SERVIR: ¿Entidad Espuria?
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) es una entidad pública creada por un decreto manifiestamente inconstitucional. El estudio realizado por el constitucionalista Francisco Eguiguren sobre los decretos legislativos aprobados por el Ejecutivo, en el marco del TLC-USA, concluye enfáticamente: “Se ha procedido a realizar una reforma de la estructura organizacional del Estado. Esto tiene un alcance general que no guarda relación o vinculación estricta con el TLC y constituyen temas que debieran ser debatidos en el Congreso. Por lo tanto, hasta 2/3 de los decretos podrían ser considerados inconstitucionales”.
Toda delegación de facultades requiere una ley autoritativa previa del Parlamento. Para el caso del TLC, la ley 29157 le otorgó al gobierno un marco regulatorio específico para adecuar la normativa nacional a las exigencias de Norteamérica. Sin embargo, el gobierno aprista ha rebasado arbitrariamente los límites previstos por la ley autoritativa. Prueba de ello es la existencia de una serie de materias aprobadas por decreto que no guardan relación alguna con el tratado comercial. Precisamente, en el marco de la implementación del TLC, fueron aprobados 4 decretos legislativos sobre función pública: El DL 1023 crea SERVIR como el órgano rector del servicio civil, cuya atribución primordial es la regulación de políticas para la gestión de recursos humanos en todos los niveles de la administración; el 1024 regula el cuerpo de gerentes públicos; el 1025 prevé disposiciones para la capacitación y rendimiento de los servidores públicos; y el 1026 faculta a los gobiernos subnacionales para modernizar sus administraciones públicas. ¿Este paquete normativo tiene algo que ver con el TLC?
Me temo que NO. El servicio civil no tiene vinculación directa con temas mercantiles, arancelarios, industriales, de promoción comercial o inversión económica productiva, razón por la que cabe concluir la inconstitucionalidad de los 4 decretos. SERVIR es a todas luces una entidad pública espuria, viciada de inconstitucionalidad no sólo por la inexistencia de un nexo relacional con la implementación del TLC, sino también porque su creación como órgano público descentralizado y como pliego presupuestario es materia reservada a ley y no a un decreto legislativo.
No hay que olvidar que la ley general del sistema nacional de presupuesto prevé que sólo por ley pueden crearse nuevos pliegos presupuestarios. El mismo vicio de inconstitucionalidad e ilegalidad cabe sostener respecto a la instauración del Ministerio de Ambiente (DL 1013) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (DL 1088). Más grave aún fue la regulación por decreto de los recursos naturales y el medio ambiente, pues la propia carta magna prevé ley orgánica para dicha temática.
Ahora bien, SERVIR no sólo es espuria sino también infuncional. Sus cuatro gerencias de línea están pintadas e infestadas de seudo profesionales que vienen demostrando ineptitud para instaurar un servicio civil profesionalizado e incompetencia para lograr una gestión eficiente del personal al servicio del Estado. Para muestra un botón. SERVIR está tercerizando a consultores externos la implementación de 4 productos: Evaluación del desempeño del personal en el Poder Ejecutivo, a partir de prácticas del sector privado corporativo; identificación y análisis de prácticas internacionales de evaluación de personal en entidades públicas; diseño e implementación de evaluación de desempeño para SERVIR; identificación rápida de necesidades de actualización en temas relativos a gestión pública en Lima y 8 departamentos.
¿Cómo es posible que el ente rector de los recursos humanos no pueda elaborar un método para evaluar el rendimiento de los servidores públicos del Ejecutivo?, ¿Es concebible, acaso, que SERVIR sea incompetente para implementar indicadores de desempeño para su propio personal?, ¿No es inaudito que una entidad pública como SERVIR promueva prácticas de evaluación de desempeño propias del sector privado?, ¿Para qué sirve SERVIR?
Sin duda alguna, esta entidad adscrita a la PCM fue instaurada por el APRA como agencia de empleo para militantes, simpatizantes y allegados manifiestamente ineptos para la gestión pública. La ciudadanía está advertida, y los gobiernos subnacionales alertados para no dejarse sorprender con programas inertes provenientes de esta entidad o con figuras jocosas como el altisonante cuerpo de gerentes públicos.
SERVIR, sencillamente NO SIRVE para el servicio civil del Perú, ni mucho menos para gestionar el personal de los tres niveles de gobierno.
El Regional de Piura.
