Álvaro Uribe, amenaza y sinvergüencería

En muy reciente visita a España, Rafael Correa, presidente del Ecuador, declaró enfáticamente que ni el Perú, ni Venezuela ni el Brasil, que limitan con su país, son una amenaza para nadie; la amenaza y el peligro —sostuvo— vienen de Colombia, fuente del terrorismo de las FARC, nido de la parapolítica (hay allá políticos presos o prófugos por sus nexos con los asesinos paramilitares de derecha) y pantano de tráfico de drogas. Lamentablemente para América del Sur y para el Perú, lo que dice el presidente Correa es verdad.

Desde 2000 se lleva adelante el Plan Colombia, mediante el cual los EE. UU. prestan abundante ayuda económica y militar a Colombia para que combata a los traficantes de droga, hoy coludidos con la guerrilla. Inicialmente, la iniciativa de los EE. UU. parecía razonable: se trataba de combatir en su fuente de origen el tráfico de drogas, que tanto daño hace a cualquier país. Con esa finalidad, los estadounidenses, como señalamos, ponen dinero y equipo militar, pero también —he allí la trampita— ganan presencia militar directa en Colombia.

El peligro

Lo grave de todo esto es que el Plan Colombia no cumple sus fines declarados, que son el combate al tráfico de drogas que parte de nuestro vecino del norte y llega a los EE. UU. En ocho años ni los traficantes de drogas ni sus aliados de las FARC han sido borrados del mapa. Para disimular y dar la apariencia de que algo se hace, de vez en cuando capturan uno que otro delincuente o emprenden tímidas acciones militares contra los drogadictos de las FARC. ¿Qué está sucediendo?

Fuentes oficiales colombianas han declarado que se hacía estrecho seguimiento del asesinado Raúl Reyes y que, además, tenían informantes en Ecuador, que completaban la faena de tenerlo bien vigilado. Siendo esto así, vienen las preguntas: ¿por qué los colombianos no esperaron que Raúl Reyes retornase a Colombia para ultimarlo, si lo tenían ya tan vigilado?, ¿por qué optaron por delinquir violando el territorio ecuatoriano para liquidar a Reyes?, ¿por qué arriesgaron la legalidad de la operación al convertirla en delito del que no se originaría consecuencia alguna favorable a Colombia¹?, ¿por qué iniciar una campaña propagandística y política sobre la base de un delito?, ¿no saben los colombianos que quien comete delito es delincuente? Hay varias respuestas, ensayamos algunas:

1.a) Intención de provocar la guerra con el Ecuador, a partir de una justificada respuesta militar ecuatoriana (que no se produjo);
2.^a) Maniobrar políticamente para poner en el banquillo de los acusados al Ecuador y a los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, cuando en realidad la culpabilidad de todo el problema recae en Colombia, por ser la fuente burbujeante de terrorismo, tráfico de drogas, secuestros, actividad paramilitar, presencia de personal militar de los EE. UU., y por su deliberada negligencia de no vigilar celosamente su frontera, negligencia que logra que su problema de terrorismo pase a otros países (Ecuador, Perú y Venezuela);
3.^a) De parte del presidente colombiano Álvaro Uribe, la necesidad política de disimular su imagen de delincuente internacional, pasando a la ofensiva publicitaria con unas computadoras cuyo contenido no inspira confianza en absoluto ni tendrá ningún efecto jurídico ni político;
4.^a) Extender la presencia militar de los EE. UU., que están ya en Colombia pero se sienten disgustados porque van a tener que salir de Manta, por lo cual debemos entender que esta violación territorial lleva a Rafael Correa el mensaje yanqui “¿Ya no me renuevas el arriendo de la base? ¡Pues bien, a partir de ahora mi sirviente Álvaro Uribe te va a enseñar lo que es bueno!”;
5^.a) Prolongar para Colombia por tiempo indefinido los “beneficios” del Plan Colombia (¡ya les gustó la mamadera!). Esto abre a los estadounidenses la posibilidad de ir metiéndose en otros países de la región, para controlar la Amazonía.

En este contexto se ve nítidamente el provecho político que el presidente Álvaro Uribe obtiene de la situación: mientras subsista el problema de las drogas y de las FARC², él aparece como paladín de la lucha por las causas justas; por esta razón a Uribe de ninguna manera le conviene que llegue a su fin la farsa sangrienta de los traficantes de droga y de los viciosos y criminales que los protegen con las armas en la mano. ¡Álvaro Uribe es un parásito político de las FARC, necesita de ellas para vivir políticamente!

El cinismo

Por el interés político de mantener vivo el problema y por la cobardía de los militares colombianos³, se han producido situaciones peligrosas, como la delincuencial incursión de fuerzas colombianas en suelo ecuatoriano para matar allí al terrorista Raúl Reyes, que era el enlace con delegados extranjeros para lograr la liberación de Ingrid Betancourt y de otros secuestrados. Luego de ese asesinato, se paralizaron las tratativas conducentes a la liberación de los secuestrados; por supuesto que el propósito de esa acción no sólo era aniquilar al vicioso y criminal Raúl Reyes sino poner freno al protagonismo político que con las liberaciones iba ganando el presidente venezolano Hugo Chávez. ¡Que Ingrid Betancourt y los demás queden en el limbo o mueran es lo que menos importa al gobierno de Colombia!

A poco de ejecutada la violación de territorio ecuatoriano, el gobierno colombiano anunció tener en su poder las computadoras portátiles de los terroristas de las FARC. Consciente de su nula credibilidad ante la opinión pública, Álvaro Uribe —sin manipulación alguna, dice⁴— entregó las computadoras a la Interpol, institución que el jueves 15 del presente ha anunciado que las máquinas no fueron manipuladas y que la información es auténtica. Se especula que en los discos duros y en dispositivos extraíbles de memoria (“memorias USB”) hay documentos que “demuestran” la complicidad de los gobiernos del Ecuador y Venezuela con las FARC. Estas acciones y anuncios han permitido que el gobierno de Colombia desvíe la atención del delito internacional que cometió al violar territorio ecuatoriano, y más bien ahora la pregunta —amplificada en la prensa mercenaria de los EE. UU.— es si los presidentes Correa y Chávez tenían o no algo que ver con las FARC.

Álvaro Uribe sabe que —incluso si es verdadero— el contenido de las computadoras obtenidas violando territorio ecuatoriano y cometiendo asesinatos no tiene valor alguno; más bien esas computadoras son fruto y prueba del delito perpetrado por el gobierno de Colombia. Nada de lo que se saque de allí tendrá el menor efecto en la estabilidad e imagen de los gobiernos del Ecuador y Venezuela; pero sirve para que la gente mire a otro lado y se olvide del verdadero delincuente que violó territorio del país vecino.

Chocan con el Perú

Producido el ataque de Colombia a territorio ecuatoriano, el presidente Rafael Correa explicó y detalló que todo el tiempo sus fuerzas armadas trataban de controlar la frontera con Colombia y que en varias ocasiones habían capturado guerrilleros colombianos y destruido sus campamentos. Pero dijo, además, que Ecuador limita no con Colombia sino con las FARC, palabras que parecieron irónicas, pero que encierran una gran verdad, que incumbe también a los peruanos.

En un informe especial (“Las FARC acechan en el Putumayo”), que el diario limeño La República publicó el domingo 4 del presente mes de mayo, pasan revista a la situación que vivimos en nuestra frontera con Colombia. Para ser breves, mencionamos que los peruanos tenemos —entre elementos del ejército, marina y policías— veintinueve puntos de vigilancia (pág. 2), frente a sólo cuatro de los colombianos (pág. 7). Esta situación retrata de cuerpo entero la clase de gente que son Álvaro Uribe y los militares colombianos, quienes pese a tener dinero y armamento que les dan sus patrones yanquis, descargan en el Perú la responsabilidad de vigilar la frontera común. Por supuesto que esto significa para nosotros los peruanos un necesario e inevitable mayor desembolso de dinero al tener que enviar tantos militares a la frontera.

¿Por qué los vividores colombianos no toman responsabilidad del problema que están perpetuando en su país y obligan al Perú a distraer recursos humanos y materiales? ¿Qué hacen con tanto dinero que reciben de los yanquis? La respuesta es: deliberadamente las fuerzas armadas colombianas, siguiendo órdenes de su comandante en jefe, Álvaro Uribe, dejan de vigilar la frontera para que las FARC pasen a territorio peruano, crear un incidente como en el Ecuador y extender el conflicto para que sus amos estadounidenses sigan metiéndose en la Amazonía. Ya estamos advertidos del peligro que corremos con los delincuentes colombianos (los de las FARC y los otros).

Es tiempo de que el Perú, en forma enérgica, exija a Colombia sellar la frontera común con el Perú; nosotros no somos quienes tenemos que gastar más en vigilar un territorio lleno de toda clase de problemas. Si por la cobardía de sus militares Colombia no puede extirpar a las FARC, que contrate mercenarios o haga cualquier cosa, sin seguir creando problemas a los países vecinos.
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¹ Si mataban a Raúl Reyes en territorio de Colombia, el Ministerio Público de ese país hubiera dado la garantía jurídica necesaria, efectuando un correcto levantamiento de cadáveres, incautando armas, computadoras (si las hubo), documentos, etc.

² Algo muy parecido a lo que hizo Fujimori con Sendero: a propósito permitió la subsistencia del reducto terrorista de Vizcatán que, aunque era y más o menos es aislado y residual, le permitía agitar, cada vez que le convenía, el fantasma del terrorismo que él mismo permitía.

³Ver: Colombia: país peligroso para el continente

⁴ Ver en La Primera: Informe de INTERPOL: Computadores sí fueron manipulados