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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la crisis política de 2019 en Bolivia calificó este martes como masacres a operaciones militares y policiales, ordenadas por el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y muchos heridos.
«El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres», sentenció la experta Patricia Tappatá, al presentar el informe final de ese grupo, creado por acuerdo entre el Gobierno boliviano de Luis Arce y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La tipificación de las muertes ocurridas en noviembre de 2019, tras el derrocamiento del presidente Evo Morales, contradecía la versión del gobierno de Áñez de que los manifestantes habrían caído víctimas de sus armas de fuego.
En Sacaba (Cochabamba, centro) y Senkata (El Alto) murieron al menos 22 personas, y resultaron heridas más de un centenar, como consecuencia de un uso desproporcionado de la fuerza pública amparada en un decreto de inmunidad, señaló el informe.
La presentación del informe, en un acto presidido por Arce y al que acudieron representantes de las víctimas, cerró ocho meses de trabajo del GIEI sobre «los graves hechos de violencia y violación de derechos humanos que ocurrieron entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021», resumió Tappatá.
La experta apuntó que el GIEI evitó entrar en consideraciones sobre la polémica interna boliviana en torno a lo sucedido en 2019, en un debate polarizado entre las denuncias de fraude electoral y golpe de Estado, concentrándose en cambio en buscar la verdad sobre la violencia, para procurar justicia y reparación.
Para ello, los cinco expertos recabaron testimonios de autoridades, víctimas, activistas, otros investigadores, militares, policías y comunicados, además de analizar millares de documentos y registros audiovisuales, explicó.
Tappatá indicó que el grupo confirmó que al menos 37 personas perdieron la vida y centenares resultaron con heridas graves en los hechos de violencia política de 2019, casi todos civiles que protestaban contra el gobierno de Áñez.
Precisó que, en esos sucesos, se estableció la responsabilidad del Estado, por la participación de agentes del orden público, y de particulares.
«La Policía y las Fuerzas Armadas, juntas y por separado, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia», afirmó la experta.
Arce dijo posteriormente que el informe estableció que policías y militares que reprimieron a manifestantes anti Áñez «actuaron con intencionalidad de matar a las personas en la protestas» cometiendo inclusive «ejecuciones sumarias».
El GIEI observó también la necesidad de que el Estado boliviano encare con urgencia sendas reformas de la justicia y la policía, instituciones de las que dijo que no acompañaban el proceso de cambios estructurales y sociales que vive el país.
Tappatá agregó que para salir del aparente ciclo de violencia, polarización y racismo, Bolivia requería una firme voluntad política del más alto nivel, agradeciendo la cooperación del Gobierno de Arce a la investigación del GIEI.
El GIEI que operó en Bolivia es el tercer grupo de este tipo constituido por la CIDH, después del que investigó la matanza de Ayotzinapa, México, y la violencia política en Nicaragua.
Con información de Sputnik
