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Lourdes Gómez
Julian Assange encara la apelación de Estados Unidos contra la sentencia judicial que bloqueó su extradición, por riesgo «sustancial» de suicidio, en dos vistas públicas que se celebrarán en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales los días 27 y 28. El fundador de WikiLeaks atenderá las audiencias por videoconferencia, de acuerdo con fuentes judiciales.
El jefe de la Judicatura, el lord juez Ian Duncan Burnett, presidirá junto al lord juez Timothy Holroyde las audiencias de apelación, en la sala 4 del Palacio de Justicia de Londres. Ambos lidiarán, a partir de las 9.30 GMT del miércoles, con la segunda ronda judicial de un proceso de extradición que está envuelto en polémicas y aparentes irregularidades, según afirma a Sputnik Deepa Govindarajan Driver, académica británica y observadora legal de los trámites.
¿JUICIO JUSTO?
«Nada progresa con aparente normalidad en esta causa, ni se intenta garantizar un tratamiento equitativo, lo cual es muy inquietante y sugiere que hay problemas fundamentales para que el señor Assange pueda tener un juicio justo», denuncia.
Govindarajan menciona las últimas revelaciones de que altos mandos políticos y de Inteligencia estadounidenses discutieron métodos para secuestrar y asesinar a Assange en 2017, cuando se refugiaba en la embajada de Ecuador en Londres. El Gobierno británico estaba al parecer al corriente de esos planes de potenciales acciones extrajudiciales, que salieron a la luz en la trama de espionaje en la sede diplomática que investiga la Audiencia Nacional de España.
«Es muy raro tener un caso en el que el Estado acusador ha planteado asesinar al acusado», subraya la profesora de Gobernanza, Normativa y Riesgo de la Universidad de Reading.
INFORMANTES DUDOSOS
La experta cuestiona también la solidez y legitimidad de la imputación contra el fundador de WikiLeaks por presunta infracción de la ley del Espionaje de 1917 y conspiración para infiltrar sistemas informáticos, que se castiga con hasta 175 años en prisión. «Tenemos pruebas de que el testigo clave del FBI, Sigurdur Thordarson, (hacker islandés apodado Siggi), es un estafador convicto que aceptó sobornos a cambio de inmunidad a fin de implicar a Assange», alega la observadora en conversación telefónica.
Assange lleva más de dos años en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Belmarsh, el llamado ‘Guantánamo inglés’. Antes pasó siete años confinado en el piso diplomático del barrio de Knightsbridge, a dos pasos de los lujosos almacenes Harrod’s. Es una experiencia que el relator de la ONU, Nils Melzer, ha descrito como «exposición prolongada a la tortura sicológica».
«Es profundamente preocupante que al señor Assange no solo le están torturando sicológicamente, sino que también experimenta el impacto físico de la tortura, de tantos años de maltrato y con dolencias de hace tiempo», denuncia en la entrevista.
DESTRUCCIÓN Y MUERTE
Abogados contratados por la fiscalía británica, que representa al Gobierno de EEUU en el proceso, cuestionarán en el juicio de apelación la sentencia de la magistrada de Westminster, que el pasado enero frenó la extradición debido a la salud mental del australiano. Intentarán quitar peso a informes médicos de la defensa– en particular la evaluación del profesor y distinguido psiquiatra Michael Kopelman, quien no mencionó la reciente paternidad de su cliente en su primer informe oficial – que inciden en el alto riesgo de que Assange se suicide si pierde este proceso de extradición.
«Se trata de destruirle mentalmente, de minarle como ser humano. Inicialmente lo hicieron a través de campañas de difamación y después castigándole en una prisión de máxima seguridad, sin apenas ver a la familia y sin poder tocar a un ser humano», protesta la también sindicalista del sector académico.
PARODIA JUDICIAL
Para Govindarajan, es una «tergiversación» calificar la acción de solicitar asilo, que llevó al editor de WikiLeaks a entrar en la embajada de Ecuador en 2012, con una infracción de las condiciones de la libertad cautelar a las que estaba sujeto mientras se procesaba la reclamación cursada por Suecia, que quería interrogarle sobre un par de denuncias sexuales.
«En muchos casos de persecución política, la gente tiene que dar pasos para salvar sus vidas que bien pueden suponer la violación de una orden judicial», observa la profesora de Gobernación.
Su conclusión, hasta la fecha, es que el principio de «proceso debido» no se ha respetado en esta causa en que está en juego no solo el futuro de un individuo, sino la libertad de prensa y el derecho a conocer secretos gubernamentales que esconden probables acciones delictivas, como las desveladas por WikiLeaks y otras publicaciones más establecidas. «Este proceso es una farsa», sentencia la observadora.
Con información de Sputnik
