Por Irene Casado Sánchez*
Manuel Rico vive en las calles de Barcelona. Tiene 52 años. Tras divorciarse de su mujer y perder su empleo en 2008 la indigencia se ha convertido en su única alternativa. Más de 700.000 personas en España no tienen un hogar. Sus vidas discurren a la intemperie entre la indiferencia de la sociedad y la ignorancia de las instituciones.
«La gente evita mirarnos, como si no fuéramos humanos, como si no mereciéramos nada», denuncia Manuel Rico. No es posible caminar por la Gran Vía madrileña o por las Ramblas de Barcelona, sin toparse con una decena de personas que viven en sus aceras. Resguardados en las paredes de cines, tiendas y bancos. Sobre los respiraderos del metro para aprovechar el calor que desprenden. Entre sacos desgastados y bolsas de plástico con sus escasas pertenencias. Son pocos los transeúntes que se paran ante esta escena, o se preguntan cómo estos hombres y mujeres han llegado hasta allí. Lo cotidiano se ha convertido en invisible.
Según informa Cáritas, ocho de cada diez personas sin hogar son hombres, la mitad de ellos son españoles y su media de edad es de 44 años. Sin embargo, en los últimos años este perfil ha cambiado; hasta el 12% de las personas que viven en la calle tiene un título universitario. Nadie está exento de un futuro a la intemperie.
Es por esta razón que resulta abrumador como nos hemos acostumbrado a ver cientos de personas durmiendo en la calle. Una sociedad que ignora esta realidad y un gobierno insolidario no son la solución para poner fin a esta tragedia que en lugar de desaparecer empeora.
El deterioro de la economía española junto con los recortes en materias sociales ha multiplicado el riesgo de pobreza. En 2007 la tasa de riesgo era del 19,7%, en 2011 rondaba el 21,8%. En Madrid alrededor de 1.900 personas no tienen un hogar, un 4% más que hace un año. Los continuos desahucios y el desempleo son dos de las principales causas de este escenario. Causas que amenazan a cientos de familias, jubilados, y estudiantes.
Las restricciones en materia de derechos sociales agrava la situación de los indigentes. El acceso a la protección social es cada vez más limitado para las personas sin hogar. Las leyes existentes de servicios sociales, de garantía de ingresos o de las normas contra la exclusión social y la pobreza son cada día más restrictivas. Las condiciones de acceso a rentas mínimas de inserción se han endurecido. A esto hay que sumar la limitación en el tiempo de las prestaciones, condicionada su tramitación a la residencia legal y la temporalidad del empadronamiento. Requisitos cada vez más duros para miles de personas que día a día se sienten más ignoradas y desamparadas.
“Ser una persona sin hogar no me quita ni un ápice de mi dignidad de ser humano”, denuncian con voz propia desde varias ONG españolas. Los gobiernos deberían asegurar y proteger los derechos de todos los ciudadanos; derecho a ser atendido, informado, asesorado, a tener tarjeta de salud, documento nacional de identidad, o derecho al empadronamiento. Sin embargo, las personas sin hogar caen en el olvido de las instituciones, no se respetan sus derechos y no se mejora su situación.
El Ayuntamiento de Madrid calcula que desde el comienzo de la crisis el número de personas sin hogar ha aumentado un 40%. En estos momentos donde las Administraciones Públicas anteponen la ayuda a los bancos a la ayuda a las personas, sólo los ciudadanos podemos poner nuestro grano de arena. Reclamar los derechos a la protección social de los más desprotegidos. Sacar del olvido y la cotidianidad a esos hombres, mujeres y acianos que viven en nuestras calles. Recuperar la empatía y poner nombre y cara a las personas sin hogar. Personas como nosotros, que en un traspié lo han perdido todo, todo menos su dignidad.
*Periodista
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