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Lourdes Gómez
El periodista y programador australiano Julian Assange debería estar en libertad provisional para defenderse contra la petición de extradición de Estados Unidos, a lo largo de un proceso en que se están violando sus derechos y que representa una amenaza a la prensa libre, declaró Garzón.
DESCONFIANZA EN EE. UU.
El exjuez español y coordinador del equipo legal internacional del fundador de WikiLeaks cuestiona la fiabilidad de las garantías que el departamento de Justicia estadounidense ha ofrecido a las autoridades británicas a cambio de su entrega. «EE. UU. ha vulnerado sistemáticamente las garantías ofrecidas en otros procesos de extradición con países europeos. De hecho, es una tónica habitual que en el marco de una extradición se ofrezcan unas garantías que posteriormente no se atienden. En el caso de la jurisdicción española ha ocurrido anteriormente», constata Garzón.
La causa ha pasado al tribunal de Apelación de Inglaterra, que autorizó el recurso, a principios de mes, bajo tres de los cinco puntos legales planteados por EE. UU. Estos incluyen «garantías» de que Assange no será encarcelado en condiciones de extrema seguridad si Londres consiente en la extradición.
Además, el periodista australiano, que se enfrenta a 175 años entre rejas por 18 cargos de espionaje e intrusión informática, tendría la oportunidad de cumplir la condena en su país natal, si los jueces de apelación aceptan la propuesta de Washington. «Esas obligaciones internacionales que pretende suscribir Estados Unidos no deben ser tenidas en cuenta por el tribunal británico», subraya el exmagistrado en una entrevista por correo electrónico con esta agencia.
RIESGO DE SUICIDIO
El alcance más limitado de la apelación es, según añade, «una buena noticia» porque la revisión del caso se «ciñe a su dimensión menor». EE. UU. podrá retar aspectos relacionados con el régimen de aislamiento penitenciario que Assange sufriría como recluso por presuntos delitos de seguridad nacional. En la sentencia del pasado enero, la magistrada Vanessa Baraitser frenó la extradición debido al alto riesgo de que «en esas duras condiciones, la salud mental de Assange se deterioraría y le llevaría a suicidarse».
Garzón considera que su cliente «debía haber afrontado esta extradición en libertad provisional», tras pasar siete años en la Embajada de Ecuador de Londres, «en un minúsculo piso, sin acceso a la luz solar o al aire fresco». «Era la forma óptima de garantizar su derecho a la defensa y su delicado estado de salud. Sin embargo, se ha optado por mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad (Belmarsh, al sureste de Londres), en medio de una pandemia, prácticamente aislado y con difícil acceso a sus abogados por las políticas contra el COVID-19. Pero la decisión ya fue tomada y ahora simplemente procede confirmar la sentencia de primera instancia y acabar con este caso», sostiene.
RED DE ESPIONAJE
El reputado abogado denuncia la cadena de irregularidades detectadas a lo largo del proceso, en particular, la trama de escuchas ilegales que se descubrió en la sede diplomática de Ecuador. Por lo pronto, una empresa encargada de la seguridad de la legación, la española UC Global, está en el centro de una investigación criminal que dirige la Audiencia de Madrid.
«Se trata de hechos gravísimos. La presunta implicación de los servicios de inteligencia de EE. UU., a través de UC GLOBAL, para espiar a Julian Assange, sus visitas, y específicamente a mí, dentro de la Embajada de Ecuador, es de una gravedad inusitada. Evidentemente se han vulnerado todos los derechos posibles y cualquier atisbo de un debido proceso está anulado en este caso», afirma.
El equipo del australiano confía en una segunda victoria en el Alto Tribunal. Buscan un veredicto que garantice su libertad y ampare la investigación y difusión informativas. «No sólo está en juego una persona, Julian Assange, ni una organización, WikiLeaks, sino que está en juego la libertad de prensa en el mundo. Este es un elemento que estoy seguro la justicia británica va a tener en cuenta, el peligrosísimo precedente que se podría asentar», observa el exmagistrado español.
LIBERTAD DE PRENSA
Los aspectos políticos y de derechos fundamentales que Baraitser desestimó como argumentos válidos en contra de la extradición deberían, según Garzón, «formar parte de un pronunciamiento jurisprudencial contundente que erradique la posibilidad de procesar a periodistas por publicar información veraz sobre crímenes de guerra».
«Esa es la obligación de la prensa libre y el derecho de todo periodista. Todo lo que no sea proteger esas prerrogativas, acerca la prensa a un peligroso abismo. Y si la prensa cae por ese abismo, de alguna forma cae tras ella la democracia, ya que los ciudadanos dejaríamos de tener acceso a la información y el poder actuaría sin control», alerta Garzón.
Con información de Sputnik
