PROJUR contra DL 1015

José Regalado, Director Ejecutivo del Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (PROJUR), advirtió que el impacto del DL 1015 es preocupante porque puede resultar en la desaparición de las comunidades campesinas, el incremento de la conflictividad por tierras, y en la venta indiscriminada de las mismas hacia terceros.

"También se ha vulnerado los artículos 2.° (inciso 19), 88.° y 89.° de la Constitución, por los cuales el estado peruano reconoce el derecho de propiedad de la tierra de las comunidades campesinas y nativas, así como la autonomía comunal", puntualizó el Director Ejecutivo de PROJUR.

Acciones inmediatas

En respuesta a la posición del gobierno, el PROJUR, cuyo ámbito de trabajo son las zonas rurales y comunidades campesinas de Apurímac y Cajamarca, iniciará una campaña de información por medio de sus consultorios jurídicos gratuitos y organizará actividades de difusión para informar a los comuneros sobre las implicancias de la norma.

Asimismo, PROJUR, junto a otras instituciones y expertos, está evaluando las medidas legales a nivel nacional e internacional que se pueden presentar contra el DL 1015, al haber una evidente violación de la legislación vigente para pueblos indígenas.

PROJUR advierte implicancias negativas

Esta norma abre la posibilidad a que un grupo reducido de una comunidad, que no representa a la mayoría, pueda votar la aprobación de una decisión tan importante como es la posible venta o parcelación de sus tierras, decisión que afectaría a todos los comuneros.

El peligro que encierra este decreto, además de la probable disolución de las comunidades aprobada por una minoría, es que los inversionistas privados tendrán el camino libre para hacerse de las tierras comunales que guardan valiosos recursos naturales y así puedan ser explotadas libremente, dejando de lado los procesos de consulta con las comunidades antes de realizar actividades de exploración o explotación.

Finalmente, PROJUR espera que esta norma sirva como oportunidad para debatir la carencia de políticas públicas destinadas a una verdadera mejora de la calidad de vida de los comuneros y la seguridad de sus territorios y recursos naturales.