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La Fiscalía de Chile comunicó este viernes que abrirá una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera para analizar posibles delitos de cohecho, tras los antecedentes revelados por la publicación periodística Papeles de Pandora.
«Fiscalía de Chile iniciará una investigación penal contra el presidente Sebastián Piñera por eventuales delitos de cohecho en la operación de venta de la minera Dominga realizada en 2010», señaló en conferencia de prensa la directora del departamento Anticorrupción de Fiscalía Nacional, Marta Herrera.
A pesar de que la Justicia ya había revelado su intención de iniciar una investigación esta misma jornada, Fiscalía entregó más detalles explicando que, a pesar de que los hechos ya fueron investigados judicialmente en 2017, sí es posible volver a abrir el caso debido a que los Papeles de Pandora entregaron nuevos antecedentes desconocidos hasta el momento.
«Existía un contrato en inglés firmado en las Islas Vírgenes Británicas que no estaba incorporado en la investigación de 2017, por lo tanto es un antecedente nuevo y eso permite reabrir el caso», agregó la fiscal.
Fiscalía designó a la fiscal regional de Valparaíso (centro) Claudia Perivanchich para liderar la indagatoria, la misma persecutora que actualmente investiga las denuncias judiciales contra Piñera por los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas durante la represión a las protestas del estallido social de 2019.
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Pandora Papers (Papeles de Pandora) en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
Con información de Sputnik
