De esta manera se propone modificar el artículo 22º del Decreto Legislativo Nº 1070 “Ley de Conciliación Extrajudicial”
Los conciliadores extrajudiciales deben realizar obligatoriamente un período de prácticas previo al ejercicio de la función de conciliador extrajudicial, que complemente los conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias para gestionar los conflictos puestos en su conocimiento, declaró la congresista Ana María Solórzano.
La Parlamentaria sostuvo que se propone establecer un período de prácticas obligatorias de 80 horas continuas, antes de ejercer la función como conciliador extrajudicial; esta modificatoria a la Ley de Conciliación en la formación de los conciliadores extrajudiciales es buscar complementar la preparación teórica con un período de prácticas
La capacitación de los conciliadores a la fecha, solo abarca una preparación teórica cuyos resultando son deficientes; pues, la actividad del conciliador es eminentemente práctica, lamentablemente el conciliador al no recibir un período de consolidación práctico no tiene la capacidad de ayudar a los ciudadanos a comunicarse y resolver sus problemas, señalo.
Solórzano Flores, detalló que el proyecto busca elevar la competitividad del marco normativo de la Conciliación Extrajudicial, para hacerla más eficaz y asegurar su eficiente utilización y técnica.
Permitirá, la mejora en la prestación del servicio de conciliación extrajudicial evitándose el incremento innecesario de los costos y tiempo por la mala praxis del conciliador, enfatizó la parlamentaria.
Se evitara así, que los conciliadores extrajudiciales por falta de experiencia incurran en errores que impidan la consecución adecuada de acuerdos entre las partes.
Finalmente informó 0que actualmente en más del 60% del territorio nacional y próximamente en todo el país, los ciudadanos tienen la obligación de acudir a un Centro de Conciliación Extrajudicial para resolver sus problemas, antes de recurrir al Poder Judicial.
Esta situación ha generando una creciente demanda de conciliadores extrajudiciales, quienes debido a la necesidad del mercado no se capacitan de forma adecuada para brindar un servicio eficiente; sino por el contrario, su falta de preparación está ocasionando perjuicios en el ciudadano debido al incremento en tiempo y dinero que invierten sin poder obtener resultados positivos, acotó.
