Exigen derogación de decretos supremos y de urgencia relacionados a la competitividad y productividad, negociación colectiva, régimen agrario, entre otros. Piden reposición de trabajadores despedidos y renuncia de autoridades de Imarpe y Petroperú.
Trabajadores de los principales sectores económicos del país, así como del sector público y autoempleado, pertenecientes a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT Perú), realizarán una jornada de movilización de 48 horas, un plantón en sus sedes laborales el 18 de marzo y una marcha nacional con los demás gremios el 19 de marzo, en todo el país, y presentarán una agenda unitaria integral al Presidente de la República, a los gobiernos regionales, y a los gobiernos locales.
Asimismo, el presidente de la CUT Perú, Julio César Bazán Figueroa, exigió la reposición de los trabajadores despedidos, la solución de los pliegos, en dichos sectores y la renuncia de las autoridades de Imarpe, de Petroperú (su presidente) y otras, que persisten en actos de corrupción o mal manejo de instituciones públicas, tal es el caso de la cuota de pesca de anchoveta juvenil y los insultos del señor Carlos Paredes Lanatta a la ministra de Economía y Finanzas, por una deuda millonaria de la institución que preside.
Estos fueron los principales acuerdos del Consejo Directivo Nacional de la CUT Perú, realizado este fin de semana, con la finalidad de analizar el desempeño empresarial y gubernamental, a nivel nacional e internacional, y el accionar de las organizaciones sindicales y el rol de los partidos políticos, en el país.
A la reunión, asistieron representantes de los sectores petroleros, pesqueros, de telecomunicaciones, portuarios, agrarios, campesinos y artesanos; así como de los sectores de autoempleados, de la microindustria, del comercio ambulatorio, de la estiva y de los servicios menores, y del sector público.
Principales acuerdos y demandas
La CUT Perú informó que el 18 y 19 de marzo se realizará una jornada de movilizacion de 48 horas, en rechazo a las políticas antilaborales de las empresas y entidades públicas y de exigencia para derogar las siguientes normas, por obviar el diálogo social y/o por ser contrarias a los derechos laborales:
- ·Decreto Supremo N° 345-2018-EF, que aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP);
- ·Decreto Supremo N° 237-2019-EF el Plan Nacional de Competitividad y Productividad;
- ·Decreto de Urgencia N° 043-2019 que modifica la Ley N° 27360, para promover y mejorar las condiciones para el desarrollo de la actividad agraria;
- ·Decreto de Urgencia N° 014-2020, que regula disposiciones generales necesarias para la negociación colectiva en el sector público;
- ·Decreto de Urgencia N° 016-2020 que establece medidas en materia de recursos humanos del sector público; y
- ·Decreto de Urgencia N° 020-2020 que modifica el Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje.
Asimismo, las organizaciones sindicales y sociales exigen a los partidos políticos democratizarse y realizar reformas en beneficio de la agenda social y laboral en la empresa privada, en la administración pública y los autoempleados, así como efectuar un verdadero cambio en el país mediante una nueva constitución política.
La CUT Perú invocó a las organizaciones sociales y sindicales a asumir roles, más allá de sus reivindicaciones económicas y gremiales, que sean acordes con la necesidad de cambio, crecimiento y desarrollo del país.
Políticas y normas sin justicia social
El Consejo Directivo Nacional de la CUT Perú argumentó que la jornada y la movilización de los días 18 y 19 de marzo se sustentan en primer lugar, que las empresas multinacionales y sus filiales en Perú, así como las empresas nacionales, agremiadas en Confiep, continúan implementando políticas de reducción de derechos laborales en contradicción de los convenios internacionales.
En segundo lugar, los sucesivos gobiernos, so pretexto de promover la inversión y mejorar la competitividad y productividad, han promulgado normas con pésimos resultados como el crecimiento del desempleo, el aumento de la precariedad laboral, el abandono a los autoempleados y el incremento de accidentes de trabajo, con 200 casos registrados el año 2019, sin contar los casos no registrados como tal, que son la mayoría.
En tercer lugar, la acción de defensa de la organización sindical es dispersa, lo que ha sido aprovechada por el sector privado y el mismo Gobierno, que promueve el resquebrajamiento del diálogo social institucionalizado, aprobando normas sin la participación de los trabajadores, lo que genera un Estado sin desarrollo equitativo ni progreso y justicia social, con trabajo decente.
Y en cuarto lugar, los partidos políticos no permiten la participación directa de las organizaciones sindicales, contradiciendo su discurso de supuesta libertad, desarrollo y crecimiento.
