hay ni procesos penales iniciados por asesinatos de líderes indígenas en la zona. Esto deja un claro mensaje para que la actividad ilegal avance […] Si no viene la policía, no viene nadie a investigar estos crímenes, ¿qué hago?”, reflexiona la experta de la SPDA.
