Juan Carlos I, rey emérito de España, ocultó más de 77 millones de euros a las autoridades fiscales de su país. Y pese a ello, el que fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014 –actualmente residente en Abu Dabi– no será juzgado por ello.
La Fiscalía del Tribunal Supremo anunció este miércoles el cierre de las tres investigaciones que mantenía abiertas contra el emérito. Estas pesquisas permitieron a los Fiscales constatar actuaciones suficientes para dar pie a acusaciones por delitos fiscales, blanqueo de capitales o cohecho, pero en un contexto que impide al Ministerio Público actuar en esa dirección.
El motivo principal es que la mayoría de los hechos investigados tuvieron lugar antes de su abdicación en 2014, cuando el rey Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe del Estado.
En cuanto a sucesos posteriores, la Fiscalía dice no haber obtenido indicios suficientes de delito y, además, el emérito se adelantó a una posible acusación con dos regularizaciones fiscales que permitieron recuperar más de cinco millones de euros al fisco en un un proceso por el cual, si un sujeto admite haber defraudado, se le libra de responsabilidad penal.
En un comunicado, la Fiscalía General del Estado constata que la investigación «no permite ejercitar acción penal alguna», aunque celebra que todo el procedimiento sirvió para recuperar los cinco millones de euros de las cuotas pendientes del ex Jefe de Estado.
LOS 65 MILLONES SAUDÍES
En dos extensos decretos, la Fiscalía describe las actuaciones llevadas a cabo desde el inicio de las investigaciones, en junio de 2020, tras descubrirse que Juan Carlos I había recibido un pago de 65 millones de euros en 2008 por parte del rey de Arabia Saudí, en lo que podía ser una comisión ilegal por mediar para que un consorcio de empresas españolas recibieran el encargo de construir un tren de alta velocidad entre Medina y La Meca.
La investigación no permitió demostrar que Juan Carlos I actuara como comisionista –por lo que se descarta un delito de cohecho–, pero sí confirma que sus amigos saudíes le regalaron ese dinero, que acabaría siendo depositado en el banco suizo Mirabaud a través de una sociedad panameña llamada Lucum.
Durante los años que estuvo abierta esa cuenta suiza (2008-2012), la cantidad defraudada a la Agencia Tributaria superaba «con creces» –según palabras de la Fiscalía– los 120.000 euros anuales, el umbral a partir del cual el Código Penal español considera que se está cometiendo un delito de fraude fiscal.
En cualquier caso, la Fiscalía afirma que no puede imputar delito alguno: los fraudes de 2008 a 2011 ya prescribieron y el de 2012 no puede ser juzgado porque el rey seguía por aquel entonces bajo la inviolabilidad legal de la jefatura del Estado.
MÁS IRREGULARIDADES
El pago saudí hizo saltar la liebre, haciendo que los fiscales descubrieran otras líneas de investigación donde, de nuevo, son claras las irregularidades. La lista es larga, incluyendo más regalos de las monarquías del golfo Pérsico, como un pago de 1,8 millones de euros del sultán de Bahréin, ingresado en la fundación Lucum en 2010.
Asimismo, los fiscales confirmaron que Juan Carlos I recibió donaciones valoradas en 516.000 euros por parte del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause a través de la fundación Zagatka entre 2016 y 2019, después de su abdicación.
Sin embargo, este asunto tampoco tiene recorrido penal porque Juan Carlos I se adelantó a la investigación, regularizando el dinero por voluntad propia en 2020. Lo mismo sucedió en 2021, cuando pagó 4,4 millones de euros en cuotas atrasadas al fisco, correspondientes al pago por parte de la fundación Zagatka de vuelos privados por un coste superior a los 8 millones de euros.
La última de las vías de investigación tenía que ver con la relación del monarca con una sociedad constituida en la isla de Jersey en 2004 con casi 15 millones de euros de patrimonio a nombre de Joaquín Romero Maura, nieto de un importante político de principios del siglo XX.
Según los investigadores, este dinero procedía de otras sociedades creadas por gente cercana al rey para darle apoyo financiero en caso de huir de España un golpe de Estado. El Ministerio Fiscal concluye que esos fondos «tienen una indudable conexión con quien fuera jefe del Estado español», aunque «en ningún momento ha tenido este la condición de beneficiario del ‘trust’ ni consta que haya percibido cantidad alguna de sus cuentas».
CONDENA… SÓLO SOCIAL
En resumidas cuentas: la Fiscalía del Tribunal Supremo constata que el rey emérito de España recibió dinero de forma ilegal de manos de monarcas y empresarios extranjeros, y que después lo ocultó todo al fisco, pero todo esto no tendrá consecuencias penales para él.
Solo queda la condena social, de la que se hace eco hasta el Gobierno. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez (PSOE), se refirió este jueves a los hechos descritos por la Fiscalía de la siguiente manera: «No nos gustan y requerirían una explicación del rey Juan Carlos».
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de la formación Unidas Podemos –marcadamente antimonárquica– fue un paso más allá y tachó de «incomprensible» que cesen las investigaciones tras constatarse las irregularidades.
Por el momento, cabe esperar que la Casa Real siga actuando como hasta ahora: marcando distancia entre Juan Carlos I y el Palacio de la Zarzuela para no afectar a la credibilidad de su hijo, el actual rey Felipe VI. Sin embargo, el archivo de la causa abre la puerta a que Juan Carlos I –que ya tiene 84 años– vuelva a España desde Abu Dabi en un futuro próximo, lo que puede colocar a la monarquía española ante un nuevo test de estrés tras años maniobrando para recuperar la credibilidad perdida por la falta de ejemplaridad.
Con información de Sputnik
