Amy Goodman
“Nunca compré a un hombre que no estuviera a la venta”, afirmó William A. Clark, uno de los llamados “reyes del cobre” de Montana, un hombre que utilizó su gran fortuna para manipular al gobierno estatal y literalmente comprar votos para convertirse en senador de Estados Unidos. Esto sucedió hace más de cien años. La corrupción flagrante de Clark y de los otros “reyes del cobre” generó un escándalo que dio lugar en 1912 a la aprobación, por iniciativa ciudadana, de la Ley de Montana sobre Prácticas Corruptas.
El siglo que siguió, caracterizado por las restricciones al financiamiento de las campañas electorales y los requisitos de transparencia que evitaban que el dinero de las empresas influyera en las elecciones, llegó a su fin esta semana cuando la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió la ley de Montana. Cinco magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos reiteraron: su polémico fallo en el caso Citizens United, que permite la contribución ilimitada por parte de las empresas a las campañas electorales, continúa siendo la ley aplicable en todo el país. La corrupción de Clark contribuyó a que se aprobara la 17a Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Hoy, casi un siglo después, podría ser necesario un movimiento popular para reformar nuevamente la Constitución, esta vez para revocar el fallo de Citizens United y confirmar, definitiva y legalmente, que las empresas no son personas.
En el caso “Citizens United contra la Comisión Federal Electoral” la Corte Suprema de Estados Unidos falló que las empresas pueden destinar fondos ilimitados a lo que se consideran “gastos independientes” en las elecciones. Por lo tanto, las empresas, o los turbios Comités de Acción Política (también llamados ‘Súper PAC’) que eligieron financiar, pueden gastar el dinero que deseen en avisos de campaña negativos, siempre y cuando no estén en coordinación con un comité de campaña del candidato. El fallo de 2010, aprobado por una estrecha mayoría de la corte de 5 votos contra 4, alteró profundamente el escenario electoral, no solo para las elecciones presidenciales, sino también para las miles de elecciones en todo el país. Según un resumen del impacto del fallo preparado por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales: “Si bien el fallo no afecta directamente a las leyes estatales, hay 24 estados que actualmente prohíben o limitan el gasto de empresas y/o sindicatos en las elecciones”.
Montana, un estado con una larga historia de prohibición de los aportes empresariales a las campañas, fue el único estado que se opuso a esos cinco magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos. Veintidós estados, más el Distrito de Columbia, presentaron un escrito en apoyo a Montana en el que advertían que las elecciones estatales son diferentes. El documento de apoyo decía: “Los estados, en particular los estados ricos en recursos que tienen pocos habitantes, como Montana, enfrentan el riesgo de que empresas que no están domiciliadas en el estado y que tienen intereses individuales bien definidos dominen el gasto de la campaña electoral en las elecciones estatales y locales”.
Hoy en día, Montana no se caracteriza por su bipartidismo. El gobernador demócrata, Brian Schweitzer, afirma que a su pluma se le agotó la tinta debido a la cantidad de “locos” proyectos de ley republicanos que ha tenido que vetar desde que asumió el cargo. A falta de tinta, ahora lleva los proyectos de ley de la legislatura, controlada por los republicanos, a las escalinatas del Capitolio y los estampa con un sello rojo marcado a fuego que dice “Veto”. De modo que fue significativo que, luego de la decisión de la Corte Suprema de esta semana, Schweitzer y su vicegobernador, John Bohlinger, del Partido Republicano, se mantuvieran unidos ante el Capitolio con respecto a este tema.
Bohlinger afirmó: “Los republicanos y los demócratas no siempre estamos de acuerdo en asuntos de política, pero hay algo en lo que coincidimos y es que el dinero de las empresas no debería influir en el resultado de una elección”. A lo que el gobernador Schweitzer agregó: “Aquí, en Montana, estamos orgullosos de nuestros 100 años de historia de mantener el dinero de las empresas alejado de nuestras elecciones. Las empresas no son personas y no deberían controlar a nuestro gobierno. Montana defendió la democracia, tanto a nivel estatal como en nombre de Estados Unidos, al luchar para mantener nuestra prohibición al financiamiento empresarial de las campañas electorales. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó nuestra ley estatal porque afirmó que las corporaciones son personas. Lo creeré cuando Texas ejecute a una”.
John Bonifaz es cofundador y director de Free Speech for People (Libertad de Expresión para la Gente), que forma parte de una coalición de grupos que se organizan para promover una reforma constitucional que especifique que “Los términos gente, persona o personas, tal como son utilizados en la Constitución vigente, no incluyen a las sociedades anónimas, ni a las de responsabilidad limitada ni a otro tipo de entidades”. Bonifaz me dijo: “Ha habido una creciente movilización en todo el país de personas que piden una reforma para recuperar nuestra democracia. Cuatro estados (Hawaii, Rhode Island, Vermont, Nuevo México) están pidiendo una reforma. Otros estados probablemente se sumen pronto a esa lucha. Montana promueve una iniciativa de reforma que será sometida a votación en una elección estatal en noviembre. Cientos de municipalidades de todo el país han pedido una reforma. Más de mil líderes empresariales se sumaron a ese pedido, y ahora hay una docena de proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos que solicitan una reforma y en julio se realizarán audiencias ante el Comité Judicial del Senado”.
Quizá el único aspecto positivo de la decisión de la Corte Suprema de enviar a Montana de regreso a la era de los reyes del cobre sea que se está construyendo un movimiento popular para reafirmar que, cuando se trata de política, los derechos de la población están por encima del dinero.
