El coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, declaró este viernes emergencia en la Amazonía ecuatoriana ante el avance de la minería en esas tierras.
«(…) Declaramos a la cuenca amazónica ecuatoriana en emergencia por la amenaza de la minería legal o ilegal», dijo Mirabal, en conferencia de prensa realizada en Quito.
La Coica agrupa a las organizaciones nacionales de los pueblos indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Venezuela, Surinam, Guayana francesa y Guyana.
Los indígenas dijeron estar preocupados por los impactos causados por el avance de la minería ilegal en la provincia del Napo, en la Amazonía ecuatoriana (este), en donde el pasado 13 de febrero se realizó un operativo contra esa actividad, en el sector de Yutzupino, en las riberas del río Jatunyacu.
En el operativo las autoridades decomisaron decenas de retroexcavadoras y equipos de extracción de oro y otros minerales.
El dirigente también señaló que la Coica, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo (Foin) se mantendrán en actitud de movilización y resistencia.
En la misma conferencia de prensa, la vicepresidenta de la Conaie, Zenaida Yasacama, denunció que al momento en la provincia del Napo continúa la extracción minera, pese a que el Gobierno de Guillermo Lasso en días pasados declaró la suspensión temporal de dicha actividad en ese territorio.
Además, exigió que se investigue y sancione a las autoridades, jueces y fiscales provinciales, por presuntas irregularidades en los procesos judiciales contra la minería ilegal.
En paralelo, solicitó otra investigación para identificar a los beneficiarios, ya sean personas naturales o jurídicas, de los recursos extraídos, el origen y los propietarios de la maquinaria pesada y la ruta del material extraído.
Yasacama también exigió la intervención de las autoridades migratorias, ante la presencia de mafias extranjeras en la explotación ilegal de minerales.
Dijo que estas personas no son aprehendidas por las autoridades, dado que se ocultan entre las comunidades de la zona.
Asimismo, pidió que se instale una mesa de trabajo entre autoridades nacionales, representantes de las nacionalidades amazónicas y organizaciones para discutir sobre la afectación ambiental causada por la minería y las medidas de reparación.
Los indígenas piden que un equipo técnico analice las condiciones del agua de los ríos Jatunyacu, Yutzupino, Chumbiyacu y Anzu, afectados por el mercurio utilizado en la extracción minera.
También demandan un diagnóstico integral de la salud de los habitantes de las comunidades asentadas en las riberas de esos ríos, por posibles afecciones y enfermedades causadas por la contaminación ambiental.
En la conferencia de prensa también participaron la parlamentaria andina, Miriam Cisneros; y, la presidenta de la Federación de Organizaciones indígenas del Napo (Foin), Rocío Cerda, entre otros.
Cisneros dijo que el Parlamento Andino rechaza la minería ilegal en Napo, además instó al Gobierno de Ecuador a implementar procesos de consulta previa libre e informada en las comunidades, establecidos en la Constitución ecuatoriana e instrumentos internacionales.
Con información de Sputnik
