Israel: ¿licencia para matar?
Por Adrián Mac Liman*
Un espeluznante informe sobre los asesinatos selectivos llevados a cabo por las unidades especiales del Ejército y los servicios de seguridad israelíes, publicado en el diario Ha’aretz a finales del pasado mes de noviembre, causó un gran revuelo en la opinión pública israelí.
Los periodistas del rotativo independiente de Tel Aviv rdemostraban que la plana mayor del Ejército había dado “luz verde” a asesinatos de militantes de Fatah y la Yijad Islámica. Los soldados hicieron caso omiso de las recomendaciones de los magistrados del Tribunal Supremo, partidarios más bien de la aplicación estricta de la normativa legal sobre la detención de presuntos terroristas.
“No me molestéis con los fallos del Supremo; lo que me consta es que se había ordenado una ejecución y que debíamos cumplir esta orden”, afirmaba el general Yair Naveh, ex jefe del Mando Central del Ejército. Tanto Naveh como el también general Gabriel Ashkenazi, ex jefe del Estado Mayor, se escudan en la Ley de Secretos Oficiales, que ampara a los autores de acciones especiales destinadas a garantizar la seguridad del Estado. Una ley que protege a las unidades especiales del Ejército y a los miembros de los cuerpos de seguridad a la hora de investigar los posibles abusos cometidos durante los operativos dirigidos contra ‘elementos radicales’ palestinos.
Yair Naveh afirma que la vida de sus hombres es más importante que la legalidad y que, frente a un hombre-bomba capaz de asesinar a los integrantes de los comandos militares, el único criterio que se impone es la integridad física de los soldados judíos. Las órdenes son concretas, nada de titubeos.
Las consecuencias: desde el inicio de la Intifada de Al Aqsa en 2000 hasta finales de octubre de 2008, el ejército israelí mató a 232 militantes palestinos, pertenecientes a Hamas, la Yihad islámica y… Al Fatah. El los operativos también perdieron la vida 154 civiles, simples “víctimas colaterales” de las acciones preparadas por las unidades de elite creadas durante la primera Intimada, a finales de los 80’.
Los autores del informe revelan que los asesinatos no se llevaron a cabo de manera incontrolada. Las directrices del Mando Central hacen especial hincapié en la necesidad de evitar acciones espectaculares, léase violentas, durante las visitas de dignatarios extranjeros. En algunos casos, se recomienda la detención de los radicales palestinos en lugar de su eliminación. En otros, sin embargo, la orden de matar al enemigo potencial fue emitida con varios meses de antelación.
A cada operativo se le asigna una clave. El asesinato de un experto en explosivos perteneciente a Al Fatah se denomina “Ha llegado la hora del caos”. La detención de un sospechoso durante la fiesta de cumpleaños de su hijo menor lleva el nombre de “Fiesta en la guardería”.
¿La legalidad? Tanto para el general Naveh colmo para su colega Ashkenazi, el fin justifica los medios. En el lenguaje de quienes dirigen los operativos surgen neologismos, como por ejemplo “una medida excepcional” o “una alternativa realista”.
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También los jueces parecen estar divididos: algunos se limitan a reclamar la aplicación de la Ley, mientras que otros prefieren escudarse detrás de fórmulas ambiguas. Obviamente, Israel tiene que defenderse ante sus enemigos. Obviamente, las llamadas “medidas excepcionales” no forman o no deberían formar parte del arsenal de defensa de la democracia. Sin embargo, después de casi una década de “lucha contra las organizaciones terroristas que están perpetrando cruentos ataques contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”, como lo indica un comunicado oficial del Ejercito, no cabe la menor duda de que se han cometido muchos errores.
El peor, constata uno de los comentaristas políticos hebreos, es que “se ha perdido el respeto. El respeto a la vida, al ser humano, a una serie de valores intrínsecos de la cultura judía…”. Partiendo de estas premisas, se llega fácilmente al laxismo, al peligroso, cuando no criminal del “todo vale”. Es, desgraciadamente, lo que está sucediendo estos días en Gaza.
* Analista Político Internacional, Centro de Colaboraciones Solidarias
