El Gobierno de Cataluña pidió a las escuelas de la región que mantengan el régimen lingüístico actual de inmersión después de una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a un 25 por ciento de castellano en las aulas.
«No debéis hacer ningún cambio en vuestros proyectos lingüísticos con motivo de la sentencia», aseguró el responsable catalán de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en una carta enviada a los directores de los centros educativos.
Así se pronunciaron las autoridades después de que el Supremo rechazara un recurso del Gobierno catalán contra una sentencia de diciembre de 2020 que obligaba a impartir una cuarta parte de la enseñanza pública en castellano.
El consejero de Educación pidió a los responsables de los colegios que «sigan trabajando exactamente como ahora», en base al modelo educativo basado en la inmersión lingüística en idioma catalán que se aplica desde 1983.
La sentencia ratificada por el Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ordenaba al Gobierno catalán «adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciben de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal» de las dos lenguas.
El dictamen, que afecta a todo el sistema público de enseñanza, procedió a fijar un uso mínimo del 25 por ciento del catalán y castellano en las aulas tras constatar que la presencia de la segunda lengua era «residual».
Con gran aceptación en el ámbito educativo, la inmersión lingüística se comenzó a implementar en escuelas públicas con un elevado porcentaje de castellanoparlantes, ante la voluntad de las familias de que sus hijos aprendieran catalán, y se convirtió en el modelo general de enseñanza en 1992.
En declaraciones tras reunirse con entidades en defensa de la lengua, el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, calificó la sentencia del TSJC confirmada por el Supremo de «injerencia» y «falta de respeto a los docentes».
«No delegaremos nuestras responsabilidades en los docentes, sino que las asumiremos como Gobierno para defender un modelo que tiene gran consenso interno en Cataluña a nivel social, pedagógico, profesional y político», afirmó el presidente de la región.
El consejero de Educación, por su parte, dijo en declaraciones a la emisora RAC1 que la ministra española de Educación, Pilar Alegría, le trasladó sus «garantías» de que el Gobierno no instará a los colegios a ejecutar la sentencia.
Desde el Gobierno catalán defendieron además que la entrada en vigor de la nueva ley de educación en España, que no contempla una cuota de uso de idiomas, dejaría a la práctica sin efecto la resolución judicial.
Tanto la ministra de Política Territorial como la de Justicia, Isabel Rodríguez y Pilar Llop, coincidieron en declaraciones a medios que el Ejecutivo «no tiene competencias» para aplicar la sentencia, sino que corresponde al tribunal de Cataluña.
Por su parte, el líder de la oposición y del conservador Partido Popular, Pablo Casado, ofreció al presidente español, Pedro Sánchez, los votos de su partido para aprobar una intervención en Cataluña mediante el artículo 155 de la Constitución con el objetivo de hacer cumplir el fallo.
También se pronunció sobre la polémica la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que calificó de «error» la sentencia y defendió la necesidad de blindar la inmersión lingüística porque es «un modelo de éxito».
Con información de Sputnik
