Lucía Barrios
Paraguay está «criminalizando» la lucha por la tierra y pretende desalojar a 700.000 personas, dijeron este martes a la Agencia Sputnik distintos líderes campesinos.
«Hay 860 asentamientos rurales indígenas y campesinos que van a ser desalojados. Alrededor de 700.000 familias van a estar afectadas en ese programa de desalojo que impulsa el Gobierno», afirmó a esta agencia el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, Belarmino Balbuena.
En las últimas horas, las autoridades paraguayas desalojaron el asentamiento Edilson Mercado, ubicado en el departamento Canindeyu (sureste), lo que causó revuelvo entre campesinos e indígenas.
Sin embargo, este tipo de acciones ya venían realizándose y podrían incrementarse en los próximos meses tras la aprobación de una ley sobre el tema a fines de septiembre, denunció en entrevista con Agencia Sputnik el líder de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), Jorge Galeano.
El 30 de septiembre, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benitez, promulgó, en menos de 24 horas, una ley que define como delito la ocupación ilegal de tierras privadas.
Con aprobación de la nueva normativa se elevó a seis años de cárcel la sanción por ese delito y hasta diez en caso de daños al patrimonio o inmuebles.
Según una nota publicada por el diario local La Nación el 30 de septiembre, la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González, manifestó que el Gobierno espera que los desalojos puedan ser concretados con «rapidez».
Por su parte, el secretario de la Organización Nacional De Aborígenes Independiente (ONAI), Armando Portillo Benítez, afirmó a Agencia Sputnik que en lo que va de este año hubo 11 desalojos a las comunidades indígenas y advirtió que hay amenazas para las próximas 48 horas.
MULTINACIONALES
Campesinos e indígenas creen que la promulgación de esta ley solo tiene un objetivo: desalojar las tierras ante la presión de las multinacionales y de los grandes grupos económicos ligados a la producción de soja.
«Determinados actores económicos fueron los que promovieron esta nueva legislación de desalojo. Hay que tener en cuenta el contexto internacional de los precios de la soja y de la carne que actualmente está con muy buen precio. Hay una presión muy fuerte sobre la tierra que está en manos de los pequeños productores campesinos e indígenas», reflexionó Galeano.
Señaló que el 94 por ciento de las tierras cultivables en Paraguay se encuentran en poder del agronegocio y de la ganadería y solamente el seis por ciento está en manos del campesinado paraguayo y de las comunidades indígenas.
«A parte de evitar la ocupación de las tierras mal habidas o mal adjudicadas, en este momento los empresarios, los grupos económicos avanzan sobre esas pequeñas tierras que están en manos del campesino abandonado, que no ha recibido ninguna política pública para salir de la pobreza. Están haciendo un lobby enorme para sacar asentamientos que llevan más de 10 años», agregó.
CRIMINALIZACIÓN
Por su parte, Balbuena afirmó que con la nueva normativa se «criminaliza» la lucha por la tierra.
«La lucha por la tierra siempre fue criminalizada, pero ahora tienen fundamentos jurídicos. Por ley un luchador por la tierra indígena, campesino o sin techo tiene 10 años de cárcel sin medidas sustitutivas», agregó.
Además, anunció que se va a hacer una «gran plenaria» con movimientos por la tierra, estudiantes e indígenas en Asunción.
«Estamos armando una gran movilización, cada uno por su lado no vamos a conseguir más nada. Indígenas, campesinos, todos juntos vamos a declarar una acción programada. Pensamos hacerla el 10 de diciembre, el día universal de derechos humanos», indicó.
Desde el Gobierno afirman que los desalojos se realizan con «respeto a los derechos humanos», buscando la «salida pacífica» a los conflictos, tal como lo menciona en un comunicado publicado este martes el Ministerio del Interior.
Con información de Sputnik
