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El Ministerio de Justicia japonés, la Agencia de Servicios Financieros y otros reguladores del país planean solicitar a partir de enero de 2022 a 3,5 millones de empresas privadas que faciliten la información sobre las personas que poseen más del 25 por ciento de sus acciones, comunicó el periódico Nikkei.
Dicha medida, destaca el medio, busca luchar contra el lavado de dinero y contratos ilegales, algo por lo que el país asiático es criticado a nivel mundial.
Así, a partir del 31 de enero de 2022, las empresas deberán presentar, por escrito, la información en cuestión. Las autoridades planean prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas.
«A diferencia de las compañías grandes, la composición de la junta directiva de pequeñas y medianas empresas sigue siendo opaca», remarca la nota.
Igualmente, los datos sobre personas que poseen más del 25 por ciento de las acciones se solicitarán al abrir una empresa privada, una cuenta bancaria y al realizar transferencia de dinero.
Se agrega que esta información será verificada por los órganos correspondientes y se almacenará durante siete años.
Con información de Sputnik
