El Gobierno de España aprobó este viernes un anteproyecto de ley que protegerá a las personas que denuncien casos de corrupción –los conocidos como ‘whistleblowers’– al imponer multas de hasta un millón de euros a quien tome represalias en su contra.
«Con esta nueva regulación se va a incrementar la cultura anticorrupción, de la transparencia y de la calidad democrática», afirmó en rueda de prensa la ministra de Justicia, Pillar Llop.
En concreto, el anteproyecto de ley transpone una directiva europea aprobada en 2019 y que debió haber sido integrada en la legislación española el pasado mes de diciembre.
De hecho, la Comisión Europea abrió el pasado mes de febrero un procedimiento sancionador a España y otros 25 estados miembros del club comunitario por el retraso.
Según informa el Gobierno en un comunicado, el objetivo de la norma es «proteger a todas aquellas personas que informe de corrupción o fraudes» tanto en el ámbito de la empresa privada como en la administración pública.
Para ello, además de multar a quien tome represalias contra los denunciantes, se establecerán canales de comunicación protegidos para poder denunciar de forma anónima y se crearán autoridades independientes para la recepción de esas denuncias.
«Con esta norma, cualquier ciudadano y cualquier funcionario público podrá denunciar las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la obligación de ofrecerle una protección real y efectiva ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su entorno si fuera necesario», señala el comunicado del Gobierno.
Con información de Sputnik
