Vicky Peláez
Ha pasado casi nueve meses desde que se inició el proceso de paz en Colombia y que sostienen el gobierno con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en una mesa de negociaciones establecida en La Habana, pero sin que se trasluzca una posibilidad, aunque sea remota, de un acuerdo concreto tan anhelado por la mayoría de los colombianos.
Hasta el momento el gobierno no cede un ápice porque considera que la guerrilla está desmoralizada y que tarde o temprano caerá.
El reciente informe de 404 páginas del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el conflicto armado que hace 54 años vive el país, “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad”, presenta cuadros espeluznantes de una guerra civil que produjo 220 000 personas asesinadas, 25 000 desaparecidos y 5,7 millones de colombianos desplazados.
De esas 220 000 víctimas, 166 609 han sido civiles, 24 482 miembros de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 28 909 han sido militares, policías o paramilitares. En la década de los años 1990 diversos grupos paramilitares conformaron una entidad nacional denominada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que fueron al comienzo una parte importante de una estrategia antiinsurgente del Estado que se sentía impotente frente a la guerrilla. Posteriormente se convirtieron en grupos armados independientes, frecuentemente ligados al narcotráfico, de gran influencia en el país y proyectando la violencia a un nivel terrorífico a tal punto que llegaron a usar motosierras para descuartizar a los guerrilleros, sus simpatizantes y a los que sospechaban ser sus auxiliares.
Las AUC han sido el brazo derecho de los terratenientes colombianos y han sido uno de los responsables mayores por el arrebato de 8,3 millones de hectáreas de tierra a los campesinos en estos años. Cuando comenzó la campaña de la restitución de tierra, los líderes de este proceso han sido asesinados para impedir que los verdaderos dueños reclamen lo que les pertenece. La desmovilización de los paramilitares entre 2002 y 2006 hizo más relevante la confrontación entre la oligarquía latifundista tradicional, principalmente grandes ganaderos y la burguesía urbana transnacional, incluyendo a los grandes productores de café, caña de azúcar y palma que, de acuerdo al estudioso Fernando Dorado, podría resumirse como el enfrentamiento entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
Según Fernando Dorado, “Uribe representa una parte del campesinado rico antioqueño venido a más por su alianza con el narcotráfico que se convirtieron en grandes latifundistas con el inmenso poder territorial y económico en esa región de Colombia” logrando desplazar a campesinos e indígenas de su tierra que abarca gran parte de los 8,7 millones de hectáreas que señaló en su informe el Centro Nacional de Memoria Histórica. Precisamente este sector de la oligarquía nacional que ostenta gran influencia en todas las instituciones del Estado y en especial en las fuerzas armadas, el poder judicial y el congreso se opone al diálogo con la guerrilla considerando que la insurgencia se combate con las balas y no palabras.
Por eso no es de extrañar las reciente declaración del comandante del ejército colombiano, general Sergio Mantilla: “El desarrollo del conflicto de la guerra, tal y como se está dando, hace prever que en muy pocos años, quizás dos o tres, las FARC van a ser completamente irrelevantes. Van a perder la guerra, estratégicamente la tienen perdida. La guerra va a acabar por las buenas o las malas. Nosotros estamos preparados para continuar con el esfuerzo, porque nuestro compromiso es irrenunciable. Todas las guerras se acaban un día y esta efectivamente se va a terminar, ahora o en unos pocos años”.
En realidad lo que proponen los “uribistas” es seguir militarizando al Estado, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como representante de la burguesía urbana con intereses y lazos transnacionales, la financiera y de la agroindustrial necesita pacificar el país para facilitar la inversión extranjera y proyectar Colombia hacia el desarrollo industrial, para dejar de ser país netamente extractivo y productor de materia prima. Para lograr un acuerdo con la guerrilla este sector está dispuesto inclusive a sacrificar los intereses de los grandes latifundistas y ganaderos colombianos que están frenando el proceso de la transnacionalización e industrialización del país.
Como lo está sustentando Fernando Dorado en su artículo,”2013: ¿Santos enfrentará al latifundismo ganadero?”: “[…] no es casual que el gobierno haya aceptado debatir el tema del ‘desarrollo rural’ y el problema de la tierra como primer punto de la agenda a debatir con la guerrilla, y que en esa mesa —por primera vez— no estén representados los grandes latifundistas y ganaderos colombianos”. Sin embargo, el sector oligárquico que representa el presidente Santos está lejos de superar sus propias contradicciones internas oscilando entre un diálogo con la guerrilla y al mismo tiempo aumentando las acciones bélicas contra la misma.
Para cualquier observador del proceso de acercamiento entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, es difícil de entender la actitud del presidente Santos y su gobierno. El 8 de agosto presente aseguró que la orden impartida a las fuerzas militares en todo el país es redoblar esfuerzos para combatir a los grupos ilegales, por lo que si la fuerza pública ubica al líder máximo de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, alias “Timoshenko”, la orden es darle de baja de manera inmediata. “Sí, esa es la orden”, confirmó a los periodistas. No pasaron ni tres horas y el presidente Santos declaró estar dispuesto a reunirse con “Timoshenko”.
También reiteró que el diálogo de paz que se lleva a cabo en Cuba desde noviembre de 2012 “va por buen camino” y cree en la voluntad de paz de “Timoshenko”, pues a su juicio el jefe insurgente “no tiene alternativa”.
Todas estas declaraciones y órdenes del presidente de “dar de baja a cualquier miembro de las FARC en cualquier lugar de Colombia” significan, como lo definió el periodista Modesto Emilio Guerrero, “negociar con una pistola en la cabeza”. Cuando la Delegación de Paz de las FARC-EP presentó “Propuestas Mínimas para el espacio de la Oposición Política y del Derecho a ser Gobierno”, Santos declaró que “Queremos entreguen las armas pero que sigan combatiendo con argumentos, que cambien las balas por los votos”, prometiendo que el Estado les dará “todas las garantías y todos los espacios” en el sistema democrático del país. Sin embargo, el gobierno quedó mudo a las 10 propuestas que incluían la reestructuración democrática del Estado, reconocimiento especial de la oposición política, la convocación a una Asamblea Constituyente, garantías plenas a las organizaciones guerrilleras en rebelión, derecho político a constituirse como un partido político y cambio de la doctrina militar del Estado.
En realidad estas propuestas coincidían teóricamente con la declaración de Santos de construir un país “justo, moderno y seguro”. Pero casi inmediatamente de la presentación de estas propuestas, el Tribunal Superior de Villavicencio, capital del departamento de Meta, condenó al líder de las FARC “Timoshenko”, a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, jefe negociador de los Diálogos de Paz con el gobierno y a todos los líderes de la organización guerrillera a 40 años de prisión por el atentado en el río Ariari en el departamento de Meta en 2003. Una actitud completamente paradójica del poder judicial que muestra la mano de Álvaro Uribe y la incapacidad o la falta de voluntad del presidente Santos para evitar esta sanción precisamente en los momentos cruciales del diálogo. Con esta sentencia prácticamente se cierra el camino para la integración de los miembros de las FARC en la supuesta vida democrática del país.
Queda también como una mera retórica la declaración del vicepresidente de Colombia Angelino Garzón, quien afirmó que “a la paz no hay que tenerle miedo, la paz requiere perdón y reconciliación. Será muy difícil encontrarla con rencor. No conozco un solo proceso de paz en el mundo que haya sido exitoso sin perdón”. La realidad es completamente diferente. El gobierno está tratando de imponer la paz en vez de negociarla. Las propuestas de las FARC reflejan el camino que están tomando los países miembros del ALBA sin descuidar las particularidades colombianas tanto institucionales como estructurales y la idiosincrasia de su sociedad. El gobierno de Santos no está interesado en reformar el Estado y aceptar los planteamientos de la guerrilla, como por ejemplo, cambiar la doctrina militar liberándola de los “contenidos de la “Guerra Fría” y del “Enemigo Interno”.
Jamás podrá deshacerse de esta mentalidad mientras existan “El Plan Colombia” y las siete bases militares norteamericanas en su territorio. Este país está destinado por los estrategas del Pentágono y del Departamento de Estado a ser su base para las futuras agresiones contra los países del ALBA cuando comience el nuevo ciclo norteamericano del dominio de los recursos naturales en América Latina. El presidente Juan Manuel Santos lo sabe perfectamente y por eso trata de aliarse más íntimamente con Washington. Su país ya es seguro futuro miembro del Pacto Transpacífico1 y un ansioso aspirante para acercarse a la OTAN2 y participar en sus futuras guerras.
Tampoco será aceptable la última propuesta de las FARC para la democratización de la información y de los medios masivos de comunicación en Colombia. En el país donde no hay “libertad de opinión” sino “monopolio de opinión” no se puede enrumbar este proceso. La opinión está controlada por grandes empresas como El Tiempo, Caracol y RCN, ligadas no solamente a poderes económicos y políticos nacionales sino son ya parte del poder económico y mediático globalizado. Ahora El Tiempo es parte del grupo transnacional Planeta; Caracol Radio es integrante de la Promotora española de Informaciones Prisa, la que jamás dará su visto bueno a la desconcentración de la propiedad de los medios de comunicación que están planteando los delegados de las FARC en Cuba.
Actualmente las cartas del gobierno del presidente Santos y de las FARC están sobre la Mesa de Negociaciones en Cuba y están formando un laberinto sin que nadie sepa cómo encontrar la salida para brindar a los colombianos la paz tan soñada y anhelada durante las últimas cinco décadas.
Dijo alguna vez el poeta Alejandro Lanus que “Es el final del laberinto el que nos devuelve al punto de partida. Pero cada vez que nos acercamos a la salida, el laberinto es otro”.
RIA Novosti en Español, 09-08-2013
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1 El Acuerdo Transpacífico es una herramienta geopolítica de los EE. UU. que ha empezado con la Alianza del Pacífico, destinada a desindustrializar al Perú y a despojarlo de los beneficios de su posición geográfica, en favor de Chile. Leer Error geopolítico: Alianza del Pacífico, trampa chilena para colonizar el Perú y Buscan comprometer al Perú en Acuerdo Transpacífico.
2 Leer Implicaciones geopolíticas del ingreso de Colombia a la OTAN y OTAN rechaza pretensión de Colombia.
